Lo que pasó el martes a puerta cerrada en la Casa de Nariño, cuando al final de la tarde de ese 3 de junio un grupo de abogados les entregó una serie de conceptos jurídicos a delegados del Gobierno para que hubiese una justificación legal en torno al decretazo que se alista para la consulta popular, fue tan solo el preámbulo para el arranque público de una estrategia que se venía cocinando hace dos semanas en un círculo muy reducido de afines al oficialismo.
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Los mensajes a través de Line –la aplicación por la que se comunica el presidente Gustavo Petro– fueron constantes durante ese tiempo, pues el jefe de Estado les ordenó a sus asesores que le informaran al detalle sobre cada paso que se diera para poner a andar un proceso que, de fondo, lo que busca es forzar un llamado a urnas para medir el respaldo electoral que tiene el progresismo bajo la tesis de mover las reformas que en el Congreso no han tenido éxito.
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Eso ha sido discutido entre el gabinete y la bancada petrista, porque saben que las negativas que les viene dando el Capitolio a las iniciativas palaciegas –sumado a lo que pasó en la plenaria del 14 de mayo pasado cuando el Senado rechazó por 49 votos en contra y 47 por darle concepto favorable a la consulta–, son la gasolina que le hacía falta a la izquierda para recuperar el relato de la indignación que en 2022 la llevó al poder y que ahora usan para movilizar sus bases durante el epílogo de la actual administración.
De ahí que en otras dos citas privadas que se registraron el miércoles y jueves pasados, lideradas ambas por el presidente Petro, la instrucción fue mover de todas las formas posibles lo que el Gobierno considera es la principal necesidad oficial por encima de la turbulencia política y en parte económica que está sorteando el país.
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En ese propósito fueron claves los abogados Eduardo Montealegre y Yefferson Dueñas, quienes –como lo reveló este viernes El Espectador– han firmado contratos por más de $1.500 millones con la primera administración de izquierda pura, y el también abogado Luis Ernesto Vargas, actual embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ellos materializaron jurídicamente una idea que surgió desde el despacho del viceministro Jaime Berdugo y que contó con todo el respaldo político del ministro del Interior, Armando Benedetti, su jefe inmediato. La tesis es sencilla: acusar al Senado de una irregularidad por supuestamente no leer una proposición el día en que se hundió la consulta, presuntamente cerrar con prontitud el registro de votos para evitar que tres legisladores oficialistas dieran el sí y –de acuerdo con el relato petrista– cambiar el voto de un parlamentario de oposición que votó no, pero que para el Gobierno hizo lo contrario.
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Con eso en mente y sustentado con el arsenal jurídico de Montealegre, Dueñas y Vargas es que el presidente Petro y su ministro Benedetti salieron al unísono a desconocer lo hecho por el Congreso el pasado 14 de mayo; y, al hacerlo, decidieron promover la narrativa de que no hay pronunciamiento legal del Senado y que eso habilita a la Casa de Nariño a acudir al decretazo.
“Hicieron fraude y es un delito”, dijo Petro cargando contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), a quien graduó como uno de los “enemigos del pueblo” por no respaldar las posturas del Ejecutivo.
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“Todo lo que está pasando es por las vagabunderías de Efraín Cepeda. ¿Acaso no hay nada más democrático y sublime que preguntarle al pueblo por sus derechos laborales? Lo demás son unos presidentes de partidos tratando de hacerle daño al presidente Petro”, añadió Benedetti.
Y en medio de todo eso, justo en la noche del pasado viernes, se conoció un fallo de tutela que ayuda a mover estas narrativas, pues el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá resolvió a favor de la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) un recurso para que se reconociera su derecho a que se tramitara una petición formal que hizo sobre la votación de la plenaria del 14 de mayo pasado.
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“Se ordena al presidente del Senado, doctor Efraín Cepeda Sarabia, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia resuelva el recurso interpuso por la senadora (...), relacionado con el cierre de la votación para la aprobación o no de una consulta popular”, quedó explícito en el fallo.
