El Congreso se alista para unos próximos seis meses movidos en materia legislativa. Todavía le queda una elección pendiente —la del nuevo Consejo Nacional Electoral—, pero ya tiene en la mira una abultada lista de proyectos que tendrá que discutir en lo que resta de este año. El gobierno de Abelardo de la Espriella llega no solo con el objetivo de “corregir” la herencia de la administración anterior, sino también de poner en marcha los primeros pasos de su “patria milagro”.
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La semana que siguió a la posesión estuvo marcada por una tragedia nacional que llevó a la declaratoria de la situación de desastre y, de paso, a una emergencia económica. Todo eso obligó al Ejecutivo a centrar su atención en cómo atender la crisis y frenó la actividad legislativa. Solo el jefe de la cartera de Hacienda, Miguel Gómez, pisó el Congreso. Pero ninguno de sus ministros estuvo presente en la elección del nuevo contralor, Jorge Eliécer Laverde, y Rodrigo Lara, el ministro del Interior, aterrizó en Chocó y Risaralda en esos días para coordinar las acciones necesarias.
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Ese pulso por la cabeza del ente de control fiscal suele ser clave para medir las fuerzas del Ejecutivo en su primer mes. Después de la derrota de la Presidencia del Congreso, fue el jefe de la cartera encargada de la política quien anunció que el Gobierno no tomaría partido por ninguno de los candidatos en esta ocasión y dejó la decisión en el Legislativo.
La “luna de miel” de De la Espriella tuvo un inicio accidentado. Ahora, tendrá que reencaminar su relación, especialmente cuando las dos bancadas más grandes —la opositora del Pacto Histórico (69) y la oficialista del Centro Democrático (47)— han demostrado que tienen con qué frenar las decisiones del Ejecutivo. Pero tampoco es menor el número de congresistas con los que cuenta el Palacio de San Carlos, pues ya aseguró a los conservadores, los liberales, La U y a Cambio Radical, que se suman a Creemos y a Salvación Nacional, con número menores, pero decisivos.
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Y toca otra elección clave: la del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues la “aplanadora” que el Gobierno consolide allí reflejará el apoyo que reciba en estos primeros seis meses. El acuerdo es que toda la coalición de gobierno presente una sola plancha para llevarse siete de los nueve puestos que integran la sala plena, mientras que los otros dos serían ocupados por el Pacto Histórico. El Centro Democrático, el Partido de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador y el MIRA entran en ese acuerdo y todos ya están en la fase final de la selección de los candidatos.
El paquete económico
En las manos del ministro de Hacienda, Miguel Gómez —el único que pisó el Congreso en estos días—, residen las acciones más inmediatas en materia legislativa y fiscal. Desde su despacho saldrá el decreto de la emergencia económica y, si bien con la declaratoria de desastre se abre la puerta a la expedición de normativa que permita ampliar el recaudo, ha dicho que no se usará para decretar más impuestos. Pero la preocupación está y el mismo jefe de Estado ha señalado que la situación se desarrolla en el momento con “el más alto nivel de endeudamiento y un presupuesto público absolutamente desfinanciado”.
Y el próximo mes será clave. Gómez espera presentar el 26 de agosto el presupuesto general con correcciones, después de que este fuera devuelto el pasado 13 de agosto por el hueco de COP 30,2 billones. A la reforma tributaria presentada por el exministro Germán Ávila le esperaría un destino similar. En el oficialismo, más allá de la negativa esperada a ese proyecto, se habla de la posibilidad de no agendar la iniciativa y esperar a que se radique el documento nuevo que se conocerá en septiembre, según el mismo jefe de la cartera económica.
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“Yo no creo, sinceramente, que frente a una herencia tan terrible, una herencia como la que nos deja este gobierno, podamos jugar con candela. (...) Quiero terminar pidiéndoles a ustedes que entiendan que el país está necesitando el apoyo de todos, no solo de unos pocos. Todos tenemos que poner una parte del esfuerzo necesario para redireccionar la economía hacia el crecimiento y hacia la estabilidad”, afirmó Gómez desde el Congreso.
De la Espriella dijo en su discurso inaugural que el documento de la tributaria sería para “simplificar” el sistema y su medida más inmediata sería eliminar el impuesto al patrimonio. Todo eso entraría en el documento, que viene después de unas “medidas de ajuste” que evalúa el mismo Gómez por vía administrativa dentro de la misma cartera. En el Congreso habría vía libre para que al menos en los tres proyectos más gruesos del Ejecutivo —presupuesto, tributaria y el plan nacional de desarrollo— tengan el visto bueno. Sobre todo, cuando se ve con buenos ojos la “reducción del Estado” que el mandatario ha tenido como bandera.
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Y sobre ese Capitolio que ve con favorabilidad “corregir” lo ya propuesto por el Gobierno anterior caería, una vez más, la reforma pensional. La magistrada Paola Meneses, la actual ponente del estudio de la demanda, ya tiene listo un proyecto de fallo que solicita que se devuelva, por tercera vez, a la Cámara de Representantes.
