El último expediente en salir de la Comisión de Acusaciones con el nombre del presidente Gustavo Petro como acusado por el “tarimazo” en Medellín hace parte de una larga lista de procesos que hay en contra del mandatario y de los cuales ninguno tiene, a la fecha, una decisión de fondo. No se trata del único que ha tenido movimientos en materia de decisión, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió este jueves en una sala plena para tomar una decisión sobre la posible violación de topes de la campaña Petro de 2022.
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Ambas instancias han recibido sacudidas importantes en las últimas horas y esos pendientes serán definitivos no solo para determinar las responsabilidades en la organización que llevó a la primera fórmula de izquierda a la Casa de Nariño, también para la pelea que se seguirá calentando de cara a las elecciones de 2026.
Muchos ojos se posaron sobre el CNE por el significado que tendría una mayoría en la ponencia de Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal) con la que se que busca sancionar a la organización. Eso incluye una multa de unos COP 6.000 millones a figuras de la campaña —entre ellas el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fungió como gerente, así como María Lucy Soto (auditora) y Lucy Aidee Mogollón (tesorera)— así como a algunos de los partidos que integran la coalición del Pacto Histórico —Colombia Humana y Unión Patriótica— cuya sanción sería de más de COP 580 millones.
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Para completar una mayoría en ese órgano se necesitan seis votos de los nueve magistrados que integran la sala. Y las cosas se complicaron cuando se tiene en cuenta que dos de ellos no estuvieron presentes: la magistrada recusada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) y Álvaro Echeverry, quien llegó por postulación del Colombia Justa Libres a reemplazar a César Lorduy y se declaró impedido para participar por haber sido parte del equipo de veeduría del Pacto Histórico. Eso dejó a siete integrantes presentes en la votación.
Sumándose a los ponentes, votaron favorablemente Maritza Martínez (Partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Altus Baquero (Partido Liberal). La magistrada Fabiola Márquez (Pacto Histórico) fue por el “no”, así como Cristian Quiroz (Alianza Verde).
Con esa división, se rompió la mayoría que había calculada para respaldar la ponencia, por lo que la decisión quedó 5 a 2 y pasó a manos de conjueces. El expediente llegará a manos de Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab, postulados por Márquez y Prada, respectivamente, para que decidan. Eso podría tardar todavía unas semanas.
En todo caso, esa determinación de la sala golpeará, de una forma u otra, a la Comisión de Acusaciones. No han sido pocos los señalamientos que se han dirigido contra el triunvirato encargado de ese mismo proceso que se lleva en contra del presidente Petro, en que están dos integrantes de su bancada, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, y el representante Wilmer Carrillo (Partido de la U) por no avanzar en las indagaciones. Incluso, con la elección de la representante del Pacto Histórico como presidenta de esa célula legislativa junto con María Eugenia Lopera (Partido Liberal) como vicepresidenta, pocos ven posible que esta llegue a una decisión en los próximos meses.
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Pero una sacudida reciente a la comisión podría abrir la puerta a pasar a instancias judiciales. Este miércoles se conoció que la Procuraduría abrió una indagación previa contra el representante Juan Carlos Wills (Partido Conservador) por no dar trámite oportuno a una denuncia sobre la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana. La apertura ocurre en un contexto más grande: el del allanamiento de una casa de propiedad del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el marco de una investigación que lo señala de haber, presuntamente, favorecido una empresa de Euclides Torres.
Ahora, que el ministro haya presentado no solo una queja, sino además una tutela contra la comisión y el mismo Wills, para que avanzara el proceso sería un precedente clave en esa célula legislativa. Como le dijeron a El Espectador fuentes enteradas, esto prepararía el terreno para que se hiciera lo mismo en casos como el de violación de topes de campaña, que lleva años sin una decisión de fondo. A diferencia, por ejemplo, del CNE, las investigaciones que pasan por la Comisión de Acusación no tienen prescripción, pero las movidas en ese órgano electoral representan un campanazo para la Comisión.
Esa no es la única investigación que está en curso contra el mandatario. Entre las más sonadas en las últimas semanas están las que se abrieron por las cartas abiertas a la opinión del excanciller Álvaro Leyva: la primera es disciplinaria —de la que están encargados los representantes Carlos Cuenca (Cambio Radical), Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) y Wadith Manzur (Partido Conservador)— por el consumo de estupefacientes que se le atribuye al mandatario en diversos viajes. De ella nació luego una penal por falsedad ideológica en documento público, en la que están, además de Cuenca, los representantes Jorge Tovar (Citrep) y Daniel Restrepo Carmona (Partido Conservador).
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Y la última que abrió un capítulo implicando a autoridades judiciales es la del “tarimazo” del evento de “Paz Urbana”, en el que exjefes criminales estuvieron junto al mandatario. Los representantes investigadores son Cuenca, Carrillo y Manzur, y este miércoles se produjo un auto de trámite con el que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Justicia, la Presidencia de la República y el CNE quedaron conectados a la investigación para entregar las pruebas sobre la presencia de estas figuras. Incluso, va más allá, pues indagará sobre la posible participación en política del mandatario al invitar a la tarima al hoy precandidato presidencial Daniel Quintero.
Lo cierto es que las movidas en los próximos meses serán claves para el rumbo que tomará la confrontación política, especialmente del lado de la izquierda, que está vigilante sobre las posibles sanciones que caigan sobre las colectividades que integran el partido unitario que quieren consolidar —y que también es motivo de enfrentamiento con el CNE— de cara a 2026.
Nota de la redacción: El magistrado Altus Baquero pidió dejar claro que su voto fue otorgado a favor de la ponencia presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.
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