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El Consejo de Política Criminal aprobó darle el aval a las penas de cadena perpetua para castigar crímenes sexuales y homicidios contra menores de edad. De esta manera, el órgano colegiado -compuesto por el Ministerio de Justicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría, el Inpec, el ICBF y la Procuraduría- rompió con una tendencia propia de negarse a dar el visto bueno a este tipo de penas.
Aunque el concepto fue aprobado por la mayoría de los miembros del Consejo, la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema y la Judicatura se opusieron y dieron su voto negativo. Además de rechazar este tipo de penas, la Defensoría presentó un concepto en el que dio las razones por las cuales cree que la prisión de por vida no debe ser aprobada en el país.
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Entre las posiciones asumidas por la Defensoría, se señala que imponer la cadena perpetua es na acción que sustituye la Constitución de 1991, la cual consagra que este tipo de castigos no existirán en el ordenamiento jurídico colombiano. De igual manera, la entidad dirigida por Carlos Alfonso Negret aseguró que el verdadero problema es el nivel de impunidad por delitos sexuales en contra de menores y no la severidad de las penas.
También, la Defensoría del Pueblo señaló que los recursos monetarios del sistema penitenciario son insuficientes para asumir una carga como lo es la cadena perpetua. El Espectador dialogó con Germán Pabón, defensor delegado para la política criminal y asuntos penitenciarios, para entender más a fondo el impacto que tendría el castigo de la cadena perpetua en el país y la posición asumida por la entidad.
(Puede ver: El timonazo del Consejo de Política Criminal en favor de la cadena perpetua a violadores)
En mayo, la Comisión de Política Criminal (un grupo ad hoc de asesores) rindió un informe en el que calificó la cadena perpetua como ineficiente, excesiva e inconstitucional. ¿Por qué el Consejo de Política Criminal sí la respalda?
Son cambios de posición. Anteriormente, el Consejo de Política Criminal ya había dado un concepto en el sentido de considerar a la cadena perpetua como ineficiente, inhumana y degradante, que contraría postulados constitucionales. Además, es una pena que rompe con la proporcionalidad. Pero, pues, en el último consejo, varias entidades terminaron apoyando este tipo de penas. La Defensoría del Pueblo volvió a oponerse a estos castigos.
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La dignidad humana es uno de los argumentos por el que ustedes se niegan a aceptar la cadena perpetua. ¿Cómo conciliar este punto con los derechos de los niños?
El derecho de los niños sigue siendo prevalente. Ese no es el tema de discusión. Es como decir que el derecho a la vida es absoluto. La discusión es que una pena de prisión perpetua rompe con todas las condiciones de dignidad por tratarse de una pena completamente desproporcionada. Además, con la cadena perpetua, el Estado renuncia a la política pública de resocialización. Por otra parte, la Defensoría considera que la cadena perpetua, como el aumento de penas, nunca ha generado efectos en reducción de la criminalidad. En esamateria hay delitos en los que la imposición de mayores penas no surte efecto frente a las políticas públicas de prevención. Actualmente no hay políticas criminales de prevención del delito.
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¿Se está recurriendo al populismo punitivo?
Es la máxima expresión del populismo punitivo. Llegar a considerar que la cadena perpetua es un clamor popular es populismo. Frente a ese argumento de aparente clamor popular, pues el legislativo responde aumentando las penas.
La cadena perpetua es calificada por la Defensoría como una sanción cruel, inhumana y degradante, pero no hay ningún tratado internacional firmado por Colombia que lo establezca así. ¿Bajo qué argumentos ustedes hacen esta declaración?
Claro que es cruel, inhumana y degradante la cadena perpetua. Y hay convenciones que dicen que se deben evitar los castigos de esta naturaleza. Según el Código Penal, los castigos deben tener un carácter proporcional y racional. Si bien es cierto que el acceso carnal contra los menores de edad es un delito grave y repudiable, demasiado repudiable, someter a una persona a prisión toda la vida rompe la proporcionalidad. La cárcel, en vez de empoderar -con la resocialización-, degrada al hombre. La gran mayoría de las personas que entran a una cárcel salen peor de lo que llegaron. Imagínense qué pasaría con una persona que esté privada de su libertad toda una vida.
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¿Cómo entraría el hacinamiento carcelario, denunciado en reiteradas ocasiones por la Defensoría del Pueblo, a jugar como variable frente a la cadena perpetua?
No sabría con puntualidad cómo impactaría en índices, pero el tema del hacinamiento carcelario sigue siendo crítico. En las cifras oficiales del Inpec está sobre el 50% en nivel general, pero hay establecimientos penitenciarios donde es del 200 %, 300 % y hasta 400 %. El caso de Riohacha está por esos niveles, al igual que Bellavista. Ante esta situación, la cadena perpetua significaría que de aquí en adelante podría impactar en el hacinamiento.
Ustedes aseguran que la cadena perpetua iría en contra directamente del modelo de Estado Social de Derecho, ¿por qué?
Una de las funciones de la pena es resocializar a la persona que está cumpliendo una pena privativa de la libertad. Esto quiere decir que se debe desarrollar políticas y trabajos que le permitan al hombre volver a encontrarse con la sociedad. El encuentro con la sociedad implica encontrarse con la sociedad trabajando y con ejercicios de convivencia. Bajo ese sentido, el de la cadena perpetua, se está diciendo que el violador no merece volver a sociedad y se está renunciando a que el Estado busque su resocialización. Si hoy la resocialización es crítica, con esta medida seria peor.
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Si no es la cadena perpetua, ¿cuál sería la solución a los crímenes sexuales y homicidios contra menores de edad?
La política pública de prevención. En política criminal hay dos caminos. Uno es la política reactiva, que reacciona ante el crimen, y el otro es la prevención. Es como en la drogadicción, las estrategias deben ser la prevención y el trabajo educativo. Esto ayuda a disminuir las cifras.
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En el concepto de la Defensoría se habla de la inconveniencia económica de este tipo de castigos…
En el tema fiscal, o sea, lo que cuesta mantener un preso, se destina mensualmente $1.800.000. A futuro, 10.000 privados de la libertad condenados a cadena perpetua multiplicado por este número da es una alta cifra. No obstante, aunque lo económico se plasmó en el concepto, es el argumento más débil. Los otros argumentos son los más fuertes.