Si hay algo que el presidente Gustavo Petro tiene claro y que con ciertos matices les ha notificado a quienes están en su anillo más cercano, es que faltando menos de dos meses para la primera vuelta presidencial no va a entregar la cabeza de Ricardo Roa Barragán. Y por eso, con el fin de buscar alternativas que permitan esquivar esa caída, mantiene diálogos constantes con un sector de la junta directiva de Ecopetrol.
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La razón de dejar esos puentes abiertos, al menos con quienes aún aplican las directrices de la Casa de Nariño en la estatal petrolera, está en que el equilibrio con el que se mantiene Roa en su cargo es cada vez más frágil. Poco a poco, y con una imputación penal en firme por presunto tráfico de influencias y otra más lista por posible violación de topes electorales, la sostenibilidad del presidente de la empresa se erosionó, lo que llevó al jefe de Estado a potenciar su estrategia de control en dos frentes.
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Por un lado, está el formal, el del contacto directo para esquivar la pérdida de más apoyos en la junta. Eso explica por qué para este 6 de abril se tiene prevista una cita entre algunos de los cuadros directivos de Ecopetrol y el presidente Petro, quien quiere jugar sus cartas más fuertes para garantizar la permanencia de Roa.
El encuentro se agendó en la Casa de Nariño y, salvo ajustes de última hora, acudirán Ángela María Robledo, Carolina Arias Hurtado, Tatiana Roa Avendaño, Hildebrando Vélez y Alberto Merlano Alcocer. Este es el bloque que mantiene a la ficha de Petro como líder de la empresa. Y aunque también han esbozado “peros” con la continuidad de Roa Barragán, se espera que acudan César Loza y Juan Gonzalo Castaño.
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Estos dos últimos nombres han sido objeto de análisis en Palacio para determinar hasta qué punto pueden ser movidos hacia los intereses oficialistas. Loza es el representante de los trabajadores en la junta de Ecopetrol y tiene el aval de la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato del sector. Hace menos de dos meses le agradeció públicamente al presidente Petro la “voluntad del Gobierno” para que se abriera el espacio que ahora ocupa, lo que en este momento contrasta con las peticiones para que Roa Barragán salga de la petrolera.
Y Castaño, autor de un informe técnico que le sirvió al jefe de Estado para oponerse a continuar con el negocio de fracking que tiene la estatal en Estados Unidos y cuyo arribo a la junta de Ecopetrol la impulsó el propio mandatario, terminó pidiendo la caída del presidente de la firma. Eso hace que su presencia en la cita palaciega sea clave, porque hay interés de determinar el fondo de sus argumentos para pasar al grupo contrario a los intereses del Gobierno; incluso, de manera extraoficial, ya que fuentes directas de estos entornos no lo corroboraron ni lo desmintieron, se ha escuchado que desde la campaña de Iván Cepeda lo han buscado.
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Los otros dos miembros de la junta que no asistirían son Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee, quienes completan el bloque de cuatro votos fijos que piden la salida de Roa Barragán. Este grupo, y es parte de lo que le remarcarán al presidente Petro quienes sí irán a la cita en Palacio, es el que advirtió en al menos los dos últimos encuentros de la junta directiva que el riesgo reputacional y financiero con la continuidad del alfil del jefe de Estado puede derivar en sanciones administrativas y penales.
En efecto, a través de constancias escritas, según estableció El Espectador, los cuatro miembros que piden la salida de Roa —Loza, Castaño, Henao y Rodríguez— dejaron claro que los lineamientos normativos de la Ley 222 de 1995 (que reguló en el Código de Comercio el concepto de responsabilidad “solidaria e ilimitadamente” de quienes administran vía junta alguna empresa) y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) generan riesgos administrativos y penales derivados de los efectos de la continuidad del presidente de la firma que promueve Petro.
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De acuerdo con fuentes que conocen las intimidades de esas movidas, tanto en Ecopetrol como en la Casa de Nariño, el hecho de que la firma cotice en la bolsa de Nueva York y sea comandada por un imputado penalmente con más investigaciones encima pone en riesgo la continuidad de la empresa en ese mercado; e internamente eso derivaría en otra crisis por la que quienes no tomen medidas —se han expresado las figuras de “omisión” o “inacción”— podrían responder en tribunales nacionales. El patrimonio personal entraría en ese radar.
Todo esto se estaba debatiendo en la reunión del pasado 30 de marzo cuando se dio un diálogo entre la Casa de Nariño y el grupo petrista de la junta, el cual derivó en el levantamiento de la cita y la confirmación de que habrá reunión con el presidente Petro para analizar toda esta situación. Algunas voces advirtieron que ese mensaje planteando el aplazamiento de una decisión de fondo llegó a través de Robledo.
Ella, quien preside la junta directiva de Ecopetrol, juega el otro papel clave junto a Arias, Roa Avendaño, Vélez y Merlano Alcocer. La primera, Robledo, fue fórmula vicepresidencial de Petro en 2018 y está afianzada políticamente en el proyecto progresista. Y los dos últimos no solo trabajan con el actual jefe de Estado hace varios años, sino que tienen cercanía con círculos familiares de un mandatario que no está dispuesto a que decisiones judiciales afecten su estrategia política de cambiar de fondo el modelo de país que rige en Colombia; de hecho, como lo reveló este fin de semana este diario, ese es el fin último del relato constituyente que promueve el oficialismo en época electoral.
