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¿Para qué ha servido la JEP? (Columna de opinión)

Columnista invitado y Raúl Sánchez Sánchez*

31 de agosto de 2026 - 12:33 p. m.

El magistrado Raúl Sánchez Sánchez, miembro de la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recoge en este escrito los principales logros de esta instancia transicional de justicia para contestar a la pregunta que titula su columna.

La JEP también ha permitido encuentros inéditos entre víctimas y victimarios. En este, el teniente (r) Andrés Mauricio Rosero Bravo se arrodilló para pedirle perdón a la la madre e hija de John Darío Giraldo Quintero, asesinado en 2003 y presentado como una ejecución extrajudicial.
Foto: JEP
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Se escuchan variadas críticas acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, muchas de esas voces no saben cómo realmente funciona este tribunal.

Lo primero es que cuando termina un conflicto armado, se crean tribunales especiales para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves crímenes. Tras la Segunda Guerra Mundial, se crearon los tribunales de Núremberg y de Tokio, por ejemplo. Y para no ir muy lejos, luego de la firma del Acuerdo de Paz con los grupos paramilitares en Colombia, se creó Justicia y Paz. Tras el fin del conflicto negociado con las Farc, entonces, nació la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

(En contexto: Cumplir con la JEP es cumplir la palabra del Estado colombiano)

Hay quienes sin fundamento hablan de la “inoperancia de la JEP”. Pues bien, este tribunal ha dado respuesta a más de 300.000 víctimas individuales y colectivas, garantizando justicia, verdad, contribuyendo a su reparación y garantías de no repetición.

Hasta el momento, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha emitido 27 autos de imputación. En ellos se identificaron a 355 máximos responsables de graves crímenes, 166 exintegrantes de las Farc, 243 de la fuerza pública y 11 terceros y agentes del Estado. Así, la JEP ha superado con creces los resultados de otros tribunales transicionales en el mundo en menos tiempo.

(Le puede interesar: Una justicia para humanizar a Colombia)

Por otro lado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha concedido 781 renuncias a la persecución penal (732 para integrantes de la fuerza pública y 49 para exmiembros de las Farc). Es decir, ha perdonado judicialmente sus delitos a quienes no son los máximos responsables y aportaron verdad plena sobre los hechos. Así se muestra que la JEP no solo investiga a los militares, como dicen algunos, sino que investiga a todos, por igual.

La JEP, además, ya confirmó dos sentencias restaurativas. Y la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la Jurisdicción profirió dos sentencias condenatorias y avanza en otros cuatro procesos.

Asimismo, las salas y secciones de la JEP han logrado encontrar, identificar y entregar dignamente los cuerpos de 214 víctimas de desaparición forzada a familias que los buscaron por décadas. La SAR ha emitido más de 40 medidas cautelares para continuar con la búsqueda.

(Lea también:“Reconocer lo que ocurrió es el primer paso para sanar a las víctimas”: magistrada de la JEP)

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Algunos críticos de la JEP también han intentado difundir la idea errada de que se trata de “un tribunal de impunidad que otorga beneficios a personas condenadas”. Eso es falso. La gran mayoría de los casos no tenían sentencia. La Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Transparencia reconocieron que la impunidad en Colombia supera el 90 %. Al respecto, la Corporación Excelencia en la Justicia reveló que el 93 % de las denuncias penales en el país no avanzan más allá de la indagación y que el 81,9 % son archivadas.

Estas cifras aumentan en los territorios en conflicto. Recientemente, mis colegas hicieron una imputación por los crímenes de las extintas Farc en el Sur y Oriente del país. La cifra de impunidad por estos hechos (que abarcan territorios de más de media Colombia) era del 97 %, y el 90 % de los casos ni siquiera superó la etapa preliminar, hasta que la JEP los investigó.

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Por ello, la JEP no es un sistema de beneficios, sino de investigación de crímenes graves. A través de la metodología que establece patrones de macrociminalidad, logramos dar cierre jurídico a miles de hechos. El exsecretariado de las Farc, por ejemplo, fue condenado por 21.396 secuestros, lo cual en el sistema ordinario hubiera exigido miles de procesos, con la certeza que en muchos de ellos no se habría obtenido justicia.

(Le podría interesar: Bomba a El Nogal, Vargas Lleras y Mitú: la imputación que reconstruye el horror de las Farc)

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La JEP imputó 18.677 reclutamientos de niños y niñas y se están investigando 7.837 hechos de los denominados falsos positivos. En los casos territoriales de Nariño, Cauca y Urabá, además, se han revelado cientos de crímenes nunca antes abordados por la justicia ordinaria.

En conclusión, la JEP es un tribunal que brinda seguridad jurídica a los procesados, pero sobre todo que permite a las víctimas obtener justicia, verdad, garantías de no repetición y actos tempranos de restauración, que contribuyen a fortalecer el tejido social, a la paz y la reconciliación.

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* Magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal de Paz de la JEP. Abogado de la Universidad del Rosario, con Maestría en Derecho Penal Internacional, del London School of Economics (Inglaterra); y especialización en Derecho Procesal Penal, de la Universidad del Rosario. Ha sido asesor del despacho del Ministerio de Justicia, profesor de la Universidad del Rosario, abogado litigante y conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador-

Por Raúl Sánchez Sánchez*

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