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5 Jan 2022 - 3:59 p. m.

“No representa la posición del Congreso”: oposición en carta a la Corte IDH

26 parlamentarios le manifestaron a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la carta que los presidentes del Congreso le enviaron cuestionando sus advertencias en el tema de la Procuraduría corresponden a “una valoración personal”.
Los firmantes insistieron en que no hubo consenso en la discusión que dio paso a la ley que reforma la Procuraduría.
Los firmantes insistieron en que no hubo consenso en la discusión que dio paso a la ley que reforma la Procuraduría.
Foto: Mauricio Alvarado

Continúa la polémica por los 1.208 nuevos cargos de la Procuraduría y las advertencias al respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de allí, se ha creado un torbellino de comentarios desde el Congreso de la República. El más reciente movimiento le correspondió a la oposición: 26 parlamentarios en oposición política al gobierno del presidente Iván Duque enviaron una carta a Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte IDH para dejar en evidencia que rechazan la postura de los presidentes del Senado y la Cámara sobre el tema.

(Lea: “Fue un atrevimiento”: congresistas desconocen carta de presidentes a la Corte IDH)

Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, y Juan Diego Gómez, del Senado, enviaron una primera carta al tribunal internacional. En ella cuestionaron las advertencias de la Corte pues estas dicen que los cargos creados (a partir de la ley que aprobó el Congreso el año pasado para reformar la Procuraduría) no responden al fallo proferido por este, como era la idea. En dicha misiva, Arias y Gómez, en nombre del Congreso en pleno, afirmaron que el fallo de la Corte IDH intentaba “repercutir” en la soberanía del país.

Los opositores reaccionaron a esas aseveraciones: Odio Benito recibió una segunda carta, pero esta vez proveniente de los 26 parlamentarios que, en la misiva, indicaron que lo escrito por Gómez y Arias no representada la posición del Congreso. En vez de eso, aseguraron que las palabras de los presidentes de ambas corporaciones eran una “valoración personal de ellos”.

(Para contexto: Caso Petro: desde Congreso dicen que Corte IDH “intenta repercutir” en soberanía)

“La decisión de los referidos funcionarios de emitir esa comunicación no fue discutida ni aprobada por las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, es decir, no cuenta con el aval de las Corporaciones que presiden; por lo que su pronunciamiento es individual, dado que como miembros de Corporación y de partidos declarados en oposición, no conocíamos, ni compartimos el contenido de la misiva enviada a la Corte”, manifestaron los firmantes.

Además, puntualizaron en que la reforma a la Procuraduría que dirige Margarita Cabello Blanco tuvo una discusión densa en el Capitolio. En ese sentido, recordaron que en los debates al respecto, un grupo significativo de legisladores no aprobó esa norma. “Constituye una clara elusión y desconocimiento al fallo emitido por la Corte IDH, y tal como lo señaló la Corte en la resolución del 25 de noviembre de 2021, la expedición de esta norma consuma una violación a los derechos políticos de los funcionarios públicos elegidos democráticamente, y constituye una infracción al contenido sustancial del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 26 de la Convención de Viena y, en consecuencia, al Bloque de Constitucionalidad consagrado en el articulo 93 de la Constitución Política de Colombia”, agregaron.

(Para entender más: Los nuevos puestos en la Procuraduría no cumplirían el fallo de la CorteIDH)

Asimismo, añadieron que lo dispuesto en la ley desconoce la Convención de Viena que señala que los tratados se deben cumplir de buena fe y que el amplio sector de congresistas que aprobó la iniciativa, al hacerlo, se pasó por alto las obligaciones de Colombia con la comunidad internacional. “pese a lo esbozado en el fallo de la Corte IDH y lo dispuesto en la Convención Americana la reciente asignación de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación no satisface cabalmente el estándar convencional, ni subsana la grave afectación a los derechos fundamentales de los funcionarios públicos elegidos popularmente y de sus electores”, comentaron.

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