Por: Cecilia Orozco Tascón

Bombardeo en el Caguán: operación encubrimiento

No hay duda. El actual Gobierno pondera más las apariencias que la realidad: mientras mantiene las formas de la corrección política, marchita, con sigilo, los planes que no se ajusten a su doctrina u oprime a quienes actúen por fuera de la línea oficial. Es el uribismo de siempre, pero con doble faz: uno condescendiente que se precia de ser demócrata, y otro, ya conocido, gritón, despótico, temible y vengativo. El primero está prisionero en la Casa de Nariño y luce débil, perdido. El segundo se mueve arrogante en el Congreso y en las redes sociales en donde exhibe sus fauces de animal salvaje con ansias de hundir sus colmillos. Pero la estrategia gana-gana, que confundió al principio, empieza a hacer agua porque la mentira nunca se sostiene por mucho tiempo. Hay un largo etcétera de contradicciones, imagen vs. verdad, en este periodo gubernamental: el Acuerdo de Paz se apoya en el exterior, se destruye en el patio interno; en los programas del posconflicto, una cosa se dice, otra se hace; los defensores de derechos humanos se protegen y, simultáneamente, sus asesinos —que crecen día por día— gozan de anonimato e impunidad; la libertad de prensa se respeta pero movimientos en los medios y cambios en las columnas de opinión envían señales de sometimiento voluntario o de represión. La justicia se acata en abstracto pero no sus fallos, salvo que favorezcan al grupo en el poder. Y así... Una faz: el bombardeo sobre un campamento de las disidencias guerrilleras en zona rural de San Vicente del Caguán fue reportado por un satisfecho presidente Duque como un operativo exitoso en que había caído un tal alias Cucho, durante un discurso público del 30 de agosto cuando contó que él mismo había dado la autorización para realizarlo (ver); un trino desafiante del ministro de Defensa, Guillermo Botero, horas después, confirmó las palabras presidenciales (ver); y el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, citó a rueda de prensa el 31 de agosto, para cobrar lo suyo por las bajas de ese ataque. Hasta allí, el aplauso emocionado de la sociedad.

La otra faz: ninguno de los tres altos funcionarios, presidente, ministro de Defensa o comandante del Ejército, cumplió con su deber de informarles a los colombianos un dato absolutamente relevante: que la operación había sido un bombardeo con artefactos “de alta precisión y un radio de letalidad —muerte inevitable— de entre 50 y 75 metros” (según descripción de la revista Semana), lanzado por los aviones caza de la Fuerza Aérea; ninguno consideró importante revelar que los objetivos humanos del bombardeo, aparte del supuesto “narcoterrorista” alias Cucho, habían resultado ser ocho menores de entre 12 y 17 años, y cuyos cadáveres ya estaban en análisis forense; tampoco refirieron que ese número de “bajas” infantiles aumentaría porque aunque faltaban partes humanas por identificar, la edad de los fragmentos sí estaba calculada en inferior a 20 años. Y, por si fuera poco, en la operación de encubrimiento activada por la oscura faz oficial que solo ahora se devela, las tres cabezas de la seguridad nacional callaron lo que podría ser otro escándalo, además del que produjeron las revelaciones del senador Roy Barreras y la renuncia de Botero cuando Barreras le enrostró la enorme desproporción del uso de la fuerza estatal: que 20 días después (y quién sabe si ahora) no se podía asegurar que el presunto alias Cucho, objetivo principal del ataque, fuera el que murió en el Caguán: el cuerpo atribuido a él por indicios genéticos de dos de sus familiares no estaba individualizado cuando el presidente y sus dos subalternos lo publicitaron. Medicina Legal lo certifica en su informe (ver). En la Tabla No. 2 relaciona al posible Rogelio Bolívar, alias Cucho, como “CNI” (cuerpo no identificado) pese a un “cotejo positivo con familiares”. Y en la Tabla No. 3 clasifica a Bolívar, simplemente, como “desaparecido”. El secretismo ilegítimo del Gobierno, además de que sus fuerzas mataron a ocho, 10 o 15 niños víctimas de reclutamiento forzado y del abandono estatal, ¿se deberá también a que no dieron de baja a ningún delincuente, a ningún Cucho?

Entre paréntesis. ¿Cómo se explica que el ejercicio de control político al exministro Botero por parte del senador Roy Barreras —o de cualquier congresista— genere amenazas y ola de insultos de uniformados activos y retirados? ¿Estamos a las puertas de una dictadura militar o qué?

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2019-11-13T00:00:58-05:00

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2019-11-13T00:01:02-05:00

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