“La auditoría forense al gobierno de Gustavo Petro no se detiene”: Presidencia

Según Soto, desde Prosperidad Social se está haciendo una revisión a fondo -abriendo cuentas, revisando contratos y siguiendo la ruta del dinero público- luego de que se detectara que, según sus investigaciones, hay cerca de COP 1 billón en fiducias, convenios y otros instrumentos que deben aclararse o legalizarse.

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“La revisión técnica también expuso más de 900 contratos de prestación de servicios sin necesidad verificada —concentrados en plena campaña electoral—, donaciones del primer semestre de 2026 sin beneficiarios finales claros y nombramientos cuyos requisitos legales están bajo investigación”, puntualizó Soto.

Además, aseguró que todo lo que se encuentre tras este proceso y que tenga “incidencia fiscal, disciplinaria o penal será entregado a las autoridades competentes para que los responsables respondan y asuman las consecuencias”.

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“Contratos de altos montos cuya ejecución se concentró durante la campaña presidencial. Donaciones realizadas en el primer semestre de 2026, sin suficiente claridad sobre sus beneficiarios finales y nombramientos cuyos requisitos legales se están investigando. Contrataron, entregaron donaciones, dejaron recursos en fideicomiso y multiplicaron contratos. Si bien esta investigación está en etapa de verificación y será respetado el debido proceso, este gobierno no va a encubrir, no va a minimizar y no va a engavetar una sola alerta de corrupción”, precisó el vocero.

Por otro lado, también se refirió al fenómeno de El Niño y a las afectaciones en el sector agropecuario derivadas de esta situación, por las que el Gobierno está tomando acciones.

“A través del Ministerio de Agricultura y Agrosavia, se puso en marcha el programa Forrajes Milagro para producir heno y silos en las zonas más afectadas, asegurando alimento para el ganado”, dijo Soto. Y agregó: “Asimismo, mediante Finagro se habilitó la financiación del Combo Milagro de Riego —que incluye pozos profundos, motobombas sumergibles, paneles solares y sistemas de distribución de agua— con plazos de hasta diez años, periodos de gracia, tasas subsidiadas y un incentivo a la capitalización rural de hasta el 30 %, garantizando que los campesinos y productores cuenten con el respaldo del Estado para seguir trabajando y produciendo la tierra”.

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