El juego de los movimientos políticos en torno a la elección de la nueva composición en el Consejo Nacional Electoral (CNE) activó a todas las maquinarias en el Congreso para buscar uno de los nueve asientos que tiene ese órgano. No es un espacio menor, pues tendrá en su agenda asuntos que tocan de forma directa con las ramas Legislativa y Ejecutiva, e incluso con la Judicial. Tal es la importancia de los temas que allí se tocan que hasta el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella hizo presencia este martes en la antesala de la sesión durante la cual se eligió a los nuevos magistrados.
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Los pasillos del Capitolio fueron desde muy temprano el escenario de un desfile constante de aspirantes que aún buscaban posicionar su nombre entre los partidos; de prolongadas reuniones de bancadas para definir su voto; de diálogos entre varios sectores para conformar alianzas. E, incluso, se dio la presencia por primera vez en el Congreso del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien en representación del Ejecutivo acudió para estar al tanto de una elección de la que dependería el futuro de varios puntos en la agenda política del presidente De la Espriella.
Parte del escenario estaba decantado con un acuerdo mayoritario de varios partidos. De un lado Juan Carlos Wills (Conservador), Silvio Carrasquilla (Liberal), Juan Felipe Lemos (La U) y Nubia Stella Martínez (Centro Democrático) jugarían cartas conjuntas. En esa conversación se plantearon también las fichas del Plinio Alarcón (Mira) y José Antonio Parra (Salvación Nacional), aunque ellos harían parte de una baraja secundaria. De otro lado, el Pacto Histórico también llegaría con fichas definidas en Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, pero con el objetivo de obtener un tercer asiento.
Ese panorama dejaba a los sectores de partido Verde, Cambio Radical y los bloques minoritarios disputando un asiento que se definiría a través de los votos “residuales”. Fueron varias reuniones en diferentes puntos del Capitolio. La primera fue de sectores de gobierno; luego otra la lideraron los verdes, donde la única conclusión fue soltar la mano de José Salamanca; luego, a la Presidencia del Senado llegó el ministro Lara para una cita con conservadores y liberales; y paralelamente, en el Salón Amarillo del Congreso se reunía el pleno del Pacto Histórico.
Todos esperaban acomodar su juego para obtener un asiento más. En el oficialismo se decidió la plancha con seis nombres, movimiento que tuvo en el pleno 169 votos. La oposición se la jugó por una plancha de tres, acogiendo a Guillermo Rivera como tercera ficha para ese tribunal. Fueron 77 votos, que solo alcanzaron para dos sillas. La última plancha fue el “jóker” jugado por Cambio Radical. Quedando al margen de todo tipo de acuerdo, el magistrado Gersel Luis Pérez se movió y siendo respaldado por un mínimo de partidos logró 28 votos, suficientes para consolidar su elección.
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Cambio, que perdió lugar en el bloque de gobierno, logró un acuerdo con varios verdes. Es más, en el pleno un diálogo extenso entre el ahora magistrado Gersel Luis Pérez con el ala Verde del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, fue la que volteó los votos y decantó una victoria la casa Char.
Con ello, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, José Antonio Parra, Juan Felipe Lemos, Nubia Stella Martínez, Plinio Alarcón y Gersel Luis Pérez lograron su asiento en el CNE por los próximo cuatro años. Estas figuras serán las que decidan procesos clave para los partidos y que tocarán, incluso, al nuevo jefe de Estado.
Los retos que se vienen para el CNE
Y es justamente con esa consigna que todos los sectores pusieron sus cartas sobre la mesa. La baraja se conformaba por 29 nombres que en cuestión de días se redujeron a 10 candidaturas con fuerza –unas más que otras– para ocupar uno de los nueve lugares que conforman esa entidad. El objetivo del oficialismo en alianza con algunos sectores que aún no toman postura sobre el gobierno estaba definido: presentar una plancha conjunta de nombres para asegurar la mayoría en el órgano electoral y con ello poder ocupar siete de esos nueve puestos. En la oposición que lidera el Pacto Histórico la meta se situó en tener tres asientos, dejando claridad que por número de curules ocupadas en el Capitolio tienen derecho a dos asientos.
