La histórica pelea entre Uribe y la Corte Suprema

Foto: DAVID CAMPUZANO 2012

La Corte Suprema de Justicia y Álvaro Uribe Vélez, una larga disputa que hoy se libra en los terrenos de la justicia. Corría el año 2006 cuando empezaron las fracturas en esa relación. La primera razón: el malestar en el alto tribunal por la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe y los alcances de la Ley de Justicia y Paz. Por eso, a sus críticas al entonces presidente sumaron su incomodidad con la Corte Constitucional que, con algunos ajustes, había dado vía libre a ambas iniciativas.

Una molestia que se hizo pública en octubre de 2006, cuando el presidente de la Corte Suprema, magistrado Yesid Ramírez, en polémica entrevista con la revista Semana, se despachó calificando a sus colegas de la Constitucional como corte de bolsillo de Uribe y manifestando que “la pelea hay que darla, y la vamos a dar a fondo. Sé que en el Parlamento ya hay disidencias sobre lo que les ordena el príncipe”. Y agregó que toda la Corte lo respaldaba en su batalla por la dignidad, la decencia y la protección del Estado de derecho.

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Un mes después, cuando el proceso entre el gobierno Uribe y las autodefensas entraba en una fase crítica, sobre todo porque la Corte Constitucional dejó en sus proporciones la Ley de Justicia y Paz, estalló el escándalo de la parapolítica. El as de la sedición, con el que el paramilitarismo buscaba dar el salto libre a la política, no pasó el examen y, en su defecto, la Corte Suprema determinó que la conducta a evaluar era la de concierto para delinquir. En breve empezó la cacería de políticos asociados a las autodefensas.

Cuando empezó 2007, Uribe manifestó públicamente que la Corte fallaba con sesgo político, pero el huracán de la parapolítica no dio tregua, con muchos procesados del bloque de poder del uribismo en el Congreso, entre ellos el primo del expresidente, el senador Mario Uribe Escobar. Fue entonces cuando apareció un testigo llamado José Orlando Moncada, alias Tasmania, denunciando que el investigador estrella de la Corte, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, estaba tratando de enlodar al primer mandatario.

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Ya en ese momento, en el tinglado de la parapolítica, la pelea se libraba a punta de testigos, y así como Jairo Castillo Peralta, o Pitirri, fue clave para enjuiciar a varios congresistas, Tasmania causó revuelo porque buscaba demostrar las supuestas manipulaciones de la Corte para proceder ante el escándalo. Con el tiempo se probó que Tasmania fue un montaje entre abogados, desmovilizados y políticos cercanos al uribismo, con intervención del DAS, para desvirtuar la redada judicial de la Corte Suprema.

Ya eran públicos los enfrentamientos entre el presidente Uribe y su homólogo de la Corte, el magistrado César Julio Valencia, y ese pulso entre Ejecutivo y justicia se libraba con testigos estelares. Rafael García, por ejemplo, exdirector de informática del DAS que develó el escándalo de la administración de Jorge Noguera y José Miguel Narváez, al servicio del paramilitarismo, o el dudoso Andrés de Jesús Vélez, quien despuntó como un declarante predilecto para acelerar el encarcelamiento de políticos.

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En 2008, el asunto se tornó crítico. Al tiempo que el exparamilitar Antonio López, alias Job, y el abogado Diego Álvarez, apoderado de Don Berna, en otro plan de falsedades entraban a la Casa de Nariño para entregar supuestas pruebas de un complot de la Corte contra el Gobierno, en el interior del alto tribunal se dio forma a la investigación de la yidispolítica, es decir, la indagación sobre la forma como se aprobó la reelección otorgando dádivas a parlamentarios, entre ellos Yidis Medina, a cambio de su voto.

En medio de la pugna al rojo vivo, y cuando el paramilitarismo trataba de rearmarse, el 13 de mayo de 2008 fueron extraditados a Estados Unidos 14 jefes de las autodefensas. En ese instante se polemizó porque con ellos se iba la verdad, pero desde cárceles estadounidenses, y con sus pares hablando en Colombia, Justicia y Paz se transformó en un ventilador permanente. Y el rey de los testigos resultó ser Ernesto Báez, quien siempre tuvo claro que, entre mentiras y verdades, el paramilitarismo debía contar la historia.

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Sin embargo, desde el Gobierno fue notorio que su pelea aparte era con la Corte. “Nostálgicos del terrorismo agónico”, llamó Uribe a los magistrados cuando condenaron a Yidis Medina. Al tiempo, desde el DAS se trabajó en dos escenarios. Inicialmente buscando cómo desprestigiar a los togados asociándolos con Giorgio Sale, procesado por lavado de activos, y después desplegando la operación Escalera para grabar en su propia Sala Plena a la Corte, a través de la agente Alba Luz Flórez, conocida como la Mata Hari.

En medio del escándalo de las chuzadas del DAS y la confrontación pública entre Uribe y el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, llegó el final del período de Mario Iguarán en la Fiscalía. El Gobierno envió su terna de candidatos a la Corte, pero súbitamente el alto tribunal la rechazó. Uribe cambió a sus postulados, pero la Corte mantuvo su negativa. Al final, entre 2009 y 2012 hubo tres fiscales: Guillermo Mendoza, Martha Lucía Zamora y Viviane Morales. Esta última ya en la era de Juan Manuel Santos.

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Cuando Uribe dejó el poder, la Corte enfiló baterías contra sus alfiles. Las investigaciones de yidispolítica, las chuzadas del DAS y Agro Ingreso, entre otras, dejaron condenados. Los exministros Sabas Pretelt, Diego Palacios y Andrés Felipe Arias, los exsecretarios generales Bernardo Moreno y Alberto Velásquez, y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Al tiempo, la Fiscalía de Eduardo Montealegre se sumó a la ofensiva jurídica y priorizó la investigación contra su hermano, Santiago Uribe, por el caso de los Doce Apóstoles.

A medida que Uribe y su círculo acentuaron su oposición al proceso de paz en La Habana, la justicia estrechó su cerco. En ese contexto, con el escándalo del hacker Andrés Sepúlveda y su vinculación a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en las elecciones de 2014, el papel que en el pasado habían cumplido desde el Congreso Gustavo Petro y Piedad Córdoba lo asumió como senador Iván Cepeda, apoyado por varios abogados de derechos humanos. Su objetivo común: llevar a Uribe a los estrados judiciales.

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Lo que nadie esperaba es que de una denuncia de Uribe contra el senador Iván Cepeda en septiembre de 2014, por supuesto abuso de función pública, fraude procesal y calumnia agravada, cuatro años después el tema derivara en una investigación formal contra el expresidente por manipulación de testigos. En otras palabras, la Corte aplicó una especie de bumerán judicial y concluyó que quien debía responder por interferencia en temas penales era el senador y jefe máximo del Centro Democrático.

Lo demás es el coletazo de esta semana con la citación a indagatoria de Uribe. Más allá de lo que se resuelva, o de la decisión de si el expediente se queda en la Corte o va a la Fiscalía, salta a la vista que se trata de un capítulo de más de doce años de intensa confrontación. Esta vez con un detalle adicional: José Luis Barceló, el magistrado que llamó a Uribe a indagatoria, fue auxiliar de este alto tribunal desde 1994 hasta 2011 y, a nueve meses de terminar su gestión, conoce las entrañas de esa disputa, ahora en su ley.

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