El Pacto Histórico reconoce que no tiene los números suficientes para aprobar la versión original del articulado en caso de que eso pasase y desde el oficialismo se ve como una posibilidad de darle la vuelta para que ajuste a la propuesta de “contrarreforma pensional” que había delineado De la Espriella en campaña, que incluye cosas como la devolución de los aportes en caso de no cumplir con los requisitos para pensionarse en el pilar contributivo. Eso le corresponderá a la ministra de Trabajo, Natalia López.
Los cambios en lo político
En el “ajuste” a los proyectos de la administración pasada también entra la Ley de Competencias, que toca las fibras de la “descentralización” que quiere impulsar De la Espriella. Pero está a contrarreloj y, para no incurrir en posibles “vicios” en la implementación, tendría que ser aprobado por Comisiones Primeras y por las plenarias antes de diciembre.
Este documento es necesario para que pueda entrar en vigencia la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) con la que, a partir del 2027, a los entes territoriales llegarán COP 39,5 de cada COP 100 de los ingresos corrientes de la nación. El documento construido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) del gobierno Petro es visto por Lara como “antitécnico” y, bajo su óptica, no cuenta con la participación de los gobernadores.
Desde los entes territoriales rechazaron esa versión inicial al considerar que no se ajustaba al borrador que había presentado la Federación Nacional de Departamentos y señalaron que no definía competencias ni tenía en cuenta la capacidad de los municipios para asumirlas. Sumado a eso, dentro de esa propuesta estaba uno de los apartados de la reforma a la salud que el Congreso le negó dos veces: atar los recursos a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Todo esto indica que los cambios serán de fondo, especialmente si Lara logra construir un acuerdo con los gobernadores para presentarlo.
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Sobre la Casa de la Giralda también estaría otra tarea clave: la de presentar la reforma constitucional para fijar a Barranquilla como la capital alterna de Colombia, con el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana como sedes permanentes. El proyecto fue anunciado por De la Espriella, pero, de acuerdo con congresistas que hablaron con este diario, implicaría un desgaste legislativo, especialmente en un momento de crisis nacional y con las críticas que ya recibió por la inversión —de carácter personal y empresarial— que está destinada a la adecuación de esos espacios.
El enfoque hacia la “mano dura”
Hay otras propuestas que tendrían más urgencia. Entre ellas, la Ley de Orden Público que se presenta cada cuatro años y que, en este caso, cerrará por completo el ciclo de la llamada “paz total”. La muestra fueron los operativos que se desplegaron a nivel nacional en las primeras 48 horas de gobierno, que continúan en curso, y que resultaron en la muerte de alias “Ruso”, jefe de las disidencias de alias “Iván Mordisco”, y de integrantes del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (Eln); así como la incautación de material explosivo en el Meta, Antioquia y Norte de Santander.
El anuncio de la autorización de Colombia a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en “su lucha” contra el narcotráfico, hecho por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, también entró en esa discusión. El presidente del Congreso, Honorio Henríquez (Centro Democrático), dejó claro que para el ingreso de personal militar extranjero “se requiere autorización del Senado de la República”, pues así lo establece la Constitución. Aunque el oficialismo ha expresado su apoyo frente a la iniciativa, el Gobierno tendrá que asegurar los votos en el Legislativo.
Por allí pasa el ingreso de Colombia en el Escudo de las Américas, la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para luchar contra el crimen organizado transnacional y por el que ya se anunció un paquete de USD 1.000 millones. Sus alcances todavía no son claros y ese dinero tendría que dividirse tanto para temas de seguridad como para el desarrollo económico.
Todo esto pasará por veeduría. La bancada opositora del Pacto Histórico ha dicho que se concentrará en el control político, tanto sobre el manejo de los recursos como en la implementación del cambio de enfoque en materia de seguridad. Además, han alertado por una posible “pérdida de soberanía” en medio de las acciones conjuntas con EE. UU., que tendrán que pasar primero por el Congreso.
“La luna de miel no empezó muy bien”, es lo que se dice en los pasillos del Congreso sobre la relación con el nuevo Gobierno. No cayó bien que figuras cercanas al presidente hayan insistido en que los decretos tomarían más fuerza que las leyes, pues le restaría importancia al Capitolio. Varios de sus planes en materia ambiental y energética, como el de implementar el fracking y la reactivación de las obras del Canal del Dique, no tendrían que pasar por el guiño legislativo. Pero parte de ese “plan ABC” que delineó De la Espriella en campaña incluye medidas como la agilización de la consulta previa y el restablecimiento del 100 % en el descuento permitido por la compra de bonos de carbono, que todavía no tienen un plan claro.
La relación del Gobierno con el Congreso comenzará a generarse en firme en las próximas semanas. Las plenarias de la semana pasada fueron aplazadas en medio de la crisis nacional que generó el terremoto y Lara todavía tiene pendiente las reuniones con las bancadas para comenzar a delinear las prioridades del Ejecutivo. Ya se ha dicho que cualquier tipo de negociación tendrá que ser “sobre la mesa” y los partidos están a la espera de esas primeras conversaciones que definirán la “luna de miel”.
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