Luego de que se conociera el decreto madre de la emergencia económica que planteó el Gobierno del presidente Gustavo Petro para Tamar un hueco de al menos COP 16,3 billones en el presupuesto, diversas voces —en especial de la oposición— le exigieron a la Corte Constitucional que se reúna de forma extraordinaria para analizar los alcances de esa medida.
De hecho, las senadoras Paloma Valencia (también candidata presidencial) y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, le remitieron al lato tribunal comunicaciones pidiendo que sesionen con prontitud para analizar un procedimiento que, de acuerdo con la tesis de la colectividad del expresidente Álvaro Uribe, no tiene sustento jurídico.
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“El Gobierno decretó la emergencia económica en época electoral. No con base en una catástrofe, sino por derroche, improvisación y mal manejo de las finanzas públicas. Ahora quieren tapar su fracaso cobrándoles más impuestos a los colombianos por decreto, sin debate y sin vergüenza”, dijo Valencia.
“Acabo de radicar ante la Corte Constitucional acción de inconstitucionalidad contra el decreto 1390 de 2025, mediante el cual el gobierno Petro declaró un estado de emergencia económica y social sin cumplir los requisitos del artículo 215 de la Constitución. La emergencia no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente”, complementó Cabal.
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En un sentido similar se expresó el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, quien aseguró que el Congreso ya negó la reforma tributaria por los canales constitucionales y que ahora, desde su óptica, la medida de la Casa de Nariño podría derivar en una posible “usurpación” de funciones.
“Esta medida busca, de forma indirecta y discreta, imponer normas que el Congreso rechazó expresamente. Es especialmente grave que se haya adoptado aprovechando la vacancia judicial y el receso de la Corte Constitucional”, enfatizó Cepeda.
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Y el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, le pidió al presidente del Congreso, Lidio García, que convoque de urgencia a sesiones para analizar los alcances de una emergencia económica que calificó como “innecesaria”. Lo que espera el legislador es que la citación se dé a más tardar a comienzos de 2026.
Esta emergencia económica se decretó luego de que el Congreso aprobara el presupuesto de 2026 con un monto de COP 547 billones, pero con un déficit de COP 16,3 billones. Por eso, tras analizarlo por más de un mes, el Capitolio negó la reforma tributaria que el Gobierno bautizo como ley de financiamiento.
En medio de esta polémica, el presidente Petro defendió su medida e incluso advirtió que, según su tesis, si la Corte Constitucional le vuelve a tumbar una emergencia económica como esta se generaría una crisis. Y advirtió, pese al tono electoral de todas sus intervenciones en redes y plaza pública, que no tiene relación con los comicios del 2026 en los que busca que la izquierda se reelija.
“Si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con un crisis económica grave; no es amenaza, sino simple economía de primer semestre”, precisó Petro en uno de sus cada vez más constantes trinos en el epílogo de su administración.
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En medio de esto también está la polémica que se abrió por la operación se hizo atravesar de la figura TES y con inversionistas extranjeros, con los cuales, de acuerdo con los cálculos de la Casa de Nariño, se podrían percibir vía deuda pública unos COP 23 billones. Esto lo defiende el Ejecutivo y la oposición lo fustiga.
Ahora hay expectativa por los decretos que desarrollarán las emergencia económica y si la Corte se reunirá de forma extraordinaria. El debate, en época electoral y con una Casa de Nariño apuntándole a la institucionalidad, subirá cada vez más de tono.
Este es el decreto madre de la nueva emergencia económica:
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