Aprobado CONPES por casi $ 142 billones para 10 años más de la Ley de Víctimas

Exposición de los telares y tapices hechos por el colectivo de Mujeres Tejedoras de Mampuján.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó el viernes el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) a través del que se priorizan recursos por casi 142 billones de pesos que buscan garantizar el funcionamiento de la prórroga de la Ley de Víctimas durante los próximos 10 años.

“Se busca garantizar que en los próximos años continúe el esfuerzo del Gobierno para atender, asistir y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado interno y siga siendo un gasto prioritario, en el marco de un proceso gradual, garantizando al mismo tiempo la estabilidad fiscal y macroeconómica del país puesto que esta es fundamental para el progreso económico y social en razón a la limitada capacidad para recaudar ingresos y acceder a otros recursos de financiamiento”, señala el documento en su aparte de financiación.

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Es decir, el CONEPS contiene la propuesta para que, desde varias entidades del Estado, se puedan destinar los recursos necesarios para las víctimas y, además, contiene las recomendaciones para la implementación de 286 acciones a 2031 para que más de 2,1 millones de víctimas puedan acceder a la indemnización administrativa.

Entre esas acciones que se pretenden financiar también están la reunificación de familias del 100 % de niños, niñas y adolescentes que han sido separados del núcleo familiar como consecuencia del desplazamiento forzado, se garantice el acceso a la libreta militar de quienes la soliciten, que más de 4,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado superen la situación de vulnerabilidad o que unas 700.000 familias al año reciban incentivos en salud y educación mediante transferencias monetarias.

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También se plantea el acceso a susidios para vivienda urbana o mejoramiento de esta, el registro de víctimas en el servicio público de empleo, alfabetización, acceso y permanencia en la educación superior, apoyo a emprendimientos e iniciativas de negocios de más de 250.000 víctimas y fortalecimiento de negocios ya existentes de más de 60.000 personas y servicios de formación profesional.

Para la ejecución de las acciones de la Ley de Víctimas se prevé el trabajo conjunto de unas 32 entidades del Estado.

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