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Esa composición resulta clave, pues el nuevo CNE tendrá en su agenda decisiones importantes, iniciando por la revisión a fondo de la financiación de las campañas en las pasadas elecciones legislativas y presidenciales. Ya en este periodo que culminará el próximo 31 de agosto ese organismo determinó sancionar la campaña del ahora expresidente Gustavo Petro por violación de topes electorales. Y es que fue el Consejo Nacional Electoral el ente que confirmó la superación de esos límites de gasto en más de COP 5.000 millones y que implicó una sanción al gerente de ese proceso, Ricardo Roa, entre otras personas. Esa decisión también llevó al expresidente de Ecopetrol a juicio ante la Fiscalía por ese mismo delito.
Y debido al alto componente político de ese tribunal, sectores de la oposición ya han anunciado que buscarán llevar a instancias del CNE un pliego con supuestas irregularidades en la campaña que dejó a Abelardo de la Espriella como presidente en este 2026 tras lograr 12,9 millones de votos en segunda vuelta. Una vía similar se surtirá desde el oficialismo en contra de Iván Cepeda bajo la narrativa del “voto fusil” que, según han señalado, habla del presunto constreñimiento al electorado por parte de grupos criminales para supuestamente favorecer al ahora senador. Los dos líderes políticos han descartado siempre cualquier tipo de irregularidad.
Pero la importancia del órgano no radica solamente en determinar la legitimidad y/o legalidad de la elección de la jefatura de Estado o de los 285 congresistas electos el 8 de marzo. Por el pleno del Consejo Electoral también pasa el futuro de los más de 22 partidos con personería jurídica y que para varios casos tendrá que tener una revisión por parte de los nueve magistrados.
Algunos que dependen de un veredicto de esa sala plena son La Fuerza, de Roy Barreras, colectividad que no logró superar el umbral en las pasadas elecciones legislativas. Sin embargo, un borrador de ponencia que dejó estructurado el CNE saliente le daría vida a ese colectivo gracias al escaño ocupado en la Cámara por Alejandro de la Ossa Lacayo, representante de ese partido por el departamento de Sucre.
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Las decisiones en esta materia también implican la creación de nuevos partidos. Ya sucedió en semanas recientes con la luz verde que tuvo Defensores de la Patria, movimiento con el que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia y que logró tener respaldo en el pleno para convertirse en una colectividad formal. En ese sentido, una figura que espera ese mismo aval es Carlos Alonso Lucio, quien a pesar de haber estado en el círculo cercano del presidente durante su campaña, optó por conformar su partido político. Su intención es tener un colectivo bajo el nombre de Movimiento Bolivariano; la ponencia también sería votada por este nuevo bloque de magistrados.
Y bajo este mismo precepto es el CNE el ente encargado de estudiar los proceso de escisión, que en síntesis, son divisiones internas de los partidos y que dan paso a nuevas colectividades con personería jurídica. En activo solamente está el que lidera la representante Catherine Juvinao en la Alianza Verde, a la espera de la decisión del CNE. Sin embargo, en el corto plazo podría llegar una petición liderada por la exsenadora María Fernanda Cabal, quien busca partir cobijas con el Centro Democrático, partido al que ya llegó la solicitud para esa división.
A esos temas también se sumará la financiación de cada uno de los partidos políticos; el futuro de la denominada “ley mordaza” que buscó regular las encuestas de opinión y que tuvo numerosos reparos durante la campaña; así como una posible reforma política y una reforma al CNE que, si bien son decididas por el Congreso, tocarán la puerta de este organismo.
Con esta elección de los nuevos magistrados en el CNE, queda además definida la autoridad que, junto con la Registraduría, será la encargada de vigilancia y control de las elecciones regionales del 2027. El juego de poder en este organismo también será clave para la administración de por lo menos COP 1 billón de pesos de los que dispuso durante el 2026 para su funcionamiento y gestión, aunque según un mandato de la Corte Constitucional, no tendrá recursos propios a partir de 2027.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
