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24 Feb 2022 - 2:22 a. m.

Despenalización del aborto: radican ante la Registraduría solicitud de referendo

La solicitud busca que se modifique el artículo 11 de la Constitución para que se establezca que “el derecho a la vida sea inviolable desde la concepción”.
Según las promotores, el fallo "usurpó el poder y la facultad que tiene el pueblo colombiano para tomar esta clase de decisiones".
Según las promotores, el fallo "usurpó el poder y la facultad que tiene el pueblo colombiano para tomar esta clase de decisiones".
Foto: EFE - Carlos Ortega

Días después de la histórica decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto, que determinó que solo será penalizado después de la semana 24 de gestación, este miércoles fue radicada ante la Registraduría Nacional una solicitud para convocar a un referendo para que sea la ciudadanía la que apruebe o rechace la determinación.

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Detrás de la iniciativa están las líderes cristianas y también candidatas al Congreso Clara Lucía Sandoval y Sara Castellanos, quienes argumentaron que se busca “defender la vida de los que están por nacer”.

“La iniciativa busca que sean los colombianos quienes tengan la facultad de decidir frente al aborto, y que de ahora en adelante el derecho a la vida sea inviolable desde la concepción. Este es el camino que hoy como ciudadanos estamos tomando, porque sabemos que la mayoría de los 50 millones de colombianos al igual que nosotros, defendemos y amamos la vida”, sostuvo Sandoval.

La solicitud busca que se modifique el artículo 11 de la Constitución para que se establezca que “el derecho a la vida sea inviolable desde la concepción”. Según argumentaron las candidatas a través de un comunicado, el fallo emitido por la Corte permite que las mujeres puedan “abortar libremente bebés de 6 meses de gestación, semana en la cual un ser humano tiene todas las probabilidades para vivir, y con una causal hasta los 9 meses”.

“Este fallo que fue tomado por cinco magistrados, usurpó el poder y la facultad que tiene el pueblo colombiano para tomar esta clase de decisiones, vulnerando nuestra Carta Magna y extralimitándose en su rol (…) nadie debe decidir por la vida del otro, se deben proteger las dos vidas y el Estado debe garantizar la vida y seguridad del ser humano y de todos los niños que vienen en camino para que puedan nacer de manera libre”, agregó Sandoval.

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Incluso, las aspirantes propusieron que se garantice que el dinero que se entregan en aportes para la salud y los impuestos, “no sean usados para financiar los abortos que se practican en el país”.

Según la Registraduría, un referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma vigente. Cualquier ciudadano u organización puede solicitar a la entidad ser inscrito como promotor del referendo. La Registraduría tiene un plazo de 8 días para verificar si su petición cumple con los requisitos.

“Una vez inscrito, la Registraduría entregará al promotor o promotores del referendo un formulario para la recolección de apoyos, en el que en el que deberá aparecer indicado el número de firmas que es necesario para inscribir la iniciativa y un resumen del contenido de la propuesta para que cualquier interesado pueda leerla antes de manifestar su apoyo con su firma”, señala el organismo.

La norma establece que los promotores contarán con seis meses para recolectar las firmas. Luego, en un plazo de 45 días desde la fecha de la entrega de los formularios, el registrador será el llamado a certificar el número de respaldos válidos y nulos y si se ha cumplido con los requisitos. “El referendo puede ser tanto constitucional como legal. Puede buscar tanto la aprobación de una norma, como su derogatoria total o parcial”.

Para su convocatoria, el referendo debe tener un número de apoyos equivalente al 5% del censo electoral. La Corte Constitucional deberá revisar previamente la constitucionalidad del texto sometido a referendo. Será aprobado si la opción del Sí obtiene la mitad más uno de los votantes, siempre y cuando en la votación participe al menos la cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral.

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