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El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, tiene escasos meses para definir qué empresa quedará encargada de realizar los pasaportes de los colombianos, un tiempo que ya genera preocupaciones, pues el actual contrato que tiene Thomas Greg & Sons vence en octubre; la nueva licitación que debía adjudicarse en menos de un mes está aún suspendida por las más de 550 quejas por revisar, y las empresas señalan que si no se entrega el contrato con prontitud los tiempos de empalme, de tenerse nuevo operador, serían reducidos y hasta imposibles de cumplirse.
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Lo claro es que este 28 de marzo, el gobierno del presidente Gustavo Petro le cerró la puerta definitivamente a la licitación por $600.000 millones que inició y declaró desierta el canciller suspendido Álvaro Leyva, la misma que luego fue adjudicada a Thomas Greg por José Antonio Salazar, lo que le costó su puesto en la Secretaría General y la calificación del jefe de Estado de “traidor”.
Según la Cancillería, las tres resoluciones que expidió Salazar para tumbar las determinaciones de Leyva y otorgar el contrato fueron revocadas al haber sido “emitidas por fuera de todo marco legal”, opinión que no comparte el exsecretario, que insiste en que el rumbo que está tomando el Gobierno terminará en un detrimento patrimonial y que la Constitución y la Ley de Contratación están por encima de las opiniones políticas y el concepto que tiene Petro sobre Thomas Greg, firma que realiza las libretas desde hace casi dos décadas y que ha sido cuestionada por el presidente.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado las denuncias correspondientes para que se investigue la presunta comisión de delitos asociados a la expedición de dichos actos administrativos”, completó el Ministerio de Exteriores en su comunicado.
En contexto: Gobierno tumbó resoluciones que favorecieron a Thomas Greg en licitación de pasaportes.
Mientras avanzan las denuncias que presentaron la Cancillería y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en contra de Salazar, así como la demanda de Thomas Greg contra el Estado por una presunta violación a la ley al no habérsele adjudicado el contrato, Murillo debe poner a andar la nueva licitación, en la cual las quejas y observaciones giran en torno a un presunto favorecimiento a las empresas colombianas. Voces cercanas al ministerio han mencionado que se ve con muy buenos ojos a la Imprenta Nacional, que actualmente está imprimiendo el periódico oficial del Gobierno.
El jueves 25 de abril era la fecha en que, de acuerdo con el cronograma inicial, se adjudicaría el contrato de $416.000 millones. Ahora, todo indicaría que esta fecha cambiará, pues faltan por resolverse las inquietudes, publicar el pliego de condiciones definitivo, recibir las ofertas finales, estudiarlas y entregar el proceso antes de octubre. Algunas de las firmas interesadas dicen que de ganarse el contrato habría bajo margen de maniobra para recibirle la operación a Thomas y empezar a elaborar los pasaportes.
Precisamente, una de las principales quejas en la licitación pasada era el tiempo de implementación (dos meses), que según los participantes solo podía cumplir Thomas al manejar el negocio desde años atrás y conocer la logística y contar con los insumos.
Para esta oportunidad, como se lee en el anexo número 16 del contrato publicado en la plataforma Secop, “Tiempo de implementación”, el futuro contratista tendría hasta cinco meses, a partir de la adjudicación, para poner en marcha toda la operación. Si esto se cumple a cabalidad, el proceso debe adjudicarse a más tardar en mayo.
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El año pasado, la incertidumbre frente al primer contrato de $600.000 millones, que se declaró desierto en septiembre para garantizar la igualdad de participación, le causó a la Cancillería ser blanco de señalamientos de una posible interrupción en la elaboración de las libretas en el país, la suspensión de Leyva por orden de la Procuraduría y la apertura de varios frentes judiciales en los que debe determinarse si hubo o no irregularidades y si el Estado debe indemnizar al actual contratista.
Hasta ahora, la única entidad en la mira es la Cancillería, pero algunas figuras políticas, entre esas Salazar, señalan que la Agencia de Defensa Jurídica debería revisarse, pues ha dado conceptos sobre el caso sin tener aún un director nombrado oficialmente y su exdirectora Martha Lucía Zamora aún persiste en que la conciliación entre Thomas y el Estado era la mejor y menos costosa salida.
Adicionalmente, está por resolverse qué pasará en el caso de los $30 millones que pagó el canciller suspendido Leyva a una fuente que le prometió información sobre Thomas Greg y que luego habría terminado extorsionándolo. También de dónde finalmente salieron los recursos.
Por lo pronto, los colombianos tienen seguros los pasaportes hasta octubre, cuando finaliza el contrato directo que se le entregó a Thomas bajo la figura de urgencia manifiesta, por lo que Murillo deberá resolver la nueva licitación con prontitud.
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