:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ani9fkBUk4DZ7EFaVD1Vz9PDkAA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/2NY2CULWLVAAVIPOFT624CM5PA.jpg)
Ya van diez días desde que Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia. Su salida, lejos de traer la calma a su país, desató protestas que al día de hoy no han logrado ser controladas.
La situación es grave en Bolivia. Lo sucedido el viernes en la noche en Cochabamba hace saltar las alarmas. Un enfrentamiento entre seguidores de Morales y opositores se saldó con la muerte de nueve indígenas, según reportes oficiales.
Ver más: La línea difusa entre golpe de Estado y rebelión en Bolivia
La última vez que hubo un enfrentamiento de esta magnitud en esta región boliviana fue hace 12 años, en enero de 2007, cuando los productores de coca exigían la renuncia del entonces gobernador de la ciudad, Manfred Reyes Villa. Otro sector de la ciudad salió en su defensa y se desató la confrontación: entonces murieron tres personas.
La grave preocupación que denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el decreto emitido por el gobierno provisional de Bolivia, encabezado por Jeanine Áñez, que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan “en legítima defensa o en estado de necesidad” y bajo criterios de “legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
Ver más: Nueve personas muertas en Cochabamba agravan la situación en Bolivia
El ejecutivo de Áñez reconoció oficialmente cinco muertos en esos hechos y el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, deslizó incluso la idea de que los cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto “aparece con un tiro en la nuca”.
Pero Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, dijo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde ocurrieron los choques con los cocaleros, y que “todos los muertos son con impacto de bala”.
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, respondió que el decreto “no es una licencia para matar”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió de que recibe denuncias “sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos por parte de la Policía”.
Ver más: Tengo mucho miedo a una guerra civil en Bolivia, dice Evo Morales
A raíz de los cortes de rutas por las protestas, en varias regiones ha comenzado a sentirse el desabastecimiento de comestibles en los mercados populares, y el combustible escasea en La Paz.
De acuerdo con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, “los conflictos han bajado en un 50 % de intensidad”. Pero las cifras dicen otra cosa.
Ver más: ¿Qué papel tuvieron los cristianos en la salida de Evo Morales?
La CIDH elevó a 23 el número de muertos y a 715 el de heridos en incidentes durante la crisis en Bolivia a raíz de las elecciones del pasado 20 de octubre. La CIDH explicó en Twitter que actualiza las cifras de víctimas en Bolivia después de los hechos en Cochabamba, en los que registraron “9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y fuerzas armadas”.
¿Y el diálogo qué?
Después de reunirse con el delegado de la Unión Europea, León de la Torre, Áñez aseguró que “muy pronto” hará la convocatoria a nuevas elecciones “transparentes”. Según la Constitución, el Congreso es el que debe elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los anteriores fueron puestos en prisión preventiva por las irregularidades ocurridas en las elecciones del 20 de octubre. Jean Arnault, enviado del secretario general de la ONU, comenzó este fin de semana a reunirse con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales.El gobierno transitorio ha señalado que se iniciaron acercamientos con los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales y el que tiene una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. La idea es concretar acuerdos para una nueva convocatoria a elecciones.