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“Y entonces sí había que hablar del modelo económico: fue un error no hacerlo”. Con esas palabras, el presidente Gustavo Petro cerró esta semana desde Medellín una polémica intervención que fue leída como un ataque al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc. En esas declaraciones, el mandatario refirió dicho pacto como un documento que corresponde más a un país de unas décadas atrás, pero no al de la actualidad.
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“Cuando uno estudia el acuerdo final al que llegaron, si uno quisiera ponerlo como una ilusión realizada, qué sería la sociedad colombiana si todos los puntos allí escritos se volvieran realidad, ese ejercicio nos daría una sociedad rural, un romanticismo. No está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, saber, universidad; no está escrita la palabra industrialización. Pareciera que fuera un mundo romántico de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural que ya no somos indudablemente”, sostuvo.
En esa misma intervención, Petro abrió la posibilidad de transformar lo pactado: “incluso hay una instancia creada en ese mismo acuerdo que posibilita su transformación que a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo ya de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con un grupo”.
La instancia a la que se refiere el presidente es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz, conocida como la CSIVI. Manuela Marín, exguerrillera de las Farc y hoy integrante del Partido Comunes, es una de las tres delegadas de los ex – Farc a esa comisión donde se sientan con tres delegados del Gobierno. “Él es consciente – como lo es todo el Gobierno y todo conocedor del Acuerdo de Paz – que la posibilidad de hacer cualquier tipo de transformación, que esperamos siempre sea para mejorar, pasa por una decisión que debe ser construida y consultada por ambas partes”, le dijo Marín a este diario sobre las declaraciones del mandatario.
Pero precisó: “Nosotros en la CSIVI no hemos recibido ningún tipo de propuesta de parte del Gobierno Nacional frente a ninguna adecuación para ampliar la cobertura del acuerdo”. Dijo que pronto esa instancia debe sesionar y allí esperan una aclaración sobre si se trataba de una propuesta del mandatario o una posibilidad que estaba abriendo.
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La representante del hoy Partido Comunes discrepó de la visión del presidente sobre el acuerdo. Según dijo, ese pacto fue producto de una negociación en la que ambas partes tenían líneas rojas y en la que se llegó al mejor acuerdo posible a partir de eso. “Lo que se acordó finalmente sí sienta las bases para esas transformaciones profundas y debemos reconocer que el Acuerdo de Paz no es solo el punto uno, sino que son seis que son de carácter integral y que buscan romper el circuito perpetuo de la guerra”.
En la misma semana, el último máximo comandante de las FARC y firmante del Acuerdo de Paz con el Gobierno, Rodrigo Londoño “Timochenko”, publicó en su cuenta de Twitter un llamado urgente al presidente Petro: “La implementación del Acuerdo de Paz corre grave peligro”, escribió, a propósito del episodio del desplazamiento forzado del antiguo espacio de reincorporación de Mesetas (Meta).
Y denunció: “Presidente, desde el inicio de su gobierno estamos esperado que usted nos reciba para exponerle nuestros puntos de vista sobre la implementación del Acuerdo de Paz, nuestras inquietudes y propuestas. Es urgente que atienda a la alta parte contratante del Acuerdo”.
Los hechos de esta semana se suman a varios tropiezos que han denunciado personas cercanas a la implementación de ese acuerdo negociado en La Habana. Uno de ellos, la debilidad de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, que este Gobierno creó para esa tarea en reemplazo de la antigua Consejería para la Estabilización, y en la que puso al frente a la defensora de derechos humanos Gloria Cuartas.
El decreto 2647 de 2022, que reestructuró el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), determinó que esa unidad estaría adscrita y subordinada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como una dependencia más de carácter asesor que de ejecución y con funciones orientadas más al seguimiento y la articulación.
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En su momento, el senador Humberto de la Calle, antiguo jefe negociador del Gobierno con las extintas Farc, alertó: “Las funciones que este decreto le otorga a Gloria Cuartas son lamentables. Pasamos de una Consejería que tenía entre sus funciones más de 20 responsabilidades específicas asociadas a la implementación del Acuerdo de Paz en temas clave como la articulación de las 54 entidades, coordinar la hoja de ruta de cada PDET, impulsar la reincorporación con la ARN, liderar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad, entre muchas otros, a una Unidad para la Implementación del Acuerdo Final debilitada, con siete escuetas tareas amarradas únicamente a hacer seguimiento”.
En el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo se estableció que la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que está a la cabeza de ejecutar los PDET y la sustitución de cultivos de coca, pasaría del Dapre al Ministerio de la Igualdad, en una movida que aún no es clara en cómo eso impactaría la implementación de esos compromisos del Acuerdo de Paz.
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Ahora bien, en ese mismo proyecto del PND también quedó explícito que las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad serán acogidas e implementadas por las entidades sobre las que recaen.
También hay que decir que el 24 de noviembre de 2022, en el primer aniversario de la firma de ese pacto que coincidió con Petro en el Gobierno, la imagen contrastó con lo que habían sido las últimas conmemoraciones de aniversarios de la firma. En los últimos cuatro años, había sido inusual ver a algún funcionario de alto nivel del Gobierno Nacional conmemorando el hecho, mientras que ese día asistieron al Teatro Colón por lo menos cuatro ministros, la directora de la unidad de implementación, entre otros funcionarios de primer nivel, en un evento en el que “relanzaron” el Acuerdo de paz, seis años después de la firma.
Pero, además, casi dos meses antes, el 2 de octubre, el Gobierno Nacional había relanzado dos instancias claves para la implementación de dicho Acuerdo: la CSIVI y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que durante la era Duque poco se convocaron y aún menos fueron tenidas en cuenta. Dicho relanzamiento fue aplaudido y reconocido incluso por los exmiembros de las Farc y la comunidad internacional.
Sin embargo, con estas nuevas declaraciones el presidente volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la importancia real que tiene para este Gobierno la implementación de ese acuerdo, mientras se concentra en otros diálogos, como los del ELN, las dos facciones de disidencias de las FARC o las AGC o Clan del Golfo, en su política de paz total.
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