
El 8 de octubre de 2018, hace exactamente ocho años y un día, el concejal Fernando Albán murió mientras estaba en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la Torre Corporativa Metro de Caracas, un sótano de cinco pisos mejor conocido como “La Tumba”. Lo habían arrestado tan solo tres días antes, sin una orden judicial. Según la Fiscalía, había más de 2.000 chats que lo involucraban en “conspiraciones” contra el gobierno. Las autoridades chavistas lo declararon como un “suicidio” y dijeron que había saltado al vacío, pero sus familiares y su defensa denunciaron que fue producto de las torturas que recibió en ese corto lapso.
En sus pulmones se encontró agua, según William Jiménez, excoordinador de investigaciones nacionales de la morgue de Caracas, pero Néstor Reverol, entonces ministro del Interior, ordenó editar su reporte de defunción. La asfixia mecánica con agua es uno de los muchos métodos de tortura que usa el Sebin, documentados por organizaciones de derechos humanos.
Años después, en 2021, el entonces fiscal general y hoy defensor del pueblo, Tarek William Saab, reconoció que lo del concejal no fue un suicidio, sino un asesinato, presionado por la revisión que hacía la Corte Penal Internacional (CPI) en el país para entonces. A partir de esta decisión, todas las preguntas volvieron a apuntar al entonces jefe del Sebin que mandaba en el edificio: Gustavo González López, hoy actual ministro de Defensa: ¿qué responsabilidad tuvo? Distintos informes, como el de la Misión de Determinación de los Hechos, lo ubican a él en la cadena de mando que permitió torturas sistemáticas en El Helicoide y en “La Tumba”.
Los informes también cuestionan a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, hoy presidenta interina reconocida por EE. UU., pues ella tenía el Sebin bajo su supervisión cuando murió Albán. La abogada Tamara Sújú la incluyó en su lista de responsables en el caso junto a Maduro, Reverol, González López, Saab, entre muchos otros. Hoy, sin embargo, solo el primero aparece en la lupa pública de las autoridades estadounidenses frente a la investigación por crímenes relacionados con tortura, mientras el resto goza de inmunidad o cierto grado de inmunidad, y fueron enrocados en cargos de una estructura que se resiste a ser limpiada.
El jueves, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó contra Maduro, a quien se le sumaron cargos por tortura y represión mientras estaba en el poder. Ya enfrentaba cargos por narcotráfico y terrorismo de Estado. Aunque el documento no menciona el nombre de Albán, una de las pruebas contra el expresidente encaja con su historia.
Según el expediente, desde que llegó a la Presidencia en 2013, Maduro autorizó la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema que usaba la detención arbitraria, las golpizas, las descargas eléctricas, la asfixia y la violación para aplastar a la oposición. Entre las víctimas hay militares, opositores y tres ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). A uno de esos militares, según la acusación, le aplicaron unas 20 descargas eléctricas en 2013. La defensa de Maduro niega los cargos y el juicio está previsto para junio de 2027.
Que haya estadounidenses en la lista no es un detalle menor. Para Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el chavismo “utilizó la nacionalidad como una herramienta de negociación” con Washington, y encarceló bajo cargos de terrorismo a personas sin ninguna justificación. Y no solo a estadounidenses. Según el investigador, todavía hay colombianos presos por motivos políticos en cárceles venezolanas, usados también como carta de negociación.
Pero si el expediente es detallado con las víctimas, no lo es con los victimarios. El documento no profundiza en quiénes supervisaban las torturas, quiénes mandaban en los centros de reclusión, quiénes las ejecutaban y quiénes las encubrían. Solo menciona a tres coconspiradores, identificados como CC-1, CC-2 y CC-3, junto a otros conocidos y desconocidos, pero no revela sus nombres ni detalla su papel. Cabe destacar, además, que la Casa Blanca ha pedido a fiscales de Miami no investigar a Delcy, y que esta semana se confirmó que ella contaba con inmunidad. Es decir, mientras la Fiscalía de Nueva York acusa, la Casa Blanca ha protegido.
Según Rodríguez, la contradicción se explica porque en este caso hay dos Estados Unidos: el de la política exterior de Trump y el de su sistema judicial. Mientras los fiscales construyen sus casos, el Ejecutivo ha llegado a “alegar interés nacional para frenar algunas investigaciones contra algunos de los esbirros del régimen”, y al mismo tiempo negocia con Caracas ventajas que, según el investigador, “pocos poderes coloniales han llegado a ejercer sobre otro país”, para defender sus intereses económicos. Esto puede ser contraproducente para la llamada transición.
El caso de Albán no es el único que salpica a quienes hoy gobiernan. En junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo llegó en silla de ruedas y con evidentes signos de tortura a una audiencia ante un tribunal militar, y murió horas después bajo custodia de la DGCIM. La Misión de la ONU vinculó su muerte con el coronel Alexander Granko Arteaga, entonces jefe de la División de Asuntos Especiales de ese organismo, a quien también señala por torturas.
Granko sigue en la cúpula operativa de la DGCIM y este año se ha dejado ver sin problema: en marzo apareció junto a Diosdado Cabello en Anzoátegui y en mayo bajó de una camioneta detrás de la de Delcy Rodríguez en un acto oficial. La semana pasada fue fotografiado corriendo en Caracas.
Su jefe durante casi todos esos años, Iván Hernández Dala, dirigió la DGCIM de 2014 a 2024. Hoy preside CANTV, la telefónica estatal. Ambos aparecen en una lista de 18 funcionarios que, según el informe que la Misión presentó en septiembre, participaron en la persecución política y siguen en cargos de poder. También están Diosdado Cabello, ministro del Interior y señalado por ejercer control directo e informal sobre el Sebin; Alexis Rodríguez Cabello, actual director de ese organismo; y el comisario Ronny González Montesinos, señalado por torturas en El Helicoide y hoy jefe de investigaciones penales de la Policía Nacional. El aparato represivo se ha reacomodado.
Ronal Rodríguez agrega el caso de Vladimir Padrino López, quien salió del Ministerio de Defensa, pero desde el de Agricultura acumula un poder que ya no es militar, sino de seguridad alimentaria, algo nada menor en el país. Pero mientras esos nombres se han acomodado en el nuevo poder, el tribunal que sí tenía en la mira a toda esta cadena de mando vio cómo le cerraban la puerta. En julio, Venezuela firmó la salida de la CPI, que desde noviembre de 2021 investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el páis desde 2017.
Para la Misión de la ONU, dicha salida busca blindar a los altos mandos frente a investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Aunque el retiro no tiene efecto inmediato ni le quita a la Corte competencia sobre los crímenes cometidos mientras Venezuela fue parte del Estatuto de Roma, sí hace que sea más difícil avanzar. Con la acusación del jueves queda claro que en Venezuela se torturó de manera sistemática. Lo que no aclara es si alguien más, aparte de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quien también se le acusa de tortura y a quien se le negó una solicitud de fianza, pese a su deteriorado estado de salud, pagará por ello.
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