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El presidente Abelardo de la Espriella firmó la resolución con la que da por terminada la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que dejó el pasado gobierno con una de las disidencias de las Farc, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el Valle del Guamuez (Putumayo). En ella, dio plazo hasta el 30 de septiembre para que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz articule a las entidades competentes para dar cierre a las actuaciones de seguridad, logísticas y jurídicas necesarias.
«Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición de la presente resolución, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, con la participación de las entidades competentes, adoptará un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición, que deberá ejecutarse a más tardar el 30 de septiembre de 2026», se lee en la resolución que toca el proceso con las disidencias de las Farc. A la fecha, no existe un nombramiento para el cargo que antes ocupaba Otty Patiño.
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Es un paso que De la Espriella había venido preparando desde la campaña, en la que erigió duras críticas contra la llamada «paz total» del expresidente Gustavo Petro. En el momento de su posesión, el actual mandatario fue claro en que no adelantaría ningún tipo de diálogo con las estructuras criminales y, por el contrario, ha hecho de uno de sus lemas «o se someten o les [darán] bala», en referencia a la estrategia de seguridad de «mano dura» que ha puesto en curso en el último mes.
Precisamente, la ZUT que se acaba con esta norma viene de un diálogo con la CNEB con la que 99 de sus integrantes comenzarían su tránsito a la vida civil en el marco de la política de «paz total». Para que se llevara a cabo ese plan, el Ejecutivo anterior suspendió las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía Nacional contra integrantes de los Comandos de Frontera (la estructura de la CNEB que opera en Putumayo).
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En todo caso, la misma resolución indica que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) «adelantará las actuaciones necesarias con las entidades competentes, para definir individualmente el ingreso y la continuidad de las personas reconocidas como desmovilizados y acreditados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, mediante la Resolución No. 190 del 12 de junio de 2026, en el proceso de reintegración». También solicita a la Registraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Unidad Nacional de Protección, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a
las autoridades judiciales, a las entidades territoriales y a los demás organismos autónomos adoptar «las medidas respectivas».
«El ingreso de los equipos institucionales a la ZUT -ZOCIUT se realizará previa coordinación con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y con observancia de las medidas de seguridad, protección de datos personales, reserva de la información y demás protocolos operativos vigentes», se lee en la resolución.
En línea con el desmonte de la «paz total» que ha venido ejecutando en lo que va de su gobierno, de De la Espriella también firmó otras dos resoluciones que revocan la designación de los representantes del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el Ejercito de Liberación Nacional (Eln) y en el espacio de conversación sociojurídico con el Clan del Golfo. Ambas mesas estaban suspendidas desde antes.
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Con eso, se sacó oficialmente al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, la exsenadora María José Pizarro, Vera Grabe, José Felix Lafaurie (presidente de Fedegán), María Gaitán Valencia (nieta de Jorge Eliécer Gaitán) y Armando Custodio Wouriyu (uno de los promotores de la Constituyente del expresidente Gustavo Petro) de la política de paz.
Esta es la resolución completa:
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