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Este martes 15 de agosto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara y el ministro de Justicia, Iván Cancino dieron nuevos detalles sobre la ley de sometimiento que quieren consolidar desde el Ejecutivo y sobre la ruta de seguridad que se llevará a cabo en el Gobierno. Además, se trazó el camino a seguir con los grupos criminales que estaban en proceso de desmovilización en el Putumayo.
"Al que se quiera desmovilizar, entregarse y someterse pues se le abre la puerta por supuesto", dijo Lara tras asegurar que siguen trabajando en este proyecto. Y desde el ministerio se dijeron que "el Gobierno nacional en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, presentará un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento para que las organizaciones que expresen su voluntad de desmovilizarse puedan entregar las armas. También presentará ante el Congreso un estatuto antiterrorista con normas especiales para atacar a estas organizaciones, sus rentas criminales y establecer un régimen penitenciario especial para sus cabecillas".
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Por su parte, el ministro Cancino, aseguró que "lo que sucede hoy con las personas que estaban ya con un proyecto [de desmovilización], el Estado ya lo retomó, ya entramos en conversaciones con la Defensoría del Pueblo, con las agencias del Estado, con la Fiscalía y ya empezó ese proceso que esperamos que en las próximas dos semanas sea una primera muestra de la política de sometimiento dentro del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella".
"Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. Lo único que van a poder decir es, me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias. No quiero apresurarme para decir cuáles van a ser las sanciones, ya hay unos marcos internacionales que están, por supuesto que entendemos que tienen que haber un trato diferenciado, pero ese trato diferenciado jamás puede ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación de nada", puntualizó Cancino respecto a las condiciones para la desmovilización de los excombatientes que se encontraban en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT).
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Por otro lado, el ministro Lara entregó un balance sobre la política de "paz total" que se llevó a cabo durante el gobierno de Gustavo Petro. Ante la Comisión legal de Paz y Post- Conflicto, de la Cámara de Representantes, presentó un consolidado de datos recopilados entre diciembre de 2022 y julio 2026.
Según el Ministerio del Interior, "el país pasó de tener 15.120 narcoterroristas en armas a 28.802, una variación de más del 90 %", además, el Clan del Golfo pasó de 4.074 miembros en diciembre de 2022 a 10.268, el Estado Mayor Central pasó de 2.143 a 4.480 miembros y el ELN, de 5.851 a 7.123. Por otro lado, el secuestro pasó de 223 casos en 2022 a 701 en 2025 y la extorsión pasó de 9.791 casos denunciados a 13.417. Por último, aseguraron que las hectáreas de cultivos ilícitos pasaron de 230.000 en 2022 a 261.000. Por su parte, el canciller Omar Bula, quien también estuvo en este debate, aseguró que se mantendrán las relaciones con los organismos multilaterales y que asistirán a la Asamblea General de la ONU.
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