El Fondo de Adaptación pasó de ser una entidad técnica y de nivel medio a una de máxima prioridad para la cúpula del Gobierno y para varias fuerzas políticas interesadas en los billonarios recursos que mueve. Como lo reveló El Espectador, en los últimos meses han aterrizado en esas oficinas cuotas de los partidos de La U y ASI en medio de fuertes ruidos por presunta corrupción en la contratación, alertas que ya están analizando en la Fiscalía, los órganos de control y la misma Casa de Nariño.
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Este diario ahondó en esos procesos y encontró que uno de los más cuantiosos, por COP 36.211 millones, fue adjudicado hace casi un año, pero no presenta avances concretos y tiene detrás a contratistas cuestionados. El contrato también desató un pulso interno en el Fondo que incluye fuertes señalamientos que llevaron a la Procuraduría a abrir una indagación para determinar si la gerencia interfirió para beneficiar al contratista y poner trabas al interventor pese a que habría incumplimientos de las obligaciones del primero.
La millonaria inversión fue pensada como un salvavidas para la economía agrícola de los 11 municipios de cuatro departamentos que conforman La Mojana. En esa región, el contrato es conocido como “La ruta del arroz”, ya que ese es el producto que más se cultiva en la zona, pero también incluye medidas para favorecer a otros productores agrícolas, pescadores, artesanos y más sectores golpeados por los efectos del cambio climático.
El proceso inició en octubre de 2024, fue adjudicado en diciembre y se empezó a ejecutar en febrero de este año. “Es una solución socioeconómica para La Mojana, construida no desde los escritorios de Bogotá, sino de la mano de las comunidades”, aseguró en mayo el entonces gerente encargado del Fondo de Adaptación, Carlos Carrillo, quien también resaltó que el proyecto era un mandato directo del presidente Gustavo Petro.
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Sin embargo, según pudo comprobar este diario, aunque ha pasado casi un año, en La Mojana no han visto resultados concretos y, además, al Fondo han llegado informes sobre incumplimientos. El Espectador conoció un reporte de septiembre, enviado a la plana mayor del fondo, en el que se señala al contratista, Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, de fallar en la entrega de 13 compromisos que hacen parte de la etapa de alistamiento, por lo cual ni siquiera se ha podido iniciar con la estructuración e implementación de la iniciativa.
Según se lee en los documentos, de carácter reservado, la unión temporal no entregó de manera adecuada el diagnóstico socioeconómico de La Mojana, considerado el pilar de todo el proceso. El contratista habría limitado su análisis a la cadena productiva del arroz, omitiendo otras necesidades de la subregión que estaban claramente pactadas en la licitación.
Este medio también conoció que los interventores le reclamaron al contratista por la falta, pero la unión temporal no accedió a las peticiones. “Esta conducta omisiva afecta la utilidad técnica del producto, impide validar escenarios regionales y vulnera el principio de eficacia contractual”, señalaron los encargados de vigilar el cumplimiento.
Por otra parte, pese a que el contrato estableció que se deben realizar cuatro encuentros por municipio (uno urbano y tres rurales), esto para recolectar información que alimentara la estrategia y el diagnóstico socioeconómico, dicha obligación no pudo ser verificada por la falta de trazabilidad territorial. “En cuanto a la caracterización socioeconómica de productores y asociaciones, no se evidenció un documento que cumpla con los estándares de profundidad requeridos, ni con el uso riguroso de fuentes primarias y trabajo de campo, como lo exige el contrato”, se lee en los informes. De hecho, se detalla que el contratista “descartó” para el proyecto a 234 asociaciones que participaron en los encuentros por tener relación con el arroz.
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Por todas estas evidencias, la interventoría incluso planteó una sanción de 26 salarios mínimos al contratista por los incumplimientos. Carlos Carrillo, ahora director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aseguró que las pruebas lo llevaron a bloquear pagos, declarar el incumplimiento y a hacer reportes a control interno disciplinario, pero que, ad portas de tomar las medidas, desde el Gobierno lo sacaron de la gerencia.
