![Francisco Barbosa se posesionó como fiscal general en febrero de 2020.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/2HPZXXLABVEBLDWAID534FPJRE.jpeg?auth=20acb3aab24dde5c3607a4a61cde0e16a8d11d78378ae04d5dabecb9b60c0d69&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Los señalamientos por participación indebida de funcionarios públicos en las elecciones de 2022 no termina. En esta ocasión el acusado es el fiscal general Francisco Barbosa, contra quien ahora cursa una denuncia penal por referirse a el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro.
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La denuncia la realizó Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, y quien compone el Pacto Histórico, coalición que respalda la candidatura de Petro. Cepeda la radicó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de intervención en política, explicado en el artículo 422 Código Penal.
“Utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”, dice la norma invocada por el congresista de izquierda. Según Cepeda, Barbosa se ha referido con descalificaciones a Gustavo Petro, se ha expresado sobre la decisión del candidato de no renunciar a su curul en el Senado de la República y se ha pronunciado sobre las propuestas que integran su plan de gobierno, de quedar electo.
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“Se trata de establecer si las declaraciones del fiscal general, Francisco Barbosa, son propias del ejercicio de sus competencias constitucionales o, contrario a esto, constituyen un acto abusivo del derecho, con el propósito de intervenir en la contienda presidencial” advirtió Cepeda. Dijo, además, que el documento radicado detalla las actuaciones del fiscal general, registradas por medios de comunicación como La República y El tiempo.
El senador Iván Cepeda agregó que la denuncia contempla que Francisco Barbosa presuntamente vulneró su deber de imparcialidad, como también el principio de moralidad pública, “los cuales sirven de fundamento a la prohibición constitucional y legal de participar en política, según lo dicho por la Corte Constitucional, la que además ha hecho énfasis en que -tratándose de los órganos judicial, de control y electorales-, obra como una garantía reforzada o adicional de imparcialidad e independencia”.
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No es la primera vez que Cepeda denuncia a funcionarios públicos por el presuntamente participar en política cuando no deben, según la ley. Hace poco hizo lo mismo con el presidente Iván Duque y siete alcaldes municipales. El documento contra Duque lo radicó también en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, y a los acaldes ante la Fiscalía y presentó una queja disciplinaria contra ellos en la Procuraduría.
Los alcaldes denunciados administran los municipios de San Juan Nepomuceno (Bolívar), Wilfredo Romero; Timaná (Huila), Marco Adrián Artunduaga; María La Baja (Bolívar), Raquel Victoria Sierra; Cicuco (Bolívar), José́ Nicolás Ramos; Santa Rosa de Lima (Bolívar), Mario Javier Rodríguez; Arenal (Bolívar), Eugenio Lobo y de Villanueva (Bolívar), Edwin Puerta.
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