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Congreso se alista para mover pulsos de tierras: casos clave están en Atlántico y Santander

La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado prepara los primeros pasos para resolver casos que comprometen miles de hectáreas de tierra y billones de pesos en recursos para las regiones.

En la comisión se exigió mayor claridad sobre los contenidos, tiempos y viabilidad de la futura Ley de Competencias. @MinInterior
La Comisión tendrá que revisar al menos 13 expedientes que reposan en esta sala.
Foto: Redes S

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La Comisión de Ordenamiento Territorial retomará sus actividades con el estudio de algunos casos que se tendrán que mover para la resolución de conflictos de tierra entre varios departamentos. En concreto son 13 casos que esperan por un concepto del Senado y de la Cámara con el que puedan resolverse expedientes que siguen engavetados en el Capitolio. Atlántico, Santander, Norte de Santander y Cesar acaparan el grueso de pleitos en el que están en juego billones de pesos para los departamentos.

El primero que presentará acciones concretas es el que compromete a Barranquilla y Puerto Colombia. Ese pleito en el norte del Atlántico en el que se disputan 1.402 hectáreas en una reputada zonas de la región tendrá que tener la luz verde para la realización de sus primeras audiencias públicas. La ponencia ya fue presentada, pero hasta este próximo miércoles 14 de octubre serán votadas. La proyección en esa propuesta, según conoció El Espectador, es realizar la convocatoria en capital atlanticense el día 23 de este mes.

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Esa histórica contienda hoy tiene en el centro de la discusión a las estructuras políticas de los Char, los Torres y, de hecho, también entró el presidente Abelardo de la Espriella, celebrando un concepto que resulta favorable a Barranquilla y le entrega más de 1.000 hectáreas. Esos terrenos hoy comprenden el corredor universitario y los complejos habitacionales de Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, dos de los más exclusivos del Atlántico. Ambos son proyectados como puntos de potencial crecimiento para vivienda y comercio.

Para este expediente, tanto en Senado como en la Cámara la responsabilidad estará en filas del Centro Democrático, pues los presidentes de esas salas son el senador Carlos Meisel y el representante Daruin Castellanos. El primero será el ponente del caso por el que en Barranquilla ya presionan para su resolución. Este expediente tiene una fecha límite, pues tras su llegada al Congreso, cuenta solo con año para su aprobación o el concepto remitido por el Instituto Geológico Agustín Codazzi (Igac) quedará en firme.

Pero esa misma sala también se alista para mover casos que comprometen a Norte de Santander. En efecto, la Comisión de Ordenamiento Territorial debe evaluar un caso que desde 2024 no presenta movimiento. Se trata de la disputa por poco más de 600 hectáreas en los límites que ese departamento comparte con Boyacá: la pelea se da por competencias en municipios de Cubará (Boyacá) y Toledo (Norte de Santander).

Esa es una zona estratégica en la que se ubica un yacimiento que desde principios de este año está bajo administración de Ecopetrol. Son 27 millones de pies cúbicos de gas diarios que se extraen de la planta Gibraltar, ubicada en el corregimiento homónimo y que es la manzana de la discordia de estos dos departamentos. Allí también se configura un corredor fronterizo con Venezuela y también tiene presencia el resguardo Indígena Unido U’wa.

En contexto: En solo cuatro expedientes limítrofes engavetados en el Congreso se disputan 7.000 hectáreas

En diciembre de 2024, una ponencia construida por la representante araucana Karen Manrique –vinculada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo– le dio a Boyacá el guiño con el que la administración de Carlos Amaya tendría el control pleno de esa zona en el corregimiento de Gibraltar. La decisión, según dijo en ese momento la congresista detenida, se sustentó en la “historia y el arraigo cultural” con la región boyacense. Dos años antes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ya había fallado a favor de Boyacá para recibir más del 99,5 % de las regalías que genera anualmente la planta Gibraltar y que quedaron en manos de Cubará. Eso representó COP 2.486 millones procedentes del presupuesto del Sistema General de Regalías entre 2025 y 2026 para inversión. Toledo tan solo recibe el 0,40 % de esas transferencias.

Se espera que el caso tome vuelo en la COT, pues requiere de un concepto por parte del Senado. Esa corporación debe emitir concepto que, de ser favorable a Boyacá, pasaría a votación en la plenaria de la Cámara Alta. Otro caso que corre la misma suerte es el que quiere determinar el control de tierras en más de 6.000 hectáreas que, en su mayoría, situadas en el Páramo de Santurbán.

Este litigio tuvo su apertura durante el mandato de Didier Tavera como gobernador de Santander y de William Villamizar de Norte de Santander. El reclamo llegaría por esas hectáreas, además ubicadas en una zona calificada como reserva ambiental. No obstante, en los últimos años se extendió la minería ilegal en el Páramo, tocando sectores que se disputan Santander y Norte de Santander. Y es que algunas proyecciones apuntan a un amplio potencial minero energético que tendría Santurbán. Es por ello que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella derogó la resolución 0994 del 6 de agosto, con la que la anterior administración estableció una polémica protección especial de ese sector. No obstante, en la resolución 1037 del 13 de agosto esa medida se revocó. Como reportó este diario, ese caso también espera tener un nuevo movimiento en las próximas semanas en el Congreso.

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