Erfan Soltani, un joven manifestante iraní de 26 años, enfrenta una inminente ejecución por el régimen de Alí Jamenei tras su detención durante las masivas protestas contra la crisis económica que azotan Irán.
El activista fue arrestado el 8 de enero cerca de su hogar en Fardis (Alborz), fue condenado a muerte en un juicio sumario por “enemistad contra Dios”, convirtiéndose potencialmente en el primer ejecutado de estas manifestaciones.
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Su familia fue informada de la decisión el lunes 12 de enero y se les negó la información y expedientes judiciales sobre el caso de Soltani, según la Organización Hengaw para los Derechos Humanos citada por Independent.
“Fue detenido el jueves pasado, y no hubo información sobre él durante días antes de que las autoridades llamaran a la familia y dijeran que habían arrestado a su hijo y que sería ejecutado el miércoles, es decir, mañana”, aseguró Arina Moradi, miembro de la Organización Hengaw para Independent.
Hengaw denuncia que Erfan Soltani permanece privado de derechos básicos tras su detención: sin asistencia legal, imposibilitado para montar una defensa y expuesto a un proceso sin garantías judiciales independientes.
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Soltani, propietario de una tienda de ropa en Fardis (Alborz), fue detenido durante las protestas masivas en Irán que han dejado más de 1.000 muertos confirmados y miles de heridos, según Hengaw.
Su familia reporta estar “desesperada” con la situación, al saber que cuando sea el momento de la ejecución de su familiar, solo se les darán 10 minutos para despedirse, según Independent.
La organización Unidad nacional por la democracia en Irán se pronunció exigiendo la liberación inmediata del activista, asegurando que su único crimen ha sido luchar por la “libertad” de su país.
Erfan Soltani cuenta con una hermana abogada titulada que ha buscado vías jurídicas para intervenir en el caso y consultar el expediente, sin éxito: el régimen bloquea cualquier acceso a pruebas, acusaciones o trámites, según El Independiente.
👉 Represión y control en Irán
Las protestas en Irán, iniciadas a finales de diciembre de 2025, han causado al menos 1.000 muertes de manifestantes, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con cifras de Hengaw en 648 y otras ONG superando las 500, según CNN.
Además, el régimen se ha percatado de que estas violencias no sean vistas en otras partes del mundo, ya que Irán lleva más de 100 horas sin conexión a internet, lo que hace más difícil conocer las cifras exactas de muertes y heridos bajo las manos del régimen.
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El caso de Soltani es una demostración del uso de la violencia como forma de control; según la organización Hengaw, el gobierno busca generar miedo en la población para que las protestas cesen y usa activistas como Soltani para lograrlo.
De hecho, el derecho internacional exige que, incluso en países retenedores de la pena de muerte, esta se prohíba para menores de 18 años, embarazadas, enfermos mentales o delitos políticos/no violentos, garantizando juicio justo, ausencia de tortura y derecho a recursos efectivos, según el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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Por Laura Henao Arévalo