Vélez es padre de la ministra (e) Irene Vélez y uno de los principales operadores políticos de Colombia Humana y el Pacto Histórico; y de la izquierda en general. Merlano Alcocer, por su parte, es familiar de la primera Dama, Verónica Alcocer, quien junto al presidente Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el primogénito del mandatario, Nicolás Petro, está incluida en la llamada lista Clinton.
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Para este bloque es determinante que no se dé la caída de Roa Barragán y por eso mantienen la postura ideológica de Petro frente al manejo de la empresa, que tiene resultados girando hacia lo negativo. De hecho, sostienen la tesis de que aún no hay riesgo de que la Ofac, que es la oficina “gringa” que controla la inclusión de personas sospechosas en esa lista Clinton, tome acciones por cuenta de lo que pasa con Ecopetrol; además, de acuerdo con fuentes de Palacio, tienen contacto directo con el área jurídica del Gobierno para darle argumentos jurídicos a sus planteamientos.
“¿Cuál es el afán de esa decisión ad portas de las elecciones presidenciales? Mostrar una cabeza que no han podido tener en cuatro años de Gobierno”, dijo hace poco el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien en su momento estuvo en la baraja para llegar a Ecopetrol con el guiño del presidente Petro y que ahora defiende la postura política en torno a la permanencia de Roa Barragán.
Una puntada más con la que se enhebran los hilos políticos que refuerza el presidente Petro para no cambiar el rumbo de Ecopetrol, pese a todas las alertas, incluyendo algunas internacionales de afines a su tendencia ideológica, está en el pasado de Roa Barragán y cómo aterriza en la campaña presidencial de 2022. En efecto, el ahora líder de la estatal gerenció financieramente la coalición política que llevó al mandatario al poder, afianzando los lazos que se comenzaron a tejer desde la Alcaldía de Bogotá.
Petro lo llevó por su hoja de vida a la ETB, pero también por sus conexiones con grandes grupos económicos, como el que lideraba antes de su fallecimiento William Vélez o, entre otros, el de la organización Ardila Lülle, ya que le permitía al líder de izquierda tener puentes con el empresariado tradicional. De hecho, Roa Barragán fue varios años miembro de Andesco; allí estuvo hasta 2003, cuando pasó a la Electrificadora de Santander.
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Ahí aparece el nexo político con antiguos integrantes de lo que en su momento fue Convergencia Ciudadana o Partido de Integración Nacional (PIN), movimientos asentados en los santanderes que terminaron con varios miembros condenados por parapolítica. En esa región se habla de cómo Óscar Reyes, Alfonso Riaño o José Vicente Villamizar le han ayudado políticamente al actual presidente de Ecopetrol, algo que él mismo se ha encargado de negar o matizar. Pero de esas extintas colectividades hicieron parte algunos exM-19, lo que facilitó que se abrieran estas relaciones.
En todo este encuadre de posturas políticas, intentos de reelegir a la izquierda por cuatro años más en la Casa de Nariño y la necesidad de impulsar una constituyente para saltar lo que el presidente Petro llamó “bloque institucional”, que no es otra cosa —recuerda la misma institucionalidad— que la independencia constitucional de los pesos y contrapesos, es el que rodea la insistencia de sostener a Roa. Su pareja, Carlos Julián Caicedo, ayuda en esa tarea en lo público y en lo judicial, en la que cuenta con otros aliados como Natalia Córdoba, hija de la fallecida Piedad Córdoba y expareja de Johny Giraldo, testigo contra la cabeza de Ecopetrol.
“Quieren sacar a Roa solo porque en un mes terminan 20 billones en contratos de petróleo y gas y los contratistas son los amigos de los candidatos de la derecha. Hasta proceso penal metieron. La junta directiva de Ecopetrol lo que debe es lograr las condiciones de mayor transparencia posible para las licitaciones y los trabajadores de Ecopetrol deben organizar cooperativas de trabajadores despedidos y actuales para ganar esos contratos”, dijo hace poco Petro, llevando todo el escándalo judicial que salpica a su ficha en la estatal a un plano electoral.
El nombre de Danilo Romero, compadre del jefe de Estado, aparece en este escenario por el despliegue que ha tenido en el negocio de los hidrocarburos y la situación con Venezuela; es, además, esposo de Catalina Plata, amiga personal de Verónica Alcocer y contratista del Gobierno. Estados Unidos, la Ofac y la Fiscalía colombiana averiguan por versiones que tocan a la primera de estas personas.
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Lo cierto, en medio de este engranaje político con visos electorales para mantener el control de Ecopetrol, es que la cita de este 6 de abril puede ser crucial para el futuro de Roa Barragán y para la continuidad de la estrategia de Petro. Algunos les plantearon a los dos la figura de la “licencia”, para esquivar la caída, pero garantizar “un paso al costado decoroso”. La decisión final, con las implicaciones administrativas y penales que están rondando, la tiene solo el jefe de Estado.
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