Buenaventura no se rinde

Buenaventura está descuartizada. Las secuelas del abandono oficial, ya endémico, no solo son perturbadoras sino catastróficas. Un cúmulo de desgracias perdura en una población que se debate entre la pobreza, la delincuencia, las inequidades sociales y otras desdichas. La desatención estatal a la población es de larga data y desvergonzada. La tierra en la que hace años estuvo el carismático “obispo rojo” al lado de los pobres, en sus gestas y sus utopías, es desde tiempo atrás un territorio de la mala ventura.

Buenaventura es un cruce de violencias, ilegalidad, miseria y desaforada criminalidad. Expresa desde hace años y todavía los síntomas de una gravísima enfermedad, de una pandemia de despropósitos gubernamentales y del accionar del lumpen representado en rescoldos del paramilitarismo. Tal vez sus males se acrecentaron con la privatización portuaria, con los tratados de libre comercio y con la presencia nefasta del narcotráfico.

La población donde en los sesenta pastoreó el obispo de la Teología de la Liberación, Gerardo Valencia Cano, prelado de los pobres, guía de contiendas por la justicia social, es, hoy, un reducto de la delincuencia que se ha tomado las 12 comunas de Buenaventura. Y, para aumentar el despojo sistemático al que han sido sometidos los habitantes, prolifera el boleteo, el chantaje, la extorsión de las bandas criminales, ante la displicencia y la precaria presencia del Estado.

El concejal Humberto Hurtado, que a su vez es uno de los líderes del movimiento cívico de esa ciudad, dijo que, en Buenaventura, el monopolio de las armas no lo tiene el Estado. ¿Y entonces? Hay un dominio de las distintas agrupaciones que tienen el narcotráfico y el crimen como sus actividades fundamentales. Allí se presenta una violencia cíclica, como la pleamar y la bajamar. Es un pueblo que sufre no solo (que ya es demasiado) por la violencia y la intimidación de los delincuentes, sino por el incremento de la pobreza, el desempleo y el incumplimiento de las promesas gubernamentales.

Hace poco murió otro obispo del pueblo, que lideró procesos de descontento y de organización popular: monseñor Héctor Epalza Quintero, el mismo que denunció con valentía las ignominiosas casas de pique en 2012. El clérigo, muy querido por la población, advirtió en distintas coyunturas que el problema de la ciudad iba más allá del contrabando y de su localización estratégica para la salida de estupefacientes. “Hay otros intereses”, señaló. Y, entre ellos, los de megaproyectos que, según él, azuzan la violencia.

Buenaventura, donde el desplazamiento forzoso es otro de los horrores, ha aprendido a batallar por sus derechos y sabe de resistencias. Está harta, como dijo el actual obispo, monseñor Rubén Darío Jaramillo, de los “consejos de seguridad”, inútiles y demagógicos. Ante los incumplimientos reiterados del gobierno, sabe de una herramienta importante de lucha, el paro cívico, y de otras demostraciones de inconformismo. Según la dirigente popular Yolanda Echeverri, las cadenas de velas en las calles les han dado a las noches del puerto una luz para iluminar las protestas, que cada vez crecen en la martirizada ciudad.

La gente exige más inversión social y políticas de empleo, que haya trabajo, que el gobierno asuma sus responsabilidades en los ámbitos que le corresponde, como son la salud, la educación, la convivencia, la vivienda… Buenaventura se ha graduado en la realización de paros cívicos, como aquel de 2017 que duró 22 días. Y sabe de plantones. No aguanta más violencia ni más olvidos de parte de los mandamases. La juventud ha tenido en estas demostraciones de inconformidad una visible participación y ha promovido, sobre todo en redes sociales, un SOS por Buenaventura.

Hay un ambiente, según declaran dirigentes como Hurtado y Echeverri, de unidad en el proceso de indignación y de búsqueda de soluciones de fondo al arraigado problema de inseguridad, de miserias sin cuento, de desastre social. Y la gente clama por justicia y equidad. Gritan que no solo el Estado y algunos privados tienen que invertir en el terminal marítimo, sino, sobre todo, en aspectos cruciales que saquen del marasmo y la inestabilidad a la inmensa —y sufrida— mayoría de pobladores.

Los bonaverenses claman porque algún día se pueda enterrar la violencia, que los ha azotado de forma aterradora y cruel. “Todos saben dónde están los bandidos, pero nadie denuncia porque los matan. Es una situación de alarma constante. Parece a veces que estuviéramos en Medio Oriente, en Afganistán, en un país de terror. Estamos en medio de ejércitos del mal financiados por el narcotráfico”, dijo el obispo Jaramillo.

Durante años, diversos gobiernos se han hecho los de la vista gorda frente a las causas de la problemática de Buenaventura. Y han permitido que pelechen los narcotraficantes, la ilegalidad, la sanguinaria delincuencia. En el ambiente perviven los aportes del finado obispo del pueblo, monseñor Epalza, defensor de los pobres, y sus palabras en el paro cívico de 2017: “El pueblo unido, jamás será vencido. Buenaventura no se rinde”.