La Misión de Verificación de las Naciones Unidas presentó su último informe trimestral, el primero en el gobierno de Abelardo de la Espriella. El documento de 44 puntos esgrime las preocupaciones alrededor de la intención del nuevo Ejecutivo de “revisar ciertos elementos” del Acuerdo de Paz y la falta de un “enfoque general para la implementación” de este. Por eso se concentra en cinco puntos clave: el contexto político, la reforma rural integral (RRI), la reincorporación, las garantías de seguridad y el enfoque de género.
Desde el inicio, la ONU es clara en que la transmisión de mando estuvo marcada por “un contexto de continua polarización política”, en el que “ninguna agrupación política tiene una mayoría clara” en el Congreso. Pero también hace énfasis en el terremoto del 10 de agosto cambió los planes de la nueva administración y habla del “deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones afectadas por el conflicto”.
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“Evaluaciones tanto oficiales como independientes continuaron reflejando la expansión de los grupos armados tanto en presencia territorial como en número de miembros. Tras varios meses de tendencia a la baja del número de asesinatos de excombatientes de las Farc-EP, la Misión registró seis asesinatos apenas en agosto”, indica el informe. Por ello, también agrega: "La implementación del Acuerdo ha puesto en marcha procesos clave para la estabilización y el desarrollo en general, procesos cuyo objetivo es reforzar el Estado en las zonas donde la violencia es más grave hoy".
Entre las preocupaciones centrales que aborda el informe —sustentada por las dudas de los excombatientes de la antigua guerrilla— es "la situación de la financiación y la incertidumbre institucional" para las instituciones que nacieron de lo acordado y que pasan, especialmente, por la reincorporación y la justicia transicional, con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con el texto, la Misión le ha hecho llegar esas cuestiones al actual Gobierno y si bien hay un enfoque en materia de seguridad: "Se reducen de forma considerable los fondos de algunas de las entidades que participan en la implementación del Acuerdo Final de Paz, por ejemplo en los ámbitos relacionados con el desarrollo rural, la distribución de tierras y la reincorporación".
En el punto de la RRI, se habla del objetivo del Ejecutivo de ampliar oportunidades económicas centrados en las agroempresas y la productividad. Aunque hay una valoración positiva, también se solicita, en línea con lo dicho por sectores del campesinado y la sociedad civil, que se mantengan los avances en acceso a la tierra y el diálogo con las nuevas autoridades. Especialmente con el anuncio del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, sobre el "examen exhaustivo de las iniciativas de entrega, restitución y formalización de la tenencia de tierras, incluida la suspensión durante 90 días de toda nueva medida".
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Las demoras en la expedición de títulos, la inseguridad entre los destinatarios de tierras y la falta de aprobación de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria son partes vitales del análisis que hace la Misión. Además, reitera en que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) "son un marco establecido que posibilita llevar a cabo intervenciones específicas en los municipios más afectados por el conflicto, la pobreza y la debilidad institucional".
En temas de reincorporación, la ONU subrayó la importancia de que más de 11.000 excombatientes sigan participando en ese proceso, con una "tasa de reincidencia muy baja" y con desafíos en materia de seguridad. Y allí fue que insistió en las dudas sobre el "futuro papel de los mecanismos institucionales" que sustentan este paso.
Eso se complementó con las garantías de seguridad tanto para los firmantes de paz como para los habitantes de zonas afectadas por el conflicto. Esto se agrava por "una presencia del Estado limitada, deficiencias en la prestación de servicios básicos, la presencia de actores armados y la dependencia persistente de las economías ilícitas". Con la fragmentación de los grupos armados y el aumento de la presencia de estos en los territorios recalcan en las afectaciones a la ciudadanía, documentada por la Defensoría del Pueblo.
"Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre el 27 de junio y el 30 de agosto 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 confinadas en 15 municipios de 7 departamentos", se lee en el reporte. Y más abajo, se añade: "La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró entre el 27 de junio y el 26 de septiembre 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales" y la muerte de ocho excombatientes de las Farc en el periodo evaluado.
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"La Misión está dispuesta a apoyar a las autoridades nacionales a medida que avancen en la definición de políticas al respecto. La implementación del Acuerdo puede contribuir al logro de varias prioridades del Gobierno, como la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia del Estado. Acojo con satisfacción la apertura al diálogo con las Naciones Unidas demostrada por el Gobierno y confío en que la colaboración continua entre el Gobierno y la Misión, con pleno respeto de la soberanía de Colombia y el mandato otorgado por el Consejo de Seguridad, refuerce la complementariedad entre sus respectivas labores", se lee entre las conclusiones del secretario general.
El informe se conoce dos meses después de que De la Espriella asumiera el poder. El Espectador conoció que, si bien ha habido diálogos con el Gobierno a nivel de ministros, estos no se han dado directamente con el mandatario, por lo que hay expectativa sobre ese encuentro. Incluso, en sus conclusiones la Misión es clara en la necesidad de que ocurra y la importancia de que este Ejecutivo también potencie los alcances del Acuerdo.
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