La ausencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la última semana en el Congreso de la República, ha representado un retraso significativo para la agenda legislativa del gobierno nacional que podría derivar en el hundimiento de hasta seis iniciativas clave para la Casa de Nariño. El jefe de la cartera política mantiene una agenda paralela en el apartado judicial que repercutiría negativamente para los intereses del plan de gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Y es que el último periodo legislativo para la administración Petro ha sido objeto de numerosas adversidades en las que la “magia” de la que hizo alarde el ministro Benedetti hace más de un mes ha brillado por su ausencia. Sus objetivos estaban centrados en la aprobación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado y el arranque de la discusión en el proyecto de ley de sometimiento para dar piso jurídico a la paz total. Ninguno ha prosperado.
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Asimismo, también están abiertos los frentes de dar continuidad al ministerio de la Igualdad, hoy en la Comisión Primera de la Cámara, y la aprobación de la jurisdicción agraria que su antecesor, Juan Fernando Cristo, logró impulsar hasta las plenarias de Senado y Cámara, con acuerdos en las dos corporaciones. Sin embargo, ambos casos también peligran por su hundimiento.
Y es que son varios los casos que han truncado la agenda de Armando Benedetti y que colateralmente han afectado al desarrollo de estas iniciativas en el Congreso. El último se refiere al procedimiento realizado por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en medio del caso por el llamado carrusel de las pensiones de profesores en Córdoba.
El “allanamiento” que denunció Benedetti comprometió su agenda legislativa en una semana en la que la Comisión Séptima mantuvo en firme la suspensión para discutir la reforma a la salud por falta de aval fiscal. En la sala que es dirigida por el senador Miguel Ángel Pinto (Liberal) se insistió en que, al no haber una fuente de financiación real para esta reforma, resulta inviable su trámite. A ello se suma el argumento del propio ministerio de Hacienda por atar el presupuesto de este proyecto a una ley de financiamiento que tan siquiera se ha presentado al Congreso.
En este sentido, aunque Benedetti sí presenció algunas de las discusiones que arrancaron en el mes de septiembre, su mediación para la aprobación de la iniciativa no ha sido suficiente. Es más, previo al debate, el jefe de la política del gobierno Petro aseguró que se requería de “magia” para aprobar la iniciativa y que, de lograr su aprobación, se le debía “elevar una estatua”. La afirmación se alineaba por el éxito del trámite de la cirugía al sistema laboral, que finalmente fue sancionado en julio pasado.
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Ahora bien, para este caso, aunque Benedetti ha denunciado públicamente, lo que bajo su concepto son una serie de dilaciones de la mesa directiva de la célula y algunos senadores, el bloqueo se mantendrá hasta tanto no exista ese soporte fiscal que es exigido por los sectores de oposición e independientes de esta sala.
A lo anterior también se suma que en esta controversia con la magistrada Lombana, el ministro la calificó como “demente, loca y delincuente”, afirmando además la existencia de una “persecución” en su contra. Al respecto, el eco de estas palabras recaló en el Congreso, puntualmente en la Cámara de Representantes, donde más de una veintena de congresistas rechazaron los señalamientos, pero, además, permitió que varias bancadas siguieran con las trabas para la discusión de la jurisdicción agraria.
Si bien la Cámara ha respondido de forma positiva a la administración Petro, las más recientes votaciones de importancia para la Casa de Nariño han necesitado de la presencia de Benedetti para su aprobación. Por ejemplo, esto se evidenció en la discusión del monto de presupuesto del 2026 en las que solo un mensaje del ministro bastó para que la Comisión Tercera de Cámara rompiera el quórum de la sesión desarrollada el 11 de septiembre.
Ese movimiento permitió que la proyección presupuestaria se mantuviera sobre los 556,9 billones de pesos para el próximo año, para luego, ya en plenarias, solo permitir un recorte de COP 10 billones.
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Ahora, para el proyecto que compromete el futuro de la reforma agraria, la ausencia del ministro ha sido determinante. Pese a estar agendado dentro de los primeros puntos del orden del día de la Cámara por hasta tres semanas, este ha sido modificado por iniciativa de la oposición, dilatando su discusión.
Algunos de sus ponentes y principales valedores de diferentes sectores sí han señalado que hace falta la presencia del ministro para evitar la “fuga o ausencia” de congresistas que suelen corresponder al Gobierno. En el capítulo más reciente quedó registrada la ruptura de quorum –debilitado desde el inicio de la sesión de este miércoles – que encabezaron desde Centro Democrático y Cambio Radical para esta discusión. A ellos se sumaron figuras del Verde, Liberal, Conservador y La U, bancadas que, en su mayoría, ha respaldado los proyectos de la Casa de Nariño.
Dentro de la bancada del Pacto Histórico se ha señalado que la “articulación política” que logra Benedetti sí ha permitido el trámite de proyectos varios en el Congreso, pero que su ausencia también ha determinado el estancamiento de algunos otros.
En lo que respecta a la reforma agraria, quien ha tenido que apersonarse de esta aprobación es la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien, respecto a la aprobación en comisiones primeras en diciembre del año pasado, “hoy se encuentra sola”, dicen voces de la Cámara. En el ministro del Interior no cuenta con Cristo, y Benedetti no ha podido acudir a su respaldo. Tampoco hay ministro de Justicia en cabecera que impulse el proyecto. En aquella oportunidad Angela María Buitrago jugó un papel clave para superar los primeros debates.
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Sin embargo, en el caso de la reforma a la salud, el senador Ferney Silva aseguró a El Espectador que esta iniciativa se encuentra “estancada” más por cuestiones políticas y de la agenda opositora, “que por la ausencia de un ministro”. Ahora bien, quienes han tomado la batuta en la Comisión Séptima han sido los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y Hacienda, Germán Ávila. El primero tiene una “rencilla” que ha trascendido la línea de lo personal con algunos senadores, mientras el segundo no ha logrado sustentar los avales presentados a la sala.
Y no suficiente con ello, el procedimiento encabezado por la magistrada Lombana es tan solo el primero de los cerca de siete que comprenden el dossier de Benedetti. En ellos se encuentra, por ejemplo, el caso de Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), en el que también se encuentran vinculados otros caciques de la política como Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías. Asimismo, están pendientes por desarrollo el caso por presunto tráfico de influencias en Certicamara; una presunta compra de votos en La Guajira; o presuntas irregularidades en la Fiduprevisora.
Con todo esto, lo que sí ha quedado en evidencia es que en el oficialismo hay un respaldo unánime por parte tanto de funcionarios como de congresistas. De hecho, el primero en dar respaldo a Benedetti ha sido el presidente Gustavo Petro, quien calificó el procedimiento del pasado martes como “un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio”.
Y si bien el mandatario buscó punto medio asegurando que “tanto la actitud de la víctima, Armando, como la actitud desobligante de una juez incriminada por sesgo ideológico en su juicio, son incompatibles con el desarrollo de una justicia independiente”, todo el aparato estatal se ha ido en favor de Benedetti. Ello se evidenció con los pronunciamientos de algunos ministerios y entidades.
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