Otro decreto de emergencia económica sigue siendo una sombra sobre el país en medio de la crisis climática por el frente frío. Con varias pistas sobre cómo se configuraría esta medida, este martes el presidente Gustavo Petro aseguró que haría uso de ella nuevamente si la Corte Constitucional no levantaba la suspensión sobre la que ya está en curso.
“Si la Corte Constitucional, en su ejercicio libre y autónomo, niega nuestra solicitud, la consecuencia inmediata es que tenemos que recortar COP 13 billones; menos dinero para [los gobernadores]. Pero tenemos plan B”, indicó el mandatario en su consejo de ministros.
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Según el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila, se adoptarán medidas para recaudar COP 8 billones. Ese monto se dirigirá a la atención del impacto de las lluvias, especialmente en el departamento de Córdoba, cuyo gobernador, Erasmo Zuleta, estuvo presente en la reunión de altos funcionarios del Gobierno.
“La decisión se adopta en un contexto fiscal complejo, luego de que el Congreso de la República hundiera la Ley de Financiamiento sin permitir un debate de fondo, lo que incrementó la presión fiscal y limitó la capacidad del Gobierno para tomar decisiones oportunas frente a una coyuntura económica”, se lee en un comunicado del Minhacienda. Y también señala que “frente a hechos imprevisibles, como las inundaciones provocadas por el actual frente frío, el Gobierno considera nuevamente indispensable la declaratoria de emergencia económica para movilizar los recursos necesarios y atender a la población afectada”.
Desde varios sectores políticos hablaron de esta medida. En la oposición, el partido Cambio Radical indicó que la emergencia económica suspendida nace como “financiamiento estructural” y hoy es vendida “como salvavidas”: “Mañana dirán que se gastó en la emergencia y quedará el hueco fiscal. ¿Plan o pretexto?”
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La candidata presidencial Vicky Dávila apuntó que la medida busca “asfixiar a empresas y ciudadanos con más impuestos”, lo que “frena el crecimiento, genera desempleo y espanta inversiones”. Incluso, calificó la emergencia económica como “populismo fiscal”.
Desde la Federación Nacional de Departamentos (Fededepartamentos), cuyo presidente es el gobernador Zuleta, propusieron al mandatario usar los saldos no ejecutados de las regalías administradas por la nación para atender la emergencia que ha provocado el frente frío. De acuerdo con los cálculos, estos ascienden a más de COP 6 billones y tocarían las carteras de Ambiente (1,5 billones) y Ciencia, Tecnología e Innovación (4,6 billones).
“Los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que, en virtud de la misma, se busquen alternativas para atenderla. Lo que buscamos es una concertación con los mandatarios territoriales que permita una estrategia de recaudo efectiva, acorde con la propuesta del Gobierno nacional, sin afectar ni violar la autonomía territorial de los ya limitados ingresos de los departamentos”, afirmó Zuleta durante el consejo de ministros.
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En el oficialismo, varios congresistas salieron a respaldar una nueva emergencia económica. La senadora Aída Avella afirmó que se “requiere la colaboración de la Corte Constitucional, [para que] levante la suspensión de la emergencia económica”. En la misma línea estuvo el senador Pedro Flórez, quien señaló que era “necesaria”.
“La magnitud de las inundaciones en el Caribe muestra una afectación gravísima; por eso, y reconociendo las acciones del Gobierno, es imperativo que se permita fortalecer la respuesta del Estado y garantizar una atención rápida y eficaz a las familias damnificadas”, agregó.
El representante Alejandro Ocampo lanzó una pulla a los congresistas que rechazaron la ley de financiamiento del Gobierno y afirmó que tanto esta como la emergencia económica eran importantes para la “ola invernal sin precedentes”. Desde el Partido de la U, el senador Antonio Correa apuntó que sin ese decreto, “el Estado queda amarrado”, y añadió que “la Corte debe dejar las ideologías atrás y pensar en los cordobeses”.
“Sin el decreto, todo queda atrapado en la burocracia mientras el agua sigue subiendo. Cuando la vida está en riesgo, la Constitución ordena actuar, no paralizar al Ejecutivo. El presidente Gustavo Petro está cumpliendo su deber constitucional, respondió a una calamidad pública y actuó para proteger derechos fundamentales. Bloquear el decreto es desarmar al Estado en medio del desastre. La Corte no puede fallar de espaldas al territorio”, aseveró.
Lo cierto es que desde el mismo Ejecutivo ven poco probable que la Corte Constitucional levante la suspensión de la emergencia económica. De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, un nuevo decreto abarcaría 22 departamentos, todos afectados por e frente frío.
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