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Berenice Bedoya, senadora antioqueña que busca reelegirse este año como parte de la coalición Alianza Verde-ASI, está bajo la lupa de la justicia y de la opinión pública por la denuncia de presuntos cobros a un exintegrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Según contó Sergio Mesa, el denunciante, tuvo que entregar cerca de COP 30 millones de su salario entre abril y diciembre de 2024 al yerno y a la hija de la senadora para mantener su trabajo.
Mesa y algunas veedurías ya denunciaron los hechos ante la justicia, mientras en el ámbito político hay voces que piden investigar a fondo. La controversia incluso ha generado que integrantes de la coalición que la avaló pidan reevaluar la alianza. “Las acusaciones contra la senadora Berenice Bedoya sobre, una vez más, la consabida modalidad de congresistas que le retienen parte del salario a integrantes de las UTL, son gravísimas. Mi solidaridad con su exasesor. Debería evaluarse su expulsión de la coalición a Senado de la que hace parte mi partido”, dijo la representante Catherine Juvinao.
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Este no es el único caso de presunta corrupción que enreda a la congresista, pues también hace parte del expediente que enreda a una docena de legisladores por el robo de los dineros de la Ungrd. En este contexto, Berenice Bedoya ha sido mencionada en la supuesta trama del Gobierno y Olmedo López, entonces director de la entidad, para conseguir los votos de la reforma pensional.
“El 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate y acordó con Peralta Epiayú gestionar proyectos dentro de la Ungrd para congresistas de la Comisión Séptima, entre ellos Berenice Bedoya. Además, Peralta Epiayú le pidió atender a los congresistas de la coalición y direccionar la contratación de la entidad a favor de esos parlamentarios”, aseguró la fiscal del caso, María Cristina Patiño.
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La senadora Bedoya también aparece mencionada en chats y documentos revelados por la Fiscalía, que darían cuenta de que en junio de 2023 habría conversado con López sobre un proyecto en Casanare, Meta y Risaralda. Pese a los señalamientos de la Fiscalía, ni Peralta ni Bedoya han sido imputadas.
Como lo contó El Espectador, la congresista también está relacionada con la llegada de cuotas políticas al Fondo de Adaptación; de hecho, el nombre de su yerno, Johan Steven Londoño, también aparece en este caso. Él fue nombrado subgerente de proyecto en la entidad y, durante el tiempo que ejerció ese cargo, contrató a varios aliados, asesores y hasta financiadores de las campañas de Bedoya.
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Este diario estableció que tres días después de llegar a la entidad, en pleno debate de proyectos claves en la Comisión Séptima del Senado, que integra Bedoya, Londoño entregó más de una docena de contratos a aliados y cercanos de su suegra y del partido que preside, la Alianza Social Independiente (ASI). La avalancha de firmas inició el 17 de diciembre con la contratación por COP 43 millones de Russell Ramírez, quien se define como abogado y militante de ASI y a quien Bedoya llevó al Congreso como contratista de la Comisión Séptima.
En la lista también está Juan José Poveda Daza, quien recibió un contrato de COP 85 millones en la Subgerencia de Proyectos y hace parte del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del ASI. Otro de los casos llamativos es el de Joaquín Emilio Zapata, contratado por Londoño por un valor de COP 117 millones en total, lo que implica un sueldo mensual cercano a los COP 10 millones. Zapata no solo es cercano a Berenice Bedoya en materia política y ha trabajado en varias entidades de municipios antioqueños donde ella es influyente, sino que también es financiador de sus campañas, pues en 2022 le hizo un aporte de COP 20 millones.
En ese momento, la senadora negó que ASI tenga cargos en el Gobierno y dijo que no tuvo que ver con el nombramiento de Londoño y que no le “sorprende” que sus asesores puedan ser considerados para trabajar en otros espacios. Londoño, por su parte, le dijo a este diario que fue retirado del cargo hace ocho días y que “las pocas personas que fueron contratadas para acompañar las actividades ligadas a la subgerencia, fueron consideradas por su capacidad, conocimiento y experiencia en el sector”. Finalmente, el ministro Benedetti negó que exista un acuerdo con los dos partidos mencionados y advirtió que las relaciones con ambos bloques están rotas desde la elección del magistrado Carlos Camargo (Corte Constitucional); agregó que no cree que respalden la reforma a la salud.
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