Así sería la Asamblea Constituyente que propone Gobierno Petro: estos son los detalles

El ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, ya tiene listo el proyecto de ley para que se instale una Asamblea Nacional Constituyente. “Las reformas que requiere el país no se pueden llevar a cabo por medio de un acto legislativo o referendo, ya que sustituirían la actual Constitución, por tratarse de modificaciones profundas al sistema”. Se trata de una apuesta que ha promovido, de manera directa, el presidente Gustavo Petro. De hecho, el primer mandatario citó a manifestaciones este viernes en Bogotá para iniciar la recolección de firmas para promover esa constituyente.

La propuesta, que llegará al Congreso en los próximos días, propone que esté compuesta por 71 delegatarios: 44 elegidos por listas nacionales con paridad de hombres y mujeres, dos delegatarios al pueblo afrodescendiente, dos de pueblos indígenas, dos representantes de campesinos, dos de víctimas, dos sindicalistas, dos de jóvenes, dos pertenecientes al pueblo Rrom, dos de pueblos raizales y palenqueros, seis que representen a colombianos en el exterior, dos delegatarias de madres cabeza de familia, y tres personas representantes LGBTIQ+.

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El proyecto impone algunos límites. Por ejemplo, “no podrá revocar al Congreso, no podrá ir en contra de los compromisos previos internacionales sobre derechos humanos, deberá respetar las normas del Ius Cogens, tendrá prohibido generar retrocesos en materia de derechos fundamentales y tendrá que acatar el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales”.

Pero, además, el proyecto de ley le daría facultades extraordinarias al presidente Petro para definir los requisitos de los delegatarios: “Revístase al presidente de la república de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley para expedir normas con fuerza material de ley en las que precise los requisitos para ser delegatario, la definición de cada uno de los grupos mencionados y las generalidades del mecanismo democrático interno que cada uno de ellos implementará para la presentación de las listas de candidatos correspondientes”.

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Como competencia, el proyecto de ley permitiría que los asambleístas puedan modificar la totalidad la Constitución, sin revocar al Congreso. Tendría una duración de tres meses a partir de su instalación, que se daría 30 días calendario después de que el Consejo Nacional Electoral declare la elección de los delegatarios.

El proyecto de ley busca convocar a las personas a las urnas para que respondan dos preguntas. La primera: “¿Está de acuerdo con convocar a una Asamblea Constituyente que sesionará durante 3 meses contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días calendario después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral, con las siguientes características: estará integrada por 71 delegatarios elegidos por votación popular?" e incluye la descripción de cómo serían los delegatarios.

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Y la segunda: “¿Está de acuerdo con que la Asamblea Constituyente reforme la totalidad de la Constitución Política, no revoque al Congreso, tenga como límites los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del Ius Cogens, la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales, así como el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales?“.

En la explicación de motivos, el proyecto de ley acusa directamente al Congreso de un “bloqueo institucional”, un argumento esgrimido, también en distintas ocasiones, por el presidente Petro: “Los bloqueos institucionales se mantienen arraigados, son constatables y reiterados por parte del H. Congreso de la República e impiden el avance de reformas indispensables. El poder legislativo parece haber renunciado a la democracia deliberativa en desmedro del mandato de representación que el pueblo le ha delegado”.

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Y añade: “Estos bloqueos se han presentado como consecuencia de acciones y omisiones en el marco del trámite legislativo que contravienen los elementos esenciales de la democracia deliberativa. No se han expuesto los argumentos en un escenario de debate cualificado, no se presentan ni se discuten los distintos razonamientos y posturas de manera sosegada y pública, como lo exige nuestro modelo democrático. Así pudo observarse, como hecho notorio, durante el trámite de la consulta popular adelantado por este gobierno”.

Por otra parte, Montealegre también resaltó la existencia de reformas que tienen que ver con derechos sociales, con la autonomía territorial indígena y con el camibo climático, la protección al campesinado y a la producción de alimentos. También plantea la reforma de entidades como la Contraloría y la Procuraduría, y acusa al Congreso de una “crisis de representatividad” y la existencia de “falencias en [su] funcionamiento] por lo que plantea una reforma a “partidos políticos y la implementación de una jurisdicciónelectoral”. Finalmente, plantea la necesidad de reformar la justicia y la política monetaria de Colombia.

Este es el proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar una Constituyente:

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