La minga indígena está en camino a Bogotá para pedir una reunión directa con el presidente, luego de que no hubiera acuerdos con el Gobierno en Cali. Nelson Lemus, uno de los voceros, dijo a El Espectador que sus requerimientos se dividen en tres puntos fundamentales: “El primero es que nosotros rechazamos la guerra, la violencia. Por lo tanto, ese primer punto es en defensa de la vida, que los colombianos defendamos la vida y no nos quedemos tranquilos con la muerte. El país se ha devuelto 25, 30 años a la época de las masacres y eso es grave que le ocurra a un país después de la firma de un acuerdo de paz. Lo segundo es que nosotros creemos que es importante hacer un debate con el presidente que nos quedó pendiente. [...] Nosotros estamos invitando, primero a la sociedad colombiana y segundo al presidente, a que hagamos un debate sobre temas estructurales del país: el tema del fracking, de la consulta previa, y que podamos expresar el sentir y la construcción de nuestros derechos: territorio, vida, paz, trabajo y todos los que tenemos constitucionalmente como colombianos. Y el tercer punto es la paz. Creemos que es necesario seguirle apostando a la paz y queremos darle el mensaje al presidente Duque de que la guerra no es el camino”.
La verdad es que los requerimientos de la minga nos benefician a todos los y las colombianas, es una agenda que representa a todos los sectores del movimiento de derechos humanos y a los movimientos de víctimas. Que el presidente Duque haya sido tan reacio a tener esa reunión cara a cara es un mensaje que se manda a toda la ciudadanía. Nadie espera mucho de un Gobierno que durante la pandemia solo “ayudó” a las comunidades indígenas con “atún y lentejas”, pero el gesto político de interpelarlo es uno de los hitos de los últimos años en materia de protesta social y es una oportunidad para articular, en apoyo a la minga, la variedad de causas de derechos humanos que han sido negadas.
El Gobierno asegura que son todo oídos y que están haciendo “grandes esfuerzos para cumplir lo pactado”, al tiempo que dicen que la minga “no es reivindicativa” sino de “carácter político”, aunque sea evidente que se trata de ambas cosas. ¿Cómo no va a ser política una minga que está pidiendo una conversación urgente sobre los asesinatos de líderes sociales, la violencia por parte de la fuerza pública y la sustitución de cultivos ilícitos? ¿Cómo no va a ser reivindicativa una minga que llega desde el Cauca, en donde “en lo corrido del año se han perpetrado nueve masacres, que han dejado un saldo de 36 víctimas mortales, según Indepaz; además, 47 líderes indígenas han sido asesinados”?
Lucidez y vigencia son las palabras que usa el politólogo Eduardo Chilito en Razón Pública para describir la minga. Mónica Espinosa Arango, antropóloga de la Universidad de los Andes, dice que “es hoy, por derecho propio, una herramienta política de resistencia y una vía que usan para poner en la arena del debate público sus reivindicaciones y reclamos como pueblos”. Para la antropóloga, es “un llamado de estos pueblos para ser tenidos en cuenta como sujetos políticos”. En esa medida, la minga es uno de los interlocutores más legítimos ante este Gobierno que, no obstante lo que dice de dientes para afuera, sigue empeñado en la fumigación con glifosato, pese a toda la evidencia que demuestra que es pésima idea estar envenenando a la población para seguir con una guerra contra las drogas que a nivel global ya está mandada a recoger. Un Gobierno que ha mostrado cero voluntad política para controlar a la fuerza pública que está atacando de forma reiterada y sistemática a la ciudadanía, o para frenar los asesinatos de líderes sociales.