De la Espriella designó a la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia

"Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos", aseguró el mandatario.

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De la Espriella fue claro en que irán "por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano". Y reforzó el mensaje de que "en este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad".

La magistrada está a pocos días de finalizar su paso por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y sale enfrentando una investigación ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En esa sala se encargó de las indagaciones contra penalmente a los miembros del Congreso y también tuvo en sus manos el expediente contra la senadora Martha Peralta por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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El anuncio se da en medio de varios movimientos internos en la Casa de Nariño y días después de que el mismo De la Espriella solicitara a la justicia evaluar negociaciones a investigados de Ungrd. En una alocución del pasado domingo, el jefe de Estado pidió a las autoridades tener en cuenta a solo a quienes "colaboren con la justicia", por lo que tendrían beneficios a cambio.

"A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y a los que pronto serán investigados y procesados, les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad. Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición, que es absolutamente necesario", afirmó el presidente hace unos días.

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El mandatario se refirió específicamente al expediente contra el expresidente del Congreso Iván Name. La semana pasada, el Consejo de Estado decretó la "muerte política" del exsenador de Alianza Verde por el mismo caso de saqueo a la Ungrd. En la decisión, el tribunal ratificó que el proceso de pérdida de investidura constituye una acción pública relacionada con “el incumplimiento de los compromisos y responsabilidades de carácter ético, jurídico y político ante la colectividad, que generan consecuencias particulares, al romperse el pacto político entre la sociedad, el elector y el elegido, principio fundamental de la democracia representativa”. El excongresista ha dicho que impugnará la decisión.

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