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Colombia presentó sus argumentos este miércoles en las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las consecuencias legales de la ocupación de Israel de los territorios palestinos. Con una participación récord de 52 países en el tribunal en La Haya, la delegación colombiana dio apertura a los procedimientos del día tres de las audiencias orales. Cuba y Egipto le siguieron.
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La delegación colombiana está conformada por Andrea Jiménez Herrera, la coordinadora del Grupo de Asuntos ante la Corte Internacional de Justicia de la Cancillería, quien está a cargo de la intervención oral; y Carolina Olarte Bárcenas, embajadora colombiana en Países Bajos.
Jiménez Herrera empezó su intervención expresando la “profunda preocupación” de Colombia sobre los hechos que ocurren entre “el Estado de Palestina y el Estado de Israel”, especialmente desde el 7 de octubre, cuando el grupo armado Hamás entró a territorio israelí. De acuerdo con ella, la Franja de Gaza se ha convertido en un “verdadero mapa de horror y devastación”, como resultado de las políticas israelíes.
“La ocupación del territorio palestino constituye una violación del Derecho internacional y es contraria a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, indicó la representante colombiana. Las políticas y prácticas de Israel, afirmó, “han resultado en persecución impuesta, discriminación racial y apartheid sobre pueblo palestino y violan su derecho de autodeterminación”.
“La Corte no debe subestimar el hecho de que la situación en Gaza se ha vuelto más mortífera en los últimos meses y, por lo tanto, las consecuencias jurídicas de tales acciones deben ser aún más graves hoy que en el mundo en el que vivíamos antes de que comenzara este derramamiento de sangre”, apuntó Jiménez Herrera.
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Tres peticiones fueron hechas antes la CIJ. La primera, Israel debe cesar las “conductas violatorias de sus obligaciones internacionales”, “reparar e indemnizar los daños causados, y brindar garantías de no repetición”. Segundo, los terceros Estados deben “no reconocer la ocupación ilegal y abstenerse de ayudar o prestar asistencia al mantenimiento de esta”. Tercero, las Naciones Unidas, “en particular la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, deben redoblar esfuerzos para encontrar medidas adicionales para estos mismos efectos”.
Enfatizó que es necesario aumentar los esfuerzos para apoyar una “solución negociada basada en el derecho internacional”, que tenga el objetivo de crear “un Estado palestino completamente viable” y que coexista con Israel, para así fomentar “la paz y la seguridad en la región”.
“En últimas, lo que está en juego aquí es garantizar la seguridad y, de hecho, la existencia misma del pueblo palestino, teniendo en cuenta el riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a los derechos de los palestinos como consecuencia de la ocupación por parte de Israel, como ha sido ampliamente documentado por agencias internacionales, órganos de Naciones Unidas e incluso reconocido recientemente por la Corte misma”, concluyó la representante colombiana.
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Las audiencias orales son un paso para que la CIJ dé una “opinión consultiva”, que todavía tardará varios meses en emitirse y que le fue pedida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 30 de diciembre de 2022, con el voto favorable de 87 países, incluido Colombia. Con esta pretende responder a dos preguntas.
La primera, “¿cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas de la actual violación por Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de legislación y medidas discriminatorias conexas?”
La segunda, “¿cómo afectan las políticas y prácticas de Israel al estatus legal de la ocupación, y cuáles son las consecuencias legales que se derivan de este estatus para todos los Estados y las Naciones Unidas?
Las audiencias se extienden por seis días. Este lunes, cuando inició el proceso, el ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, afirmó que Israel ha sometido a los palestinos a décadas de discriminación, dejando como únicas alternativas el “desplazamiento, la subyugación o la muerte”. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que su país no reconoce la legitimidad del tribunal para el procedimiento, argumentando que es “un esfuerzo diseñado para infringir el derecho de Israel a defenderse contra amenazas existenciales”.
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