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El tamaño, gasto y funcionamiento del Estado fue uno de los temas de discusión en campaña presidencial y sigue en la agenda pública con la administración del presidente Abelardo de la Espriella. Mientras el Congreso debate los ajustes fiscales expresados en el Presupuesto General de la Nación para 2027, y el jefe del Ejecutivo designa gerentes para las ciudades, el Centro Democrático se mueve para preguntarle a la ciudadanía sobre su autonomía regional.
El senador Carlos Meisel, integrante de la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe, recibió el formulario con el que inicia oficialmente el trámite para su iniciativa: “Referendo para Todos”. El proyecto, que aún requiere varios pasos antes de llegar a urnas, se integra por tres ejes que buscan robustecer la autonomía regional.
Estos son los temas en los que se enfoca el “Referendo para Todos”:
- Autonomía fiscal y regulatoria
- Optimización del Congreso, las altas cortes y las autoridades político-administrativas territoriales
- Modernización de jurisdicciones
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Sobre la optimización del Estado, Meisel señaló que “este país puede funcionar mucho mejor sin la necesidad de 13.000 concejales, 500 diputados, 267 congresistas”. El senador también fue enfático en que los ajustes a la cantidad o distribución de la administración pública se verían reflejados en las tres ramas del poder público.
Aunque aún no se conocen las preguntas que se presentarán ante la ciudadanía, la propuesta de fondo tiene un factor común con una de las banderas de la administración de De la Espriella: la reducción del Estado. En ese sentido, la propuesta de Meisel tocaría las corporaciones político-administrativas de los entes territoriales y tocaría a la Rama Judicial.
Las regiones también tendrían, bajo la propuesta de Meisel, mayor capacidad de decisión sobre aspectos fiscales y regulatorios. Y en esa misma línea económica, este mecanismo ciudadano podría revivir la idea de un “salario mínimo regionalizado”, que ha sido una de las ideas de reforma al salario mínimo, que en Colombia se determina para todo el territorio nacional.
Puede leer la radiografía que hizo El Espectador sobre cuánto cuesta el Estado colombiano aquí.
La propuesta va en paralelo a la intención de la administración de De la Espriella de reducir el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que también ha sido objeto de constantes críticas por parte del partido político de Meisel. Esta intención se ve reflejada en el PGN de 2027, en el que se recortan de manera considerable los recursos tanto de la JEP como de otras instancias que nacieron de los Acuerdos de Paz de 2016.
Como contó El Espectador, en los últimos diez años, las 100 entidades estatales que mejor se pueden medir vieron crecer un 39 % sus funcionarios de planta, mientras sus contratistas por prestación de servicios se elevaban un 64 %. Además, de los COP 634 billones que señala el Gobierno de la Espriella para el PGN del próximo años, COP 392 billones van al funcionamiento del Estado.
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