El tenso escenario político tiene a menos de un mes de la posesión del nuevo gobierno en cabeza de Abelardo de la Espriella un debate en torno al reconocimiento y/o legitimidad que desde el oficialismo se ha dado a la elección del futuro mandatario de los colombianos. La postura ha sido duramente cuestionada por numerosos sectores de la institucionalidad, que piden una transición de mando en el marco de la ley y lejos de las tensiones entre los espectros de derecha e izquierda.
Y es que la postura tanto del presidente Gustavo Petro como de su partido, el Pacto Histórico, se ha cimentado en no reconocer los resultados del pasado 21 de junio al argumentar un supuesto fraude electoral. De hecho, esa línea la ha reforzado esa colectividad al anunciar nuevas medidas jurídicas ante el Consejo de Estado, buscando la nulidad de elección de De la Espriella.
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Según señalan, existió manipulación de los softwares de las elecciones, así como una intervención extrajera por parte de Estados Unidos que alteró el proceso electoral. Aún así, de momento ni el presidente Petro ni su partido ha hecho publicas las pruebas de ese primer punto con el que sustentan la narrativa de fraude. Además, Cepeda ha ratificado su postura de “desobediencia civil pacífica”.
Estas dos posturas han encontrado un serio choque en la institucionalidad que ha pedido un respeto por la democracia y, de paso, un tránsito entre Petro y De la Espriella transparente y en el marco de la Constitución y la ley.
Es en esa línea que entidades como la Contraloría han hecho un llamado tanto a la bancada de gobierno, y al propio presidente Petro, como a la administración entrante para dar continuidad y celeridad al proceso de empalme. Según dijo este organismo de vigilancia, “queremos hacer un llamado respetuoso a la sensatez y a la prudencia pero ante todo al sentido de responsabilidad que demanda este proceso de transición. De un lado para reconocer con respeto la elección de un nuevo Presidente así como el reconocimiento a la voluntad popular. Y de otro lado a realizar un proceso de empalme en el marco del respeto, la Constitución y la ley”.
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Esa postura fue suscrita por otras entidades como la Defensoría del Pueblo. Según afirmó en un reciente comunicado la defensora Iris Marín Ortiz, “esto no puede convertirse en un escenario de confrontación política”. La alta funcionaria remarcó la necesidad en puntos como seguridad, salud o la protección de las poblaciones, por lo que señaló que “las diferencia entre quienes ejercen responsabilidades públicas no pueden desplazar del centro de la agenda los problemas y los derechos de la gente”.
Marín Ortiz dijo, además, que “ningún interés político puede estar por encima de la Constitución, de las instituciones democráticos y de los derechos humanos de las más de 50 millones de personas que habitan en Colombia”. Con lo anterior, pidió al presidente Gustavo Petro, al senador Iván Cepeda y a los integrantes de equipo de De la Espriella, “respetar las instituciones en el marco de las reglas del ordenamiento jurídico”.
En una línea similar se pronunció el procurador General, Gregorio Eljach, quien dijo que “la transición de democrática debe realizarse en completa paz y armonía por respeto a nuestras instituciones y a cada ciudadano que depositaron en las urnas su fe en la democracia. El nuevo presidente de la República asumirá sus funciones el próximo 7 de agosto como ordena la Constitución”.
Pero es que ese llamado también ha llegado por parte de partidos políticos y actores independientes. Por ejemplo, en el marco de ese no reconocimiento de la “legitimidad” de De la Espriella como presidente, tal cual señalaron desde el Pacto Histórico, el partido Alianza Verde anunció el reconocimiento de los resultados que le dejaron como vencedor de las elecciones del 21 de junio.
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Según emitieron en su comunicado, y en el marco de un “compromiso con la democracia y el respeto institucional", esa colectividad “Verde reconoce el resultado oficial de las elecciones presidenciales, conforme a la certificación y declaratoria realizada por las autoridades electorales competentes, que acreditaron el triunfo de Abelardo de la Espriella como Presidente y José Manuel Restrepo Abondano como Vicepresidente electo”.
Además, llamaron a “la ciudadanía, a los partidos políticos y a los distintos sectores de la sociedad a mantener la calma, la cordura y el respeto por las instituciones democráticas. Las diferencias políticas y cualquier controversia deben tramitarse exclusivamente a través de los mecanismos previstos por la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso y el fortalecimiento de la democracia”.
Su pronunciamiento es clave, pues esta colectividad fue una de las que integró la coalición de la Alianza por la Vida de Iván Cepeda. Otros como el Partido Conservador, La U o Cambio Radical han rechazado la postura del Pacto Histórico, de Iván Cepeda y del presidente Petro, respaldando la elección democrática de De la Espriella.
Otra figura que también integró la coalición e hizo un llamado a la calma fue el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Aunque fue una de las figuras más cercanas a la campaña de Cepeda, Cristo dijo que “desconocer el resultado de la segunda vuelta presidencial es una grave equivocación que afecta nuestra institucionalidad democrática y dificulta la necesaria tarea de la oposición”.
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Eso sí, Cristo resaltó que “por ello, más allá de los cuestionamientos al proceso electoral y las anunciadas demandas de nulidad, que son válidas en nuestro ordenamiento legal, hace bien el presidente en reiterar que el 7 de agosto se va. Hace año y medio señalé que el presidente Gustavo Petro estaría en el poder hasta el 7 de agosto del 2026. Ni un día más ni un día menos. Así será y se cumplirá la transición en los términos previstos en la constitución y la ley, así sea en un clima de dura confrontación que no es el deseable para el país”.
Y es que como bien señaló el editorial de este miércoles en El Espectador, “es momento de la mesura. Se pueden convocar marchas, se pueden utilizar los mecanismos que la Constitución política permite. Lo que no se puede es utilizar el puesto de presidente para sembrar mentiras, desacreditar al sistema electoral y ser un pésimo perdedor. En su mensaje, escribió: “Reconozco al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto”. Su actuar demuestra todo lo contrario. Es tiempo de recordar su promesa con la Carta política y con sus propios electores".
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