Por supuesto, el presidente Petro y el gabinete en pleno salieron a aplaudir esa decisión advirtiendo que, desde su óptica, el fallo de tutela ratifica que sí “hubo fraude” en la plenaria de aquel miércoles. Y el senador Cepeda, por su parte, hizo públicas las respuestas que remitió a ese juzgado y a la senadora Pizarro informando que todo eso se había tramitado, por lo que ahora el debate está en si el Capitolio quiere desconocer la tutela, o la accionante indujo al error al juez o si es una providencia que se lee en clave política de acuerdo con el interés que tenga oficialismo u oposición.
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Justo este sábado, el presidente –horas antes de que se registrara el atentado en Bogotá contra el precandidato y senador Miguel Uribe (Centro Democrático), un hecho en el que se enfocó de llenó desde que se registraron los hechos pasadas las 5 de la tarde– les ordenó a todo su gabinete firmar el documento que se venía cocinando.
“Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”, dijo el jefe de Estado para notificar públicamente su siguiente paso en este proceso.
Pero, previo a esta noticia y en el marco de todas las movidas, fue que se acordó en Palacio dejarle la cartera de Justicia a Montealegre, quien además es reconocido como víctima dentro del juicio penal que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe –antagonista desde hace décadas del actual jefe de Estado–, lo cual brinda más fortaleza al discurso de potenciar escenarios diversos dentro del gabinete.
El también exfiscal General, con varias polémicas encima, es quien ha sustentado jurídicamente que el Acuerdo de Paz de 2016 tiene prevalencia por encima de la normatividad colombiana al ser un compromiso del Estado con Naciones Unidas, con lo que podrían usarse varios de sus apartados para “saltarse” otros poderes públicos como el Legislativo y eventualmente el Judicial.
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Todas estas movidas, que fueron coordinadas por el triunvirato que ahora manda en Palacio –los ministros Benedetti (Interior), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) y la directora del Dapre, Angie Rodríguez– para que no se filtraran detalles hasta que no se cocinara del todo por cuenta de la agitación que podía causar, y que en efecto desató, no solo se han basado en lo jurídico y en el juego de un ajedrez institucional.
Es por eso que en la noche de este 4 de junio Petro llamó al grueso de su bancada parlamentaria, mayoritariamente cobijada en el Pacto Histórico, para exigirle una defensa más férrea de la consulta y del proyecto progresista, porque el objetivo de reelegirlo en 2026 es al final de cuentas la principal apuesta del mandatario. Este regaño también fue para todo el gabinete.
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Y en la del día siguiente, que se dio pasado el mediodía, incluyó algunos de quienes son considerados activistas de izquierda, como el polémico exembajador en México Moisés Ninco Daza, quien coordina una serie de grupos que enfocan sus esfuerzos en la narrativa digital en favor de todo lo que hace el Gobierno.
Lo que esconden las movidas
El Espectador preguntó con varias fuentes del Gobierno, del Congreso y por supuesto del sector externo que respalda al mandatario por el trasfondo de todo este acomodo de fichas y confirmó que, sumado a la reelección del progresismo, lo que se quiere es “demostrar” que hay una institucionalidad que es “enemiga del pueblo” y que debe ser reestructurada.
¿Cómo se materializaría ese propósito? Forzando precisamente a la institucionalidad en varios frentes. Ya pasó con el Congreso, al cual se desconoció cuando hundió la consulta y le permitió al presidente Petro decir en plaza pública y en sus redes que supuestamente cometieron un delito y que el único interés es frenar el proyecto de izquierda. Y ahora el turno es para la Rama Judicial.
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El propio jefe de Estado ha venido endureciendo su tono hacia las altas cortes por las decisiones que no salen de acuerdo con sus intereses, como los dardos que lanzó contra el Consejo de Estado por sus fallos de doble militancia o de falta de idoneidad en algunos nombramientos, y por supuesto por los límites que estableció a las transmisiones de los consejos de ministros por canales privados. Eso mismo ha hecho, incluso, contra la Corte Constitucional, a la cual ha llegado a señalar de presuntamente darle prelación a intereses de petroleras.
