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La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto implica un reto logístico monumental. Unas primeras estimaciones, que sin duda se irán modificando a medida que contemos con mejor información, indican que el proceso le costará al país entre COP 19 y COP 38 billones. Mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella anuncia cómo será ese proceso y de qué manera propone incluirlo en el Presupuesto General de la Nación, en El Espectador acabamos de publicar dos artículos que nos invitan a pensar en lo que salió bien y lo que salió mal en los dos terremotos más cercanos: el de Popayán, en 1983, y el del eje cafetero, en 1999.
Conseguir toda la plata que se necesita es un reto en sí mismo, pero tomar la decisión de cómo se va a ejecutar no es una consideración menor. Adriana Villegas contó para El Espectador que, en Popayán, “la reconstrucción fue demasiado lenta, los damnificados tuvieron que permanecer en albergues temporales o carpas durante más de un año y hubo dineros que se perdieron en corrupción”. En 1999, la administración de Andrés Pastrana decidió entregarle el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec) al sector privado, a través de organizaciones no gubernamentales (ONG). El objetivo era que los $1,7 billones que manejó el Fondo fueran tramitados por 28 universidades, cooperativas y organizaciones cívicas. La lógica era que así podría utilizarse la experiencia en los territorios de cada una de esas entidades y, al mismo tiempo, saltarse posibles problemas de corrupción por no permitir mediación de alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas. Ese modelo ha sido referenciado mundialmente por su capacidad de acción, pero no estuvo libre de problemas. Villegas pide recordar que la demora en la asignación de recursos de vivienda llevó a frustraciones. Principalmente, la advertencia es una que debe resonar en el Gobierno De la Espriella: “todavía se sienten las réplicas del debilitamiento institucional y político que ocasionó un modelo de reconstrucción cuyo epicentro fue la desconfianza hacia lo público”.
Si algo demostró la respuesta al terremoto en el Chocó es que la institucionalidad colombiana actual sí está en capacidades de actuar de manera coordinada entre la Nación y las regiones. Debemos aprovechar la inyección de recursos que vendrá para fortalecer al Estado y mejorar la confianza que los colombianos tienen en su democracia.
No es el único reto, claro. La reportería que hizo Daniel Rodríguez para El Espectador consultó expertos sobre cuáles son los principales puntos que deben estar en el centro de la agenda. Uno fundamental es garantizar que el registro de damnificados sea solo uno, se maneje con transparencia y tenga salvaguardas para que no haya colados, lo que puede terminar en un desvío de recursos. A la par, es momento de pensar en una herramienta de control de precios a los arriendos y a la venta de finca raíz en los territorios afectados, pues la especulación puede aumentar los costos de manera irresponsable. Regular los arriendos es complicado, por tratarse de contratos directos entre particulares, pero por eso mismo es útil empoderar a las administraciones locales para que abran canales de denuncia y control. Otra consideración importante, además de los subsidios que ya se anunciaron para reubicación temporal, es tener en cuenta que muchas empresas locales pueden quebrar, lo que genera más desempleo y miseria. ¿Hay manera, por ejemplo, de que el Estado ayude a subsidiar aportes en seguridad social para las empresas que mantengan a sus trabajadores formales?
El tiempo apremia. Aprendamos de los dolores del pasado para reducir un poco el sufrimiento presente de los colombianos.
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