Abelardo de la Espriella llega al poder en medio de una crisis humanitaria a raíz del crecimiento de la violencia a manos de grupos ilegales, una seguridad debilitada derivada de la fallida política de paz total de la administración saliente y advertencias internacionales sobre las desigualdades en la implementación del Acuerdo de Paz. Su estrategia, da un giro de 180° y se vuelca a una ruta de seguridad en la que “no negociará con bandidos”. ¿Cuál es el panorama detrás de los resultados de la política de la saliente administración que recibe De la Espriella?
Desde distintos sectores, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño, el expresidente Juan Manuel Santos y desde la administración entrante, se han cuestionado los resultados de la política de paz total.
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Según esas voces, la estrategia en este sector, que ahora asume De la Espriella, estuvo acompañada por un incremento del secuestro y la extorsión, además del fortalecimiento de las estructuras criminales y su control sobre los territorios. También sostienen que no logró reducir el conflicto armado y, por el contrario, permitió que los grupos ilegales consolidaran su poder.
De las 10 mesas de paz que abrió el presidente Petro, De la Espriella recibe siete que se mantienen activas en el papel, pero solo una, la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, sigue en firme y con avances tangibles.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, las principales organizaciones armadas ilegales incrementaron el número de sus integrantes entre 2024 y 2025. El mayor crecimiento lo registró el Clan del Golfo, que pasó de 7.551 a 9.840 miembros, lo que representa un aumento del 30 %. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano terminó 2025 con 2.089 integrantes, un 25 % más que el año anterior. Por su parte, el Estado Mayor de Bloques y Frente, disidencia liderada por alias “Calarcá”, alcanzó 2.958 combatientes tras crecer un 22 %, mientras que el Eln aumentó un 9 % y llegó a 6.810 integrantes.
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En la misma línea, un informe reciente de la Fundación Conflict Responses (Core) concluye que entre 2018 y 2025 todas las organizaciones armadas ilegales fortalecieron sus capacidades militares, económicas y políticas, ampliando su influencia en distintas regiones del país.
En esas dinámicas, los impactos humanitarios han sido evidentes. Según la FIP el desplazamiento forzado aumentó en un 85 %, el confinamiento en un 12 %, así como el secuestro en un 113 % a 2025.
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Al balance sobre el deterioro de la situación de paz se suma otro elemento central con el que De la Espriella tendrá que lidiar: la implementación del Acuerdo de La Habana de 2016. El más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas indica que su ejecución continuó avanzando de manera gradual, aunque con resultados desiguales.
El documento advierte que aspectos fundamentales, como la reforma rural integral y la reincorporación de excombatientes, siguen enfrentando dificultades por la limitada presencia del Estado, problemas de articulación institucional y las condiciones de seguridad en los territorios afectados por el conflicto.
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De la Espriella asume el liderazgo de un país que atraviesa una compleja crisis de seguridad, en la que las comunidades, las víctimas del conflicto armado y la ciudadanía en general continúan siendo las principales afectadas por la violencia y cargan con las consecuencias de una guerra que, contrario a lo prometido por el presidente Gustavo Petro, no logró reducirse durante los últimos cuatro años.
En este panorama, ya ha anunciado que su estrategia no será nada similar a la de Gustavo Petro, de hecho, ha señalado que si de él dependiera, eliminaría “con un plumazo” algunos de los componentes del acuerdo de paz como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Además, afirmó que ordenó eliminar “consejerías, agencias y oficinas que duplican funciones” y trasladará esas competencias “a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia”, entre ellos afirmó que se acabará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y también la figura del Comisionado para la Paz, esas funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad: “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”.
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La idea de De la Espriella de eliminar las negociaciones de paz con los grupos armados no solo trae consigo la preocupaciones sobre qué pasará con la protección civil, sino con las Zonas de Ubicación Temporal, un mecanismo diseñado en el marco de la paz total del presidente Gustavo Petro para que miembros de los grupos armados hagan su tránsito a la vida civil. Asimismo, el próximo mandatario detalló que, a partir del 7 de agosto, el objetivo de su gobierno será “la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad”.
Esas declaraciones han generado fuertes críticas desde sectores cercanos al gobierno de Petro pero también por parte de promotores de la paz. El expresidente y nobel de Paz, Juan Manuel Santos ha asegurado en repetidas ocasiones que la Constitución indica que como jefe de Estado debe respetar el acuerdo de paz.
“Estamos hablando de alguien que ha dicho cosas directísimas respecto a su animadversión respecto al proceso de paz que se firmó. Ha dicho cosas como que estaría dispuesto a hacer lo necesario para que los guerrilleros que se incorporaron a la vida política vayan a la cárcel, directamente. Pero, nuevamente, una cosa es decir eso como candidato y otra cosa es enfrentarse a la comunidad internacional”, dijo el expresidente, quien no fue invitado a la posesión de De la Espriella precisamente por este tema.
Lo cierto es que se mantiene la incertidumbre sobre lo que depare en este contexto para todos los temas relacionados con la paz, pues aunque hay algunos pasos que debe seguir por mandato constitucional, como jefe de Estado, marcará la línea de manera clara y los esbozos de lo que viene, parecen dejar de lado todo tipo de proceso de paz para enfocarse en el sometimiento.
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Por Luna Mejía Farías
