El mundo necesita con urgencia una reforma a la fuerza policial. Tan solo en Estados Unidos la policía asesinó a más de 999 personas en el país en 2019. Las quejas de mala conducta de oficiales de departamentos de policía también van en aumento cada año en diferentes estados. Y no han faltado las advertencias de que algo marcha mal: antes del caso de George Floyd las acusaciones en Mineápolis ya eran preocupantes, por ejemplo.
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Y en todas las regiones del planeta la situación es similar. En donde hubo protestas el año pasado, como en Colombia, Chile, Ecuador, Irak y hasta en Hong Kong, quedaron capturados en video abusos y excesos de la autoridad. El problema es real y es enorme. Sin embargo, en algunas naciones, como Francia, los gobiernos apuntan a la dirección equivocada para resolver este problema.
El presidente francés, Emmanuel Macron, y su partido, La República en Marcha, promovieron un proyecto sobre una nueva ley de seguridad que asestaba un duro golpe a la ciudadanía al restringirle una de las pocas herramientas que tienen para protegerse de los excesos de las autoridades: capturar imágenes en video.
“El derecho a filmar o fotografiar a la policía es una salvaguarda clave de los derechos humanos y las libertades civiles, particularmente en situaciones que presentan un alto riesgo de violaciones, como operaciones de detención y registro, controles de identidad o protestas”, señalan Daniel Simons, exoficial legal de libertad de información de la Open Society Justice Intiative, y Rozane Cassehgari, exmiembro de la misma organización.
Las filmaciones de abusos policiales no son nuevas. De hecho, son tan antiguas como la televisión. Sin embargo, desde el surgimiento de los teléfonos inteligentes estas se han hecho más populares y se han convertido en una herramienta del pueblo para documentar.
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El plan de Macron, que tuvo que dar marcha atrás tras el enorme rechazo del pueblo, pretendía que la ciudadanía fuera castigada por grabar y difundir videos en los que se evidenciara abuso policial. Según el proyecto, quienes publicaran videos de abusos policiales podrían enfrentar una condena de hasta un año de prisión y una multa de 45.000 euros (US$ 53.000). Además, pretendía que los periodistas se dispersaran de las manifestaciones cuando la policía se los ordenara.
Con esta ley, Macron esperaba satisfacer los intereses de los sindicatos policiales, los cuales se han quejado por la difusión de videos en línea que evidencian abuso de la autoridades porque, según argumentan, ponen en riesgo la integridad de los uniformados. Su queja se basa en casos en los que oficiales involucrados en episodios de abuso fueron identificados en línea y luego recibieron amenazas de muerte. Pero del otro lado, de la ciudadanía, hay un argumento igual de sólido e importante: sin la difusión de estos videos el mundo no conocería los casos de abuso policial.
Esto fue, de hecho, lo que llevó a que el homicidio de Floyd en Mineápolis, Estados Unidos, fuera reconocido por todo el mundo y sirviera como detonante para una de las protestas más grandes que ese país ha visto en la historia moderna.
La polémica ley de Macron llegó además en un momento de crisis en la relación de los franceses con la policía. La semana pasada, un productor negro fue golpeado por uniformados en su estudio de música. Las imágenes de la paliza fueron difundidas en línea y causaron un aumento en la indignación del público, que una semana atrás había visto cómo uniformados desalojaban con fuerza excesiva un campamento de migrantes en París. Este caso, en el que un periodista fue golpeado por la policía, también quedó registrado en videos.
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Macron y su ministro del Interior de línea dura, Gérald Darmanin, han señalado que esto fue un problema de comunicación y que revisarán la ley que hasta ahora es un fiasco político del gobierno. Pero más allá de los asuntos de la política interna de Francia que toda esta polémica implica, este caso ha revivido un importante debate sobre si se deberían poner límites sobre filmar a la policía tanto en Europa como en el resto del mundo.
Francia no es el único país que ha intentado limitar las grabaciones. En 2015, España promulgó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza, que multa la difusión de imágenes de la policía. En Bélgica, donde la policía golpeó a un ciudadano por filmar la detención de un migrante, y Países Bajos se persiguen acciones legales. Uno de los grandes inconvenientes en el bloque europeo es que este tema no se ha abordado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que solo ha emitido una declaración vaga que afirma que la vigilancia policial proporciona garantías al pueblo para que las autoridades rindan cuentas. Mientras el Tribunal no tome este debate, las regulaciones continuarán variando por nación.
En EE. UU., donde la Primera Enmienda de la Constitución protege esta práctica en la mayoría de los casos, pues las limitaciones se hacen cuando estas grabaciones interfieren con el trabajo de los oficiales, se presenta otro problema: los ciudadanos que graban abusos policiales estarían siendo perseguidos por la policía por su accionar. Ramsey Orta, la persona que filmó la muerte de Eric Garner a manos de la policía en 2014, un caso similar al de Floyd de 2020, alegó una campaña de acoso policial tras la filmación.
“El caso de Ramsey Orta es un excelente ejemplo de cómo uno se convierte en un objetivo cuando filma a la policía y decide hacerlo público. Lo han hecho sufrir por filmar policías”, dijo Dennis Flores, un veterano observador de policías en Nueva York que ha sido arrestado por grabar a la policía de la ciudad.
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Y hay otro problema con los videos de esta “subvigilancia ciudadana”: no son suficientes. Se suponía que con la aparición de esta, o con el uso de cámaras corporales, los policías medirían su fuerza y se abstendrían de abusar de los ciudadanos. Pero en la práctica esa teoría no funcionó. Las investigaciones demuestran que esta vigilancia no condujo a un mejor comportamiento de los oficiales. Lo único que realmente podría causar una mejoría es un cambio estructural de las fuerzas policiales.
“La fotografía es una forma de poder y la gente es reacia a ceder el poder, incluidos los agentes de policía. Es una lucha de poder en la que el ciudadano está protegido por la ley, pero debido a que es una lucha de poder a veces eso no es suficiente”, dice Jay Stanley, analista de políticas sénior de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Por ahora, quitarle a la ciudadanía la única herramienta que tiene para defenderse, así sea insuficiente, es una pésima idea. Lo único que hace es proteger a la policía de sus propios excesos. Para Ethan Zuckerman, profesor asociado de políticas públicas, comunicación e información de la Universidad de Massachusetts, las grabaciones necesitan continuar.
“Esa es la razón por la que la gente ha salido a las calles en Minneapolis, DC, Nueva York y tantas otras ciudades.Hay una cosa que las imágenes de brutalidad policial parecen tener el poder de hacer: conmoción, indignación y movilizar a la gente para exigir un cambio sistémico. Solo esa es la razón para seguir filmando”, concluyó en junio tras el asesinato de Floyd.