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Tras una reunión entre los gobernadores en la Federación Nacional de Departamentos, varios mandatarios regionales tomaron la decisión de no implementar la medida que tomó la Casa de Nariño para hacer frente a la crisis financiera.
Un nuevo frente de batalla se abrió entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las regiones, esta vez por el decreto de emergencia económica. La normativa, actualmente sujeta a demandas en la Corte Constitucional y asignada al despacho del magistrado Carlos Camargo, generó polémica entre los gobernadores, que se reunieron este jueves.
En esa reunión, en la que estuvieron presentes 17 mandatarios locales, se tomó la decisión unánime de no implementar esa medida económica en los departamentos que allí estaban en la medida de tabacos y licores. Además, se habló de tener una intervención ante el alto tribunal “para que [los] escuche sobre los efectos de las finanzas” y una tutela a nombre propio de cada uno de ellos.
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La Federación Nacional de Departamentos (FND) hará, en esa vía, un documento jurídico para no aplicar el decreto en cada una de las regiones. De acuerdo con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la emergencia económica afectará los ingresos de las regiones, pues “los principales recursos” para sectores como salud, educación y deporte.
“El cigarrillo por efecto del contrabando, qué en muchos casos vienen de grupos ilegales, está redistribuyendo las rentas y eso hace que ni siquiera tengamos recursos para pagar la Adres con el régimen subsidiado”, agregó.
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Mientras ocurría esa reunión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó que se estuviera analizando tomar esa medida. Según dijo, “es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley” y los acusó de estar incurriendo en “prevaricato”.
El ministro afirmó que es la Corte Constitucional la que tiene la función de revisar el decreto y los acusó de “usurpar las funciones” al pedir que no se acate la ley. Y, según agregó, también podrían responder con sus propios patrimonios sobre los impuestos que se pretenden recoger.
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