Las alarmas por la posible intervención federal en los procesos electorales de Estados Unidos toman cada vez más fuerza. Este miércoles, Steve Bannon, estratega de la Casa Blanca durante el primer gobierno de Donald Trump y una voz todavía influyente dentro del movimiento trumpista, pidió el despliegue de agentes de inmigración en los centros de votación para las elecciones de mitad de término que se celebrarán en noviembre.
“Vamos a tener a ICE cercando las urnas en noviembre”, dijo Bannon.
La propuesta llega además en un momento en el que la administración de Trump busca redefinir quién tiene el control sobre las urnas, un poder que históricamente ha pertenecido a los estados y no al gobierno central.
¿Por qué militarizar las urnas?
La narrativa impulsada por Bannon en su programa War Room se basa en la premisa, desmentida repetidamente por auditorías y tribunales, de que existe un fraude masivo orquestado mediante el voto de personas indocumentadas.
Según Bannon, los demócratas utilizan a la población inmigrante y a los sectores más vulnerables para “robar” el país, y que la presencia de agentes federales es la única forma de garantizar la “integridad” del proceso.
Estadísticamente, los casos de votos ilegales son casi inexistentes, por lo que expertos electorales señalan que la verdadera intención detrás de esta narrativa es generar un doble efecto disuasorio: por un lado, alimentan entre los conservadores la idea de que hay un fraude, y, por el otro, espantan a los ciudadanos que sí pueden votar.
La presencia de uniformados de ICE en barrios mayoritariamente latinos o de inmigrantes busca que ciudadanos legítimos con derecho al voto se queden en casa por temor a la intimidación o al perfilamiento racial. Cabe destacar que, ante las recientes operaciones de la agencia migratoria, la población migrante se ha alejado de espacios como escuelas, hospitales o incluso centros religiosos.
¿Es legal militarizar las urnas?
A pesar de la retórica agresiva, la ley federal es bastante clara al respecto. Como señala el medio Politico, el presidente no puede desplegar tropas militares “en cualquier lugar donde se celebren elecciones generales o especiales”. Esto es porque el Título 18 del Código de EE. UU. prohíbe que agentes federales armados se presenten en los lugares de votación. Hacerlo se considera un acto de intimidación criminal.
“La ley federal prohíbe explícitamente la presencia de agentes federales armados en los centros de votación”, señaló la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La Constitución, además, otorga a los estados la soberanía para administrar sus elecciones. Por eso, jueces federales ya han comenzado a bloquear órdenes ejecutivas de Trump, como la de exigir prueba física de ciudadanía, bajo el argumento de que el presidente no puede cambiar unilateralmente los procedimientos electorales.
A pesar de estas reglas, el gobierno Trump busca algunas “rendijas” legales para operar, señalando que ICE o la Patrulla Fronteriza no son entidades militares, sino agentes en cumplimiento de la ley civil que investigan delitos federales como los votos de no ciudadanos, por lo que podrían estar en los centros de votación.
Pero, sobre esto, tenemos a la Posse Comitatus Act, una ley de 1878 prohíbe el uso de fuerzas militares para labores de policía nacional. Aunque ICE es una agencia civil, su despliegue con fines de control electoral choca con el espíritu de esta normativa que irónicamente se creó tras la Guerra Civil para que precisamente el gobierno federal no interviniera en los procesos electorales de los estados.
¿Ha pasado alguna vez?
Estados Unidos no tiene una tradición de militares en las urnas, pero sí episodios de intimidación partidista. En 1981, en Nueva Jersey, el Partido Republicano desplegó a oficiales fuera de servicio con brazaletes de una “Fuerza de Seguridad del Voto” en centros de votación de minorías.
Este incidente fue tan grave que resultó en un decreto de consentimiento judicial que prohibió este tipo de actividades por décadas. El problema es que dicho decreto expiró en 2018, lo que ha dejado la puerta abierta para que figuras como Bannon retomen estas tácticas bajo el pretexto de la seguridad nacional.
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La “federalización” de las elecciones es más amplia
La administración Trump y el Departamento de Justicia (DOJ), liderado por Pam Bondi, están impulsando otras medidas para centralizar el control electoral.
El DOJ ha demandado ya a 24 estados para que entreguen sus bases de datos de votantes. Esto tiene, como explican los analistas, el objetivo de hacer una “depuración federal”. Al tener acceso a los datos sensibles (nombres, direcciones, números de seguridad social), el gobierno central busca contrastar esa información con las bases de datos de inmigración y seguridad nacional.
El argumento de Bondi es identificar a “no ciudadanos” en las listas. Sin embargo, los expertos advierten que el propósito real es eliminar masivamente a votantes basándose en discrepancias administrativas menores o apellidos de origen extranjero, obligando a miles de personas a demostrar su ciudadanía nuevamente bajo presión, lo que a menudo ocurre días antes de la elección cuando ya no hay tiempo de reacción.
Trump también busca implementar vía orden ejecutiva el requisito de mostrar pasaporte o acta de nacimiento para votar, algo que la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) permite sustituir con una declaración bajo juramento. El objetivo es elevar la barrera de entrada al sufragio.
Se estima que millones de estadounidenses, especialmente personas de bajos ingresos, estudiantes y minorías, no tienen a la mano un pasaporte vigente o su acta de nacimiento original. Así, al exigir documentos físicos que tienen un costo y un tiempo de trámite, se crea lo que los demócratas califican como un “impuesto al voto” encubierto.
También se ha incentivado a grupos de “observadores” civiles para que monitoreen las urnas, lo que los demócratas califican como la creación de milicias electorales. Los demócratas temen que esto abra la puerta a grupos paramilitares o milicias como los “Proud Boys” o los “Oath Keepers”, o sus nuevas ramificaciones, quienes podrían presentarse armados en las afueras de los centros de votación.
Figuras como el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, han sido tajantes: no entregarán los datos y han advertido que utilizarán a la policía estatal para proteger a los votantes de cualquier interferencia federal en noviembre.
Si la retórica de Trump se transforma en realidad, podríamos ver a agentes estatales chocando con agentes federales por violar las leyes de protección al votante, lo que posiciona a las elecciones de noviembre como una verdadera batalla por la democracia.
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