En este punto de la historia aparecen los rastros políticos. Tras la salida de Carrillo, sonó como posible gerente Johan Steven Londoño, quien, como lo contó este diario, al final fue nombrado subgerente de proyectos y, durante varios meses, entregó millonarios contratos a fichas de su suegra, la senadora Berenice Bedoya (ASI). Luego llegó a la entidad Katherine Rojas, a quien Carrillo señaló de venir del gobierno de Iván Duque y de intentar destrabar los pagos al contratista cuestionado.
Finalmente, Rojas renunció y el presidente Petro tomó las riendas de la entidad enviando a la gerencia a su mano derecha, Angie Rodríguez, quien en medio de los ruidos por su aparente distanciamiento con el mandatario aseguró que hay una estrategia para sacarla de Palacio y que el Fondo de Adaptación tiene relación porque, a su llegada, encontró varias irregularidades que espera revelar. Como lo anticipó este diario, en las próximas horas se conocería dicho informe.
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A todo esto se suma que fuentes del Fondo de Adaptación le aseguraron a este diario que en el momento de la adjudicación de “La ruta del arroz” llegaron denuncias anónimas que relacionaban a políticos del Caribe y del Partido de la U con el proceso y los contratistas. Las mismas fueron trasladadas a los órganos competentes.
Este no es el único ruido que rodea al contrato, pues en la unión temporal tiene participación la Fundación de Educación Superior San José, la misma que estuvo en el ojo del huracán por haberle entregado un título exprés, sin los requisitos necesarios, a Juliana Guerrero, quien fue asesora del ministro Armando Benedetti y, con ese cartón en cuestión, fue postulada por la Presidencia para ser viceministra de Juventud.
De hecho, uno de los representantes de la unión temporal, que también integran Euonia S.A.S. y la Fundación Colombia de Vida, es Francisco Pareja González, fundador y representante legal de la San José. Pareja es cuestionado por su relación en el pasado con el Partido de La U y con Benedetti, pues de hecho fue su fórmula a la cámara en 2014. Al respecto, el jefe de la cartera política señaló que no tiene un concepto favorable de Pareja, pero que no ve desde hace 10 años. Sin embargo, en 2018 también hicieron alianza para las elecciones.
Este diario consultó al representante legal del contratista, Jorge Zabala, para conocer su versión de la ejecución, quien aseguró que “nosotros somos unos particulares que colaboramos con el Estado, en este caso a través de ese contrato con el Fondo de Adaptación; considero que la instancia idónea para proporcionar información sobre el particular es el Fondo de Adaptación. Ellos son los dueños del proyecto”.
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En el Fondo y en la Casa de Nariño hay preocupación por la recurrente aparición de rastros políticos en la entidad. Además, en las bases del petrismo algunos reconocen que estos enredos y sombras de corrupción se traducen en que el presidente, a ocho meses de dejar el poder, no logró solucionar el problema de Caregato y las inundaciones, implementar soluciones para las poblaciones de La Mojana y menos aún cumplir su promesa de ordenar el territorio alrededor del agua.
Desde la oficina de Angie Rodríguez en la Casa de Nariño y en el mismo Fondo de Adaptación aseguran que en los próximos días se conocerán nuevas informaciones sobre malos manejos e irregularidades en los contratos. Así las cosas, se mantiene activa una alerta roja, ya que, según comentan, lo que está en juego, justo en plenas elecciones, son más de COP 1,12 billones que deberían ser destinados para la atención de unas poblaciones que durante más de 20 años han sufrido el drama de las inundaciones y sus efectos en la salud, la infraestructura civil y la economía.
Angie Rodríguez y su futuro en el Dapre y el Fondo de Adaptación
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Por David Efrén Ortega
