El presidente Gustavo Petro viajará a Cuba este viernes y será su último viaje como mandatario. ¿Qué se espera de esta visita?
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Es una visita de Estado que se había ido aplazando y que es necesaria en cuanto el presidente Gustavo Petro ha sido un adalid de la soberanía territorial y de la autonomía. Somos un país agradecido con Cuba por todos los servicios que ha prestado siempre en apoyo a los procesos de paz, al haber sido un país facilitador y acompañante de lo que fue el Acuerdo de 2016 con las Farc y la posterior implementación de acciones de cooperación: hay mil estudiantes que son familiares e hijos de los desmovilizados y cursan sus estudios de medicina en este país.
Entonces, habida cuenta de que las Naciones Unidas se pronuncia cada año en contra del bloqueo que hay contra Cuba y de que hacemos parte del Consejo de Seguridad, pues irá el señor presidente, la embajadora Leonor Zalabata, que es la delegada ante la Misión ante las Naciones Unidas, y yo. Estaremos allí en una visita muy corta para hablar con el presidente de Cuba [Miguel Díaz-Canel], para saludar a los alumnos que están allí y que tienen incertidumbre en qué va a pasar con estos procesos tan importantes de consolidación de la paz. Ese es el objetivo.
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Esto se da en el marco de los anuncios del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella sobre el rompimiento de relaciones con ese país y con Nicaragua. ¿Cuál es su perspectiva sobre ese “timonazo” que se viene en materia de política exterior?
Por lo dicho, habría un retroceso, no podemos llamarlo de otra manera. Es un retroceso en lo que Colombia ha querido hacer durante estos cuatro años, que es abrirse al mundo, diversificar relaciones. Cerrar misiones diplomáticas es una equivocación porque no tiene justificación ni desde el punto de vista económico. Por ejemplo, con Argelia, que es la entrada al Magreb, nuestra balanza comercial es absolutamente positiva. Hemos ido pasando de comercio de USD 1,5 millones del 2023 a USD 34 millones el año pasado; en lo que va de este año, van USD 20 millones de enero a abril. No son productos mineroenergéticos, son productos sobre todo agropecuarios, carne bovina, banano y café.
También importa la cantidad de vínculos que se han establecido en términos culturales y la importancia de que Argel haya votado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con nosotros. Hay una serie de propuestas compartidas. Indudablemente, los países que van a ser afectados no entenderían por qué se cierran estas misiones y, pues, nosotros lógicamente no estamos de acuerdo.
Otro de esos cambios es que el gobierno entrante no apoyará la denuncia de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia…
Tiene que ver con un cambio en la concepción y en la defensa de los derechos humanos. Colombia ha estado totalmente apegado a los principios de las Naciones Unidas en el respeto al derecho internacional y el país ha tenido un caso que nunca se abrió por todo el genocidio de la Unión Patriótica y por todas las violaciones de derechos humanos del paramilitarismo vinculado a la política y a las fuerzas de seguridad. Es un retroceso debilitar un organismo que es garante de que la impunidad no deba existir en un mundo que quiere la paz, que debe abordar grandes retos de movilidad humana y del cambio climático. Son muy desafortunados estos anuncios. Otra cosa será si finalmente se realizan.
Como Cancillería están encargados de parte de la logística de la posesión del 7 de agosto. ¿Cómo ha sido la comunicación con el equipo de De la Espriella, teniendo en cuenta que el empalme se levantó?
Nosotros hemos dado una información con evidencias a nuestro pueblo sobre las acciones que se han hecho y nuestros logros. Ellos, evidentemente, tienen en la página web del Departamento Nacional de Planeación toda la información de los diferentes ministerios, de lo realizado y, además, han presentado una batería de derechos de petición con más detalle. [Este viernes] vence el plazo y serán entregados para la información que ellos piden. Ha sido de poca o nula comunicación.
Como saben, hubo la idea de hacer la posesión en el Cauca, después ya no ha sido posible. Ahora será a puerta cerrada en un auditorio de una universidad en Cali, es una decisión de ellos. Nosotros, en lo que compete de enviar las invitaciones a quienes ellos han decidido, pues las enviaremos, y yo estaré el día 6 de agosto, como corresponde, para recibir a los jefes de Estado y a los cancilleres con el cuerpo diplomático. Ese día terminan mis funciones. Hemos cumplido hasta el último día con el mayor respeto a la diversidad, a la decencia y al pluralismo político, cosa que esperamos que este nuevo gobierno también practique como país democrático que somos.
