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En Texas, Estados Unidos, Liana Davis demandó a un general de la Marina por ocultar pastillas abortivas en su chocolate caliente y forzarla a interrumpir un embarazo que él mismo le habría provocado.
🔑Las claves de la demanda (por si tiene afán)
- Liana Davis acusa a Christopher Cooprider de forzarla a abortar.
- Asegura que él disolvió misoprostol en su chocolate caliente.
- La víctima tenía ocho semanas de embarazo y perdió al bebé.
- Incluyen a Aid Access y a su fundadora como demandados.
- Policía confirma denuncias previas, pero sin investigación activa.
La demandante asegura que ella ya se había negado a realizarse un aborto, a pesar de que el hombre le pidiera que “se deshiciera de eso”.
Liana Davis presentó la demanda por homicidio culposo el lunes 11 de agosto, acusando a Christopher Cooprider, de 34 años, de disolver al menos 10 pastillas de misoprostol en una bebida que le entregó en su casa de Corpus Christi el 5 de abril, cuando tenía ocho semanas de embarazo, según la demanda obtenida por The Post.
Unos 30 minutos después de tomar el chocolate caliente, Davis empezó a sentir cólicos y a sangrar. El hombre salió de la casa y dejó de contestarle los mensajes, según la demanda.
La madre de Davis, quien tiene una discapacidad, tuvo que trasladarse en Uber para cuidar a sus tres hijos que dormían, mientras un vecino la llevó de urgencia al hospital debido a una hemorragia. El bebé que esperaba, al que ya había llamado Joy, no sobrevivió, según los documentos.
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“No estamos enamorados”, le escribió Christopher Cooprider por mensaje de texto después de confirmarse el embarazo. “Sería un error traer un niño al mundo sin que ambos padres lo críen”, dijo, según la demanda.
La demanda también asegura que Cooprider habría encargado las pastillas sin el consentimiento de Davis y se las dio sin tener en cuenta que la forma correcta de tomarlas es en pequeñas dosis por dos días.
Tampoco contó con el consentimiento de Aid Access, un proveedor internacional de pastillas en línea fundado por la médica neerlandesa Dra. Rebecca Gomperts. Tanto Aid Access como Gomperts también fueron incluidos como demandados en la acusación.
Davis menciona en la demanda que Cooprider llevó pastillas abortivas en varias ocasiones a su casa para convencerla de abortar y las dejaba allí por si ella “cambiaba de opinión”.
Finalmente, como no pudo convencerla, el marine la amenazó con testificar en su contra en una disputa por la custodia de sus tres hijos con su exesposo. Sin embargo, en abril, Cooprider le pidió a Davis que se encontraran una noche para tomar algo caliente para hablar con tranquilidad.
Esta “reunión para hablar tranquilamente” terminó siendo el evento en el que le sirvió el chocolate caliente con las pastillas de misoprostol, lo que le hizo perder al bebé. Cuando llegó a casa después de ir al hospital, encontró el paquete de las pastillas y lo entregó a las autoridades de Corpus Christi.
La policía de Corpus Christi dijo que tiene registros de denuncias anteriores presentadas entre ambas partes, pero que no hay una investigación activa contra Cooprider. No está claro cómo se resolvieron los casos anteriores.
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👉 Obligar a abortar también es violencia reproductiva
El caso de Liana Davis demuestra que fue víctima de violencia reproductiva. La mujer fue obligada a abortar por el marine estadounidense, quien no respetó ni aceptó sus derechos frente a su autonomía corporal y su decisión de ser madre.
“Obligar a una persona a seguir adelante con un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos, incluidos el derecho a la intimidad y a la autonomía corporal y reproductiva”, asegura Amnistía Internacional en su página web.
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos define la coerción reproductiva y sexual como comportamientos destinados a mantener el poder y control en una relación, que incluyen: forzar el embarazo en contra de la voluntad, interferir con métodos anticonceptivos y controlar el desenlace del embarazo.
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Por Laura Henao Arévalo
