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Liberia recibió el jueves a los primeros 20 deportados de Estados Unidos como parte de un acuerdo con el gobierno de Donald Trump que contempla el traslado de hasta 1.200 personas al país de África occidental. Según medios internacionales, el grupo aterrizó en el aeropuerto internacional Roberts, cerca de la capital, Monrovia, y de ahí fue trasladado en autobús mientras personal de la Comisión Liberiana de Repatriación, Reasentamiento y Reintegración atendía a los recién llegados.
Los periodistas fueron mantenidos a distancia y no pudieron hablar con el grupo de migrantes deportados, según la agencia AFP. La ministra de Justicia, Natu Oswald Tweh, dijo en una rueda de prensa que la mayoría había cometido infracciones migratorias y que podrían solicitar asilo en Liberia si lo desean.
Sobre el resto de las personas que podrían llegar en los próximos meses, el ministro de Información liberiano, Jerolinmek Piah, precisó que los 1.200 deportados incluirán tanto a ciudadanos africanos como a nacionales de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe.
El Gobierno de Liberia insiste en que las personas son “libres de abandonar el país cuando así lo deseen” y que el acuerdo es “enteramente humanitario”, sin que haya mediado compensación alguna a cambio de aceptar el programa.
Sin embargo, dichas declaraciones están en entredicho, pues Estados Unidos comprometió beneficios concretos para Liberia: extendió las visas de visitante para liberianos de 12 a 36 meses y prometió USD 124 millones en asistencia, según The Guardian.
El pacto con Liberia es, según el medio británico, el más grande de una serie de acuerdos que la administración Trump ha alcanzado con cerca de dos docenas de países para recibir deportados que no son sus nacionales. Muchos de estos acuerdos, cabe destacar, se han dado en secreto.
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El costo de las deportaciones de EE. UU.
Un informe reciente de Refugees International y Human Rights First, citado por The Guardian, calcula que Washington ha cerrado convenios con al menos 35 países y ha enviado a unas 23.000 personas a 26 de ellos hasta comienzos de agosto. Sierra Leona, Guinea Ecuatorial, Ghana, Ruanda, Sudán del Sur, Camerún, Esuatini y la República Democrática del Congo son otros países africanos que ya tienen acuerdos similares con Washington.
Todos estos acuerdos tienen un gran costo para los contribuyentes estadounidenses. Un informe elaborado por demócratas del comité de relaciones exteriores del Senado encontró que la administración pagó más de USD 32 millones a cinco gobiernos, varios con antecedentes deficientes en derechos humanos, para aceptar a unos 300 deportados de terceros países.
Según el informe, se estaría destinando USD 1,1 millones por persona a Ruanda por siete deportados, y USD 7,5 millones a Guinea Ecuatorial por 29, una cifra superior a toda la ayuda estadounidense a ese país en los ocho años anteriores. El mismo informe halló que más del 80 % de los enviados a terceros países terminó regresando a su país de origen de todos modos, muchas veces con un costo adicional para los contribuyentes.
Abogados de inmigración sostienen que estas deportaciones a terceros países funcionan como un vacío legal para forzar indirectamente el regreso de solicitantes de asilo a sus países de origen, ya que Washington solo tiene prohibido devolverlos directamente allí. En muchos casos, los migrantes terminan en naciones donde nunca han estado o donde corren riesgos de seguridad, sin más opción que regresar al país que intentaban dejar atrás.
El investigador Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, explica que se trata de una medida “casi enteramente punitiva” que busca “difundir la dureza” del sistema para disuadir a otros migrantes.
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Pero la estrategia no se limita a los acuerdos formales con países africanos. Según reveló CBS News esta semana, la administración Trump también ha estado deportando en silencio a migrantes mexicanos hacia Guatemala y Honduras, evitando devolverlos a México pese a que ese país acepta el regreso de todos sus ciudadanos.
Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron a la cadena que el objetivo es disuadir la migración irregular enviando a los mexicanos aún más lejos de la frontera. La Cancillería mexicana rechazó la práctica y afirmó que “no existe” ningún acuerdo de ese tipo.
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