¿Desde otros Estados les han manifestado dudas o preocupación alrededor de la seguridad de sus delegaciones?
Lo que pasa es que ir al Cauca, que es una zona que, para nadie es secreto, tiene tensiones internas porque actúan grupos ilegales armados que ejercen violencia, pues realmente es inconveniente. Hay países que requieren de tiempo, preparación y planificación. Todo esto ha sido desordenado, pero por cuenta de las ocurrencias que han tenido para hacer el traspaso. No obedece a nosotros, es una iniciativa de ellos.
Nosotros estamos aquí para hacer nuestro trabajo, y hasta ahora es que se han podido enviar las invitaciones. Es que puede resultar para algunos países tardío porque es planificar un viaje, nombrar una delegación y en Europa muchos países están de vacaciones. En fin, no se hizo con la suficiente antelación, no por nosotros, sino que ha sido por la improvisación y por el querer hacerlo en lugares donde no había la logística, donde no era procedente y al final han decidido cambiar.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha solicitado que se frenen los nombramientos en el servicio diplomático y en la Cancillería. Ustedes han respondido que tienen, como gobierno, la potestad para hacerlo hasta el 6 de agosto. Pero lo cierto es que sí han sido varios los movimientos ad portas del final del mandato presidencial…
El gobierno Petro está hasta el 6 de agosto. Es que es un tema falso, absolutamente falso, porque hay un cuerpo diplomático que cumple unas alternancias y que tenía solicitadas unas beneplácitos a unos países que no lo dan de un día para otro. Eso ha salido en esta etapa y, sin embargo, los decretos no se hacen, pero es un derecho que ellos tienen en función del decreto que rige la carrera diplomática. Otro tipo de vacancias han ocurrido porque se ha ido la secretaria general, entonces se ha nombrado a un embajador que tal vez esté interino para cubrir, porque no puede dejar de estar una secretaría.
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Un traspaso de Gobierno no significa que el país se tenga que paralizar. El país tiene una administración y tiene una población que necesita ser atendida con los programas que haya, con la política pública, y eso es lo que hemos hecho: programas de retorno, programas de asistencia a connacionales y trámites, todo. No se va a paralizar el Estado porque alguien se vaya a posesionar. Lo que nosotros hemos hecho es dar el curso a la normalidad que debe tener un Estado. Parecería más bien que lanzar esta duda tenga que ver con el afán de poder copar todo el Estado, pero existe una carrera diplomática y una carrera administrativa donde hay unos derechos laborales que hay que respetar y eso funciona aquí en la Cancillería.
¿Cuál es el balance de la relación con Estados Unidos?
Al encargado de negocios, el señor Hugo Guevara, se le entregó el lunes el beneplácito que le da el gobierno Petro para que venga un embajador, porque durante este tiempo no hubo y es deseable que haya. Ellos tienen su procedimiento, cuando lo cumplan y elijan a uno, pues él tiene el beneplácito. En términos de la movilidad humana y las deportaciones, le corresponde al gobierno que entra decidir si va a permitir que los colombianos que sean deportados vengan con cadenas y con esposas. Este gobierno no permitió este procedimiento, que es el de Estados Unidos, y la semana antepasada, llegó el último vuelo que se había pagado a la Fuerza Aérea para traer a los connacionales.
Hemos hecho campañas pedagógicas para que la gente haga una migración responsable, segura y también para mostrar que el sueño americano no existe, que es mejor buscar opciones de desarrollo en los territorios. Muchas políticas se han apalancado para llevar la paz y el desarrollo a las regiones. En todo caso, si la gente decide emigrar, pues que lo haga de manera segura a países donde haya un respeto por los derechos humanos y también tengan oportunidades laborales.
En la reunión que hubo con el encargado de negocios de Estados Unidos, Hugo Guevara, no se habló de sacar al presidente Gustavo Petro de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés). ¿En qué va eso?
El presidente Petro habló con el presidente Trump después de las elecciones del 21 de julio. Él dijo no saber que el presidente estuviera en la lista Ofac. Es una sanción administrativa y ahí no hay ningún tema penal ni punitivo. El presidente no tiene ninguna investigación de orden penal y no tiene ninguna sentencia, sino que es una imposición que hace Estados Unidos al mundo para sancionar las posibilidades de viaje y de manejo de las cuentas. Esperamos que salga de ahí porque no hay ninguna justificación, eso obedeció al hecho de que el presidente posicionó lo que pasaba en Palestina como un genocidio y Naciones Unidas le ha dado la razón. Esperamos que haya una solución favorable en las próximas semanas.
