El primer cónclave ministerial convocado por el presidente Abelardo de la Espriella tuvo como eje central la atención a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto y el pliego de estrategias que se ya se comenzaron a implementar para la atención de la emergencia. De forma simultánea, la cita de este miércoles también permitió la revisión de los objetivos que desde los diferentes ministerios buscará impulsar el Ejecutivo para garantizar su gobernabilidad y el desarrollo de un plan enmarcado en el discurso de la implementación de la “patria milagro”. La estrategia comprende la apertura del diálogo con diversos sectores políticos y económicos, así como los detalles finales en la composición de su equipo de gobierno.
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El jefe de Estado realizó el primer llamado al pleno de sus ministros para que acudieran al Palacio de San Carlos –sede alterna de la Presidencia en Bogotá– y desde allí integrar las estrategias para la atención de una emergencia que en cifras del presidente podría ascender a COP 30 billones. Al encuentro, que tuvo lugar en uno de los salones de la Cancillería, acudieron el gabinete en pleno y directores de varias entidades, quienes presentaron un balance inicial de cómo será la ruta de atención en todo el país. La cita inició con una oración que lideró el presidente.
Tras varios días de su anuncio, finalmente fue firmado el “decreto madre” de la emergencia económica con la que el gobierno dispondrá de facultades extraordinarias para atender varios frentes. “La prioridad es clara: garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir a las regiones”, señaló el presidente. En su anuncio, el jefe de Estado remarcó que “la emergencia económica nos permitirá contar con las herramientas necesarias para generar el espacio fiscal que exige esta tragedia y minimizar su impacto económico y social”.
Sin embargo, De la Espriella indicó que estas facultades “no son un cheque en blanco” y que en el marco de la transparencia con la que busca gobernar, hará un seguimiento exhaustivo para garantizar el uso adecuado de los recursos.
Con esa tesis, las carteras lideradas por Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Elsa Noguera (Transporte), Ana María Vesga (Salud) y Miguel Gómez Martínez (Hacienda), además del vicepresidente, José Manuel Restrepo, rindieron un informe detallado tras nueve días de una tragedia que ha cobrado hasta esté 19 de agosto la vida de 314 personas y afectado a 262.145 en total, de acuerdo con las últimas cifras entregadas por el mandatario.
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Aunque se mantiene vigente la fase de búsqueda, en regiones como Chocó y Valle del Cauca ya se iniciaron labores de reconstrucción, materia en la que tanto Noguera como Beltrán deben atender con prioridad. El ministro de Vivienda –quien obtuvo respaldo del presidente a pesar de la controversia por su viaje a Santa Marta en plena crisis– ha logrado articular la participación del sector privado para que, en una relación que también compromete los esfuerzos de mandatarios regionales, permita un proceso eficaz y efectivo para la atención de damnificados. De acuerdo a las cifras para ese sector, fueron 136.946 viviendas averiadas, 30.664 destruidas, 302 edificios colapsados, 352 centros de salud averiados y 3.470 centros educativos.
Las maniobras del Ejecutivo contemplan la participación activa del sector privado. Este mismo miércoles fueron convocadas las aseguradoras en donde se trazó una hoja de ruta para la atención de los damnificados. Según dijo el presidente, ya se encuentra en marcha esa fase de atención. Un ejercicio similar ya había liderado el ministro Beltrán con los sectores económicos –especialmente gremios– y de la construcción para tener una contribución luego de esta tragedia.
El aporte de esos sectores ya se ha movilizado con la donación aproximada de un billón de pesos de los principales conglomerados económicos del país, así como un extenso despliegue de ayudas humanitarias destinados a esos cinco departamentos que mayores afectaciones presentan: Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.
El plan matriz que ha trazado el gobierno y que gerencia el ministro de Vivienda cuenta con tres fases. La primera corresponde a la caracterización y recuperación territorial para entender, a profundidad, la magnitud de la crisis; el segundo busca mejoramiento de vivienda; mientras que el tercero se enfoca en una renovación urbana en las regiones más afectadas, pero que se extendería también a otras regiones del país. A ese plan se suman los subsidios de vivienda y arriendo que anunció el ministro y que entrarían en vigencia en esa fase dos a partir de octubre.
