¿Reducir el presupuesto de la JEP?: así está el pulso de la propuesta en el Congreso

Congresistas de diferentes bancadas han aportado a la discusión sobre esta propuesta y las opiniones están enfrentadas. Por un lado, desde el Centro Democrático -que al igual que Salvación Nacioal es partido de gobierno- la senadora María Clara Posada dijo que "la JEP está pegada del techo por un escueto recorte de COP 100.000 millones, con el cual quedarían con un presupuesto de COP 721.803 millones, casi igual al de este año. Sin embargo, la JEP no le ha explicado al pais cómo se ha gastado el dinero los últimos 7 años. Además de garantizar impunidad, la JEP quiere seguir siendo ajena a la compleja realidad fiscal del País, donde los gastos de funcionamiento deben reducirse al máximo".

En esta misma línea, la senadora de Salvación Nacional, Sara Castellanos dijo: "La JEP es un fortín burocrático". Y aseguró, respecto a la carta enviada por Ramelli a la Corte Penal Internacional (CPI) alegando que no se está respetado la independencia del organismo y se está poniendo en riesgo el Acuerdo de Paz, que "ir a la CPI a exigir más dinero cuando no hay los resultados esperados resulta descarado. Votaremos sí al recorte. Y no es por venganza. Las decisiones han sido tan pocas que no hay de qué vengarse".

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Sustentando esa manifestación el representante del Centro Democrático, Daniel Briceño dijo: "El magistrado Ramelli acude a la Corte Penal Internacional como medida de presión al Congreso para que no le quiten 100 mil millones de pesos. ¿Qué pretende? ¿Qué la CPI nos presione para que no tomemos decisiones? ¿Qué la CPI intervenga en una función legitima del Congreso? ¿Asustar congresistas por presión internacional? Ramelli se equivoca, con 100 mil millones menos la JEP sigue funcionando, lo único que debe hacer es ahorrar y dejar el derroche. La JEP no es intocable, si Ramelli quiere más plata pues que le responda al país con cifras claras, resultados y con menos burla a las víctimas".

Desde la otra orilla, la representante del Pacto Histórico -partido de oposición- María Fernanda Carrascal aseguró que "la ultraderecha en el poder y en el Congreso busca asfixiar presupuestalmente a la JEP hasta impedirle funcionar. ¿Y por qué? Porque le están haciendo un mandado a quienes, sin pertenecer formalmente a un grupo armado ilegal o a la Fuerza Pública, participaron en el conflicto financiando o apoyando al paramilitarismo. Buscan torpedear las investigaciones en curso. Unos lo hacen por razones ideológicas. Creen que todo valía para combatir a las guerrillas. Otros lo hacen porque provienen o se sienten solidarios con círculos de terratenientes, empresarios y narcos que participaron en la barbarie. ¿Cómo no le van a temer a la verdad?".

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Por su parte, la representante Aida Quilcué (Pacto Histórico), se refirió a la iniciativa de no poder prorrogar el periodo de la JEP y expresó: "Rechazamos las propuestas que buscan impedir la prórroga de la JEP, recortar su presupuesto y trasladar la fase de juicio a la justicia ordinaria. En 2025, la JEP reportó 11.736 comparecientes con algún trámite resuelto, 14.260 víctimas acreditadas y 338 imputaciones contra 304 máximos responsables. Estos avances no pueden ponerse en riesgo. Trasladar estos procesos a la justicia ordinaria solo dilataría la verdad y alejaría a las víctimas de la justicia. La JEP es un pilar del Acuerdo de Paz. Desfinanciarla o desmontarla es darle la espalda a las víctimas que claman por el derecho a la verdad. La paz se defiende con hechos, no con recortes".

En esta línea, el senador Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) sostuvo: "A Abelardo parece molestarle demasiado todo lo que huela a paz, verdad y justicia, porque su negocio siempre ha sido la guerra y la muerte. No nos olvidemos que defendía a bandidos. La JEP busca verdad, reparación y no repetición en casos pendientes de las FARC, pero también lleva casos contra agentes del Estado y paramilitares. ¿A quiénes quiere beneficiar Abelardo desmontando la JEP? ¿Será que la verdad incomoda cuando puede alcanzar a quienes alguna vez defendió?"

Por su parte, el presidente De la Espriella sostuvo que "hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales. Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando".

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"El presupuesto de una entidad pública no se fija únicamente con base en lo que esa entidad pide; se define teniendo en cuenta los recursos que realmente existen, las necesidades del Estado y las prioridades de todos los colombianos", precisó. Y agregó: "La JEP no está exenta de críticas. Durante años se le reclamó la ausencia de sentencias. Las primeras decisiones restaurativas llegaron tardíamente, en 2025, y considero que el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático".

Desde la otra orilla, Ramelli dijo que el recorte presupuestal a la JEP "afecta su independencia y autonomía judicial y pone en riesgo las garantías de las víctimas y comparecientes que participan ante ella". Asimismo, remarcó que de aprobarse esta solicitud, se incurriría en "un incumplimiento de los compromisos expresamente asumidos por el Gobierno de Colombia en el Acuerdo de Cooperación suscrito con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el 28 de octubre de 2021″.

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"La reducción propuesta tendría un impacto directo sobre el rubro destinado a la adquisición de bienes y servicios y equivaldría aproximadamente al 62% de los recursos previstos para este concepto en el proyecto de presupuesto. Esta situación se sumaría a una desfinanciación acumulada de COP $84.663 millones (USD 28 millones) que actualmente enfrenta la Jurisdicción", puntualizó.

El presidente De la Espriella cuenta con las mayorías en el Congreso lo que se refleja en 180 curules -incluyendo los partidos tradicionales como Centro Democrático, Liberal, Conservador, de la U, entre otros-. La propuesta de la reducción presupuestal para la JEP llega al Legislativo durante el primer año de gobierno, por lo que, a pesar de las tensiones que existen con el Ejecutivo, la relación se mantiene a su favor.

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