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Una de las banderas del “Gobierno del cambio” fue el nuevo esquema de expedición de pasaportes. Una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar, pero persisten los riesgos señalados por la Contraloría y la Procuraduría…
Para quienes tienen dudas todavía de si Colombia merece o no merece tener soberanía digital, tener el control de los datos personales y la protección de estos a la hora de sacar un pasaporte: el nuevo modelo funciona al 100 %. Está absolutamente blindado desde el punto de vista jurídico. Hay intereses de orden económico comprometidos por parte de terceros para que esto vuelva a manos de privados y esta información de los ciudadanos pueda ser manipulada al no tener la preservación en la autoridad de un Estado y sus entidades.
El Consejo del Tribunal de Bogotá ha emitido sentencia que hace jurisprudencia sobre las medidas cautelares que piden que se detenga la emisión de los pasaportes. Ha dicho que no es procedente porque este proceso está normalizado, está blindado, es absolutamente legal y protege a los ciudadanos. Todo lo que se haga de ahí para adelante tendrá que ver con las autoridades, pero no hay ningún riesgo de que el sistema vaya a fallar. Yo entiendo que después de tanta privatización, no se pueda entender la dimensión de lo que es la soberanía digital para un Estado.
¿Y existen las capacidades en la Imprenta Nacional para garantizar la producción de pasaportes?
Tenemos una imprenta pública que, por ley, obliga a todas las instituciones a que los documentos de orden institucional se emitan allí. Tenemos pues una empresa pública que está destinada para eso, que fue dotada y que fue modernizada, eso le da mayores capacidades al Estado. Si esas competencias y esa dotación de capacidades no se entienden, pues significa que la idea es que sigamos dependiendo de terceros y no desarrollemos nuestras entidades. Eso fue lo que se propuso y lo que se hizo, desarrollar nuestras propias capacidades.
Es decir, frente a las alertas que hicieron la Contraloría y la Procuraduría, ¿la versión de la Cancillería es que no existe ningún tipo de riesgo, ni siquiera financiero?
No, absolutamente ningún tipo de riesgo. Como digo, hay una arquitectura jurídica que blinda perfectamente, que le da toda la legalidad y hay un contrato con la imprenta que es una empresa pública que se ha fortalecido, que se ha modernizado, que ha adecuado sus instalaciones a la normativa de la OACI para manejar este tipo de documentos y que está funcionando. Tengo que decirle a los agoreros que no pasó nada de lo que dijeron: que no íbamos a emitir pasaportes y que esto se iba a caer. Nada de eso pasó, nunca hubo esas crisis. El nuevo gobierno tendrá que dar cuenta de lo que haga en ese sentido.
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Por supuesto que ha habido gente con su legítimo derecho de presentar demandas de medidas cautelares, pero hoy por hoy ninguna ha prosperado. Hay una sentencia del Tribunal de Bogotá que hace jurisprudencia para todas las que puedan venir posteriormente, si es que se presentase.
Usted es la última canciller de esta administración. Hubo tres personas antes que usted —Álvaro Leyva, Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo—, ¿qué balance hace de su periodo en la cabeza de la Cancillería?
Nosotros hemos hecho un empalme público donde hemos mostrado con evidencia los logros. Tenemos la evidencia de que se creó un Viceministerio de Migraciones por la importancia que tiene y por el papel que juega Colombia respecto de las migraciones que salen, que llegan, que retornan. Creamos el nuevo sistema y modelo de pasaportes y se han emitido cerca de 400 mil libretas sin que haya ninguna incidencia, con la máxima seguridad y con la calidad de los estándares que plantean las organizaciones internacionales. Generamos un despliegue de diversificación de nuestras relaciones, logrando flujos comerciales importantes para los productos que son de los territorios y que proceden de la sustitución de cultivos.
Generamos y ejecutamos una política de lucha contra las drogas, a pesar de la descertificación, que fue una medida política. Hay evidencia de que nosotros encontramos al país con 263 mil hectáreas sembradas de coca y a partir del gobierno Petro esa cifra se detuvo. En este momento, ha decrecido en un 8 %. Tenemos una política de sustitución de más de 32 mil hectáreas en las que han sembrado cultivos distintos a la hoja de coca, 15 mil de ellas están en plena producción. Se desplegó una actividad coherente en los territorios y la política exterior sirvió a la gente. Esto es un proceso que es de mediano o largo plazo, y la invitación es a que continúe para consolidar la paz. Si no, habrá mucha conflictividad en los territorios.
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Por María José Barrios Figueroa
