Nuevas dudas rondan el nuevo esquema de pasaportes que comenzará a regir este año, tras una alerta emitida por la Contraloría, advirtiendo sobre los posibles riesgos financieros que rodean el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal. Desde el gobierno del presidente Gustavo Petro ya respondieron.
El mismo mandatario aseguró, a través de su cuenta de X, que el nuevo modelo dará a Colombia “un pasaporte que es el cuarto mejor del mundo”. Y se fue más allá, pues aseguró que “está listo”.
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Su trino fue directamente en respuesta al comunicado emitido por el ente que encabeza Carlos Hernán Rodríguez, en el que se detallan los resultados de un “análisis documental de los contratos suscritos tanto para la prestación del servicio bajo el modelo actual, como para el que se pretende implementar”. En él, se habla de un “riesgo inminente de afectación negativa al patrimonio público”.
De acuerdo con la Contraloría, “la falta de estimación completa de costos, posible incremento operativo y riesgo cambiario” que acompañan al nuevo modelo y que podrían “afectar las fuentes de financiación e impactar la disponibilidad de recursos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE)”. Entre los riesgos que contempla, señala que “no se establece garantía para el suministro de pasaportes en caso de requerirse cantidades adicionales a las mínimas pactadas” y los posibles golpes que generará una “valoración de los documentos en euros” por el cambio.
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“La falta de estimación de los costos mencionados, previa a la suscripción del convenio de cooperación internacional, evidencia debilidades en la estructuración del proyecto, al no contar con un modelo financiero completo que calcule los costos de producción, transporte y/u otros conceptos de los documentos oficiales. Si el valor final llega a superar lo previsto, sería necesario incrementar el presupuesto asignado, lo que implicaría evaluar la fuente de recursos para cubrir la diferencia”, se lee en el documento.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rosa Villavicencio no se ha dado una respuesta directa sobre las advertencias. Sin embargo, este viernes se emitió un comunicado en el que confirmó la terminación de un contrato tecnológico con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), cuyo objeto era la “prestación de servicios para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información - fase I SITAC, para la optimización de trámites internos y externos”.
“Durante la ejecución del contrato se presentaron vicisitudes que impidieron la ejecución de la totalidad de las obligaciones contractuales, lo cual obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a iniciar un proceso sancionatorio contractual en el mes de agosto del año 2025 con miras a conminar al cumplimiento de las mismas; así como poner en conocimiento de la Contraloría General de la República posibles irregularidades dadas en la planeación del contrato”, subrayó la Cancillería en ese documento.
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¿Qué se sabe sobre el nuevo esquema de pasaportes?
No han sido pocas las polémicas que han tocado al nuevo modelo de las libretas, y por ahí ha pasado la salida de dos cancilleres: Álvaro Leyva —suspendido por la Procuraduría y hoy un enemigo del “Gobierno del cambio”— y Laura Sarabia, quien renunció al cargo en medio de los choques con el entonces jefe de despacho, Alfredo Saade. Actualmente, el convenio está demandado por el órgano que encabeza Gregorio Eljach y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el que está estudiando ese caso.
Según el Ministerio Público, no hay recursos para ejecutar el convenio y, en la firma de ese contrato, no se habría cumplido a cabalidad la ley de contratación con organismos internacionales: “Se verificó que los aportes de la Imprensa - Casa da Moeda de Portugal solo correspondían al 21% del valor total del convenio, por lo que no se cumplía el requisito legal de financiación mínima del 50 %”.
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“Se omitió adelantar un proceso competitivo, desconociéndose los principios de selección objetiva, transparencia, libre concurrencia e igualdad”, determinó el Ministerio Público. Y agregó que la Imprenta Nacional “no contaba con la capacidad técnica y operativa” para ejecutar el contrato.
Frente a eso, la misma canciller ha respondido. En su momento, aseguró que estarán presto para “demostrar la legalidad de los procesos llevados a cabo”. Incluso, se señaló que “a la fecha, no existe ningún fallo en contra de la Cancillería colombiana que imposibilite seguir adelante con el proceso de producción de nuevos pasaportes” y que “adelantan, sin contratiempos, todos los actos que fueron objeto del convenio interadministrativo”.
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