Ahora con el decretazo de la consulta popular, que en todo caso podría frenarse si el Senado cambia de postura y acepta la reforma laboral tal y como salió de la Cámara –el Ejecutivo tampoco reconoce la que ha venido generando consensos–, espera potenciar el discurso de que sí hay “opositores de la gente”. La razón es que al ser un acto de carácter administrativo cualquier demanda que se interponga para derogarlo debe ir al Consejo de Estado; y al final, si hay discordia jurídica con lo que diga ese alto tribunal, la pelota le llegaría a la Corte Constitucional.
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En todo caso, hay una corriente dentro del Gobierno que dice que el decreto de la consulta debería pasar de inmediato a estudio de la Corte Constitucional por tratarse de un paso más de un mecanismo avalado por la Carta Política de 1991, pero que podría hacer control posterior. Eso sí, sea por una u otra corte, la decisión negativa es la diana que le haría falta al Gobierno para decir que la Rama Judicial, al igual que el Congreso –según su estrategia–, también está conformada por “enemigos del pueblo”. Esto sin contar que el tribunal constitucional también debe decidir sobre el futuro de la reforma pensional.
De hecho, el viernes se vio parte de ese propósito. Luego de que el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, advirtiera desde Asobancaria que la defensa de la democracia y la institucionalidad en tiempos de tensión es “una necesidad urgente”, el mandatario y varios de sus aliados salieron a refutarlo.
“Mi Gobierno no construye un ‘Estado de derecho’, mi Gobierno, bajo las órdenes de la Constitución de 1991, y el mandato popular a través del voto, construye un ‘Estado social de derecho’”, dijo Petro. Y, a propósito del papel que cumple Ninco, este último dijo sobre el magistrado Ibáñez que “el partido judicial, operador de los intereses del poder económico, se reporta en Asobancaria con un discurso obediente; muy buenos súbditos del gran capital”. En esa línea estuvieron varios legisladores del Pacto y otras colectividades progresistas.
Lo mismo pasó en la noche de este 6 de junio con el procurador General, Gregorio Eljach, quien pidió respetar la decisión del Senado y dejar actuar sin presiones a la Rama Judicial. Tanto el presidente Petro como sus aliados lo contradijeron con fuerza. Eso tácitamente demuestra que la estrategia ya está andando.
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Incluso, precisamente ese viernes, canceló su asistencia a Asobancaria y, al justificarse, aprovechó para lanzarle pullas al sector privado, otro al que en parte ya considera contradictor, pese a que alista medidas económicas ante el déficit público que hay y que llevaría a la suspensión de la regla fiscal; esto tiene en alerta empresariado y a las calificadoras de riesgo, entre otras instancias.
En medio de todo esto es que muchos sectores diferentes a la oposición, que también se subió a esta tendencia, buscan cómo posicionar el contrarrelato por la defensa de las instituciones, que al final no es otra vía que la sostenibilidad misma de Estado social de derecho que promueve la Constitución. “El equilibrio de poderes está siendo reemplazado por actos de espiritismo jurídico, mientras la democracia sufre por la incapacidad de reconocer las derrotas”, se dijo en un reciente editorial de este diario que, por supuesto, fue rechazado por la Casa de Nariño.
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No obstante, por peticiones directas de líderes empresariales, políticos y sociales, la comunidad internacional está atenta a lo que pase con esta polémica en Colombia, aunque el oficialismo ha lanzado sus propias alertas en el exterior. Lo cierto es que la tensión institucional está llegando a puntos hasta ahora inéditos y que para un sector político recuerda lo que pasó en la segunda administración de Uribe cuando impulsó su “Estado de opinión” para buscar dos veces su reelección, pero fue precisamente a la segunda a la que la Corte Constitucional le puso un freno.
Las calles (este 11 de junio hay más marchas promovidas por el Ejecutivo), las instituciones, los medios y las redes, entre otros espacios, se calentarán cada vez más con la polarización en la que entró el país por cuenta de la anticipada campaña por el 2026, a la cual oficialismo y oposición le quieren sacar réditos. La expectativa, y ahora con un fallo de tutela interpretado según conveniencia de por medio, es cómo podrá superar el Estado esta crisis.
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