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Según el ministro Beltrán, la primera fase requerirá máximo cuatro meses de implementación. Y a renglón seguido aclaró: “La segunda y tercera etapa requieren (de) una planeación mucho más aterrizada, con números reales, con cierres financieros, pero que en esta renovación urbana podamos hablar de colegios, centros de salud, parques y espacio para los menores”..
Alineados con esa estrategia se encuentran los mandatarios de las regiones mayormente afectadas. Por ejemplo, las gobernadoras de Chocó y Valle del Cauca, Nubia Córdoba y Dilian Francisca Toro, respectivamente, anunciaron esta misma jornada el avance en las fases de caracterización territorial con la aplicación de un censo que se lidera desde las diferentes alcaldías municipales de cada departamento.
Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentaron una estrategia que obtuvo el visto bueno por parte del presidente De la Espriella. Y es que tras una cita privada en Bogotá con los dos mandatarios, la propuesta de “reconstrucción por impuestos” y “obras por regalías” inició en la fase de estudio por parte del Ejecutivo. En síntesis, la propuesta de las dos autoridades antioqueñas busca entregar alivios económicos al sector privado con el compromiso de una participación activa en la fase de reconstrucción. Ello implicaría la reducción de impuestos y evitar el pago de regalías a cambio de participar en ese proceso.
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Pero todo este plan se encuentra condicionado por el hueco fiscal que atraviesa la nación. Según reiteró el presidente, “Colombia enfrenta una realidad fiscal extraordinariamente difícil, la más compleja de toda nuestra realidad republicana. Aproximadamente uno de cada tres pesos se destina al pago de la deuda pública. Hace 10 años era uno de cada seis. La deuda bruta supera el 60 % del PIB y el déficit fiscal continúa ejerciendo una enorme presión sobre las finanzas de la nación”.
Fue por ello que se evaluarán proyectos que vienen desde la administración de Gustavo Petro para priorizar el gasto público. Otra de las medidas que se analizan en el Ejecutivo comprende las labores que en la última semana ha liderado el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. El jefe de esa cartera se encuentra confeccionando el nuevo presupuesto para el 2027 que contempla esta crisis y que, según han dicho desde el gobierno, no busca gravar a los colombianos; se presentaría antes del próximo 26 de agosto.
Gómez Martínez también hizo un llamado al Congreso, puntualmente a la Comisión interparlamentaria de Crédito Público con la que buscará tener un mayor cupo de endeudamiento y con ello poder acceder a la banca mundial para préstamos destinados a la atención de esta crisis. Al respecto ya se anunció un primer crédito desde el Banco Mundial, pero la administración De la Espriella contemplaría nuevas medidas para llenar ese hueco fiscal.
Ahora bien, en ese consejo de ministro uno de los principales ausentes fue Mauricio Gómez Amín (Comercio) quien se encuentra en Estados Unidos para buscar la eliminación de los aranceles impuestos por el gobierno Trump a Colombia.
Y es que mientras una gran parte del gabinete se enfocó en la crisis del terremoto, otra parte del Ejecutivo va adelantando labores propias de sus sectores, mientras la oposición –con Gustavo Petro e Iván Cepeda al frente– realizaron este miércoles una réplica a la primera alocución del jefe de Estado para controvertir el grueso de estas acciones.
Eso sí, el gobierno avanzó en frentes clave y con varios nombramientos como el de Jaime Pumarejo en la Dirección de Colombia ante el BID; Didier Blanco en la Unidad Nacional de Protección; María Rocío Cortés en la Superintendencia de Industria y Comercio; Leonardo Huerta en la dirección de Función Pública; Richard Caicedo como presidente de Icetex; y, entre otros, Ricardo Valencia director del Dane. La agenda oficial se potenciará en lo que resta de la semana.
Este es el decreto de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, firmado por el gobierno De la Espriella:
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