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La suspensión del proceso de empalme entre las administraciones de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro tuvo un efecto inmediato en la agenda política nacional, luego de señalamientos mutuos que provocaron el levantamiento de la mesa y un cese en el intercambio de información.
Mientras que desde el gobierno entrante hablan de una afrenta al proceso democrático al desconocer, nuevamente, los resultados electorales y reiterar en denuncias de supuesto fraude; desde la Casa de Nariño se cuestionó las declaraciones por parte de integrantes de ese comité de empalme y las acusaciones de casos de corrupción en el gobierno Petro. Los dos sectores tomaron sus respectivas medidas.
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De un lado, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dijo que “mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.
Esa postura fue respaldada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien aseguró que “casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella. La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan”. Además, señaló que por parte de su equipo continuarán recopilando información.
Asimismo, Jerome Sanabria, quien integra el equipo de empalme de la administración entrante, señaló que “ante un Presidente golpista, que desconoce los resultados electorales y dice que ‘Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda’, lo más lógico es suspender todo el empalme. No puede haber empalme con un golpista. Ahora debemos prepararnos para lo que viene”.
En tanto, desde la Casa de Nariño el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló de forma directa a Carlos Alonso Lucio y sus declaraciones recientes ante la Revista Cambio, asegurando ante ese medio que, entre otras cosas, durante la administración de De la Espriella “sí se extraditaría a Gustavo Petro”. Además de una denuncia penal interpuesta contra Lucio, Ávila anunció la decisión de “suspender las mesas de empalme”. También envió un mensaje a José Manuel Restrepo en el que le pidió “evaluar los acontecimientos y lo invito, después de que tengan claridad de las implicaciones de todos los actos que se han cometido para definir el futuro de este proceso”.
Acto seguido el presidente Gustavo Petro se pronunció afirmando que “los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias. Tal como indica la ley el proceso de entrega del gobierno continua ante el pueblo. Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar”.
En su mismo trino insistió en un supuesto fraude electoral organizado desde Estados Unidos con interferencia de empresas originarias de Israel y manifestó que aunque le “piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la constitución que como M19 ayudamos a hacer. Es la constitución de la Paz”.
Se refirió, además, a Carlos Alonso Lucio y sus declaraciones en medios al señalar que “las calumnias proferidas por exconvictos y familiares de convictos, que fue lo que enviaron entre otras personas al empalme, serán respondidas judicialmente”.
Pero el caso no quedó allí. Desde el gobierno otras carteras se pronunciaron en respaldo a la decisión. La Canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, dijo que “el empalme lo rompe la entrevista del señor Lucio, al acusarnos de corruptos. Ustedes no son institucionales, el deber de la transición es democrática. Lo que quieren hacer no lo es”.
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Asimismo, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, dijo que “se suspenden las mesas de empalme hasta que se logren condiciones para hacer un proceso riguroso y técnico que ponga al centro el objetivo de hacer un tránsito ordenado de la gestión pública”. Ahora bien, señaló que desde su catera y “de conformidad con lo dispuesto por la ley entregaremos nuestros informes de gestión y los pondremos a disposición de toda la ciudadanía. Nuestra obra, honra y buen nombre se defienden con todos los instrumentos previstos por el ordenamiento jurídico y ante el pueblo para el que gobernamos”.
También, la ministra de Ciencias y Tecnologías, Yesenia Olaya, dijo que “por la dignidad del Estado, el respeto a las instituciones y la necesidad de preservar el carácter técnico e institucional del proceso de empalme, se suspende el empalme programado”. Olaya agregó que “la utilización de apellidos como “empalme anticorrupción” desconoce la naturaleza institucional de este ejercicio y afecta la dignidad del Gobierno, así como el reconocimiento de las transformaciones y los resultados alcanzados en beneficio del pueblo colombiano".
Las palabras del oficialismo también se vieron respaldadas por sectores del Pacto Histórico. El senador electo Walter Rodríguez aseguró que “al ver que no pudo convertir el empalme en un show porque saben que el país va muy bien con el Presidente Petro, deciden terminar el proceso de empalme y de manera irresponsable recibir al Estado”.
Ahora bien, desde el gabinete en conformación de Abelardo de la Espriella también hubo pronunciamiento. El ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora aseguró que ya estaba lista la agenda para iniciar el proceso de empalme en la Escuela Militar de Cadetes con más de 256 expertos. No obstante, insistió que “este gobierno ha iniciado una guerra mediática, de manejo de redes, con declaraciones desafortunadas descalificando la elección democrática que tuvo el pueblo colombiano de elegir al doctor Abelardo de la Espriella”. Ahora bien, Mora señaló que “es la manera, con altura, de tomar esta decisión”.
En instancias cercanas al gobierno de De la Espriella la bancada del Centro Democrático se pronunció. El colectivo uribista publicó una comunicación en la que dijeron: "Gustavo Petro cierra su gobierno atentando contra la institucionalidad al desconocer, sin pruebas de fraude, al presidente y vicepresidente electos legítimamente. Este boicot democrático es una evasiva al empalme para ocultar que las cuentas de su gestión no cuadran. El país exige transparencia, es por ello que respaldamos firmemente la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y llamamos a los poderes públicos a garantizar el cumplimiento de la ley".
De ese mismo partido el senador electo, Hernán Cadavid, señaló que “el desconocimiento de Petro del resultado electoral, proclamando en su cabeza a Iván Cepeda, es un desconocimiento de la Constitución y todas las instituciones. (...) Desde el Centro Democrático nos comprometemos a una defensa inflexible de la voluntad popular de los colombianos, de la defensa del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella”.
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En la misma vía el representante electo, Daniel Briceño, dijo que “no se puede hacer empalme con un gobierno cuya cabeza desconoce el resultado electoral, la democracia y la constitución política”.
Desde el partido Conservador su presidente, Efraín Cepeda, dijo que “Gustavo Petro rompió todos los puentes durante cuatro años: atacó la Constitución, desconoció la separación de poderes y quiso gobernar por decreto cuando desde el Congreso la democracia le dijo NO. Las mentiras con las que, desde la elección legítima de Abelardo de la Espriella, ha buscado desconocer el mandato popular son una muestra más de su actitud autoritaria y de su desprecio por las reglas de la democracia”.
Asimismo, en las filas del Partido de La U se emitió un comunicado buscando el respeto al reconocimiento de los resultados electorales. Según se anunció desde esa colectividad, “Colombia ha construido, a lo largo de su historia republicana, una tradición democrática caracterizada por el respeto a la voluntad popular y por transiciones de gobierno pacíficas, ordenadas y enmarcadas en la Constitución y la ley. (...) Por ello, el Partido de la U hace un llamado al señor presidente de la República para que actúe con responsabilidad institucional, respete el mandato expresado por los colombianos en las urnas y contribuya a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas”.
En cuanto a Cambio Radical, su codirector Enrique Vargas Lleras remitió una carta al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el que pide mantener a Petro en la Lista Ofac. Según argumenta, “las circunstancias exigen, para solicitarle respetuosa pero enfáticamente que el Gobierno de los Estados Unidos de América se abstenga de excluir de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual Presidente de la República de Colombia, y a los miembros de su núcleo familiar. Dicha exclusión no debe producirse mientras el proceso de empalme con el nuevo Gobierno Nacional haya concluido de manera correcta y verificable, ni mientras las investigaciones nacionales e internacionales en curso en contra del señor Petro y su familia, hayan avanzado de manera determinante o alcanzado una resolución definitiva”.
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