Paz total: Gobierno desmontó todas las mesas de diálogo y cuestionó gastos millonarios

Es así como en los últimos días firmó decenas de resoluciones en las que clausuró las mesas de diálogo y retiró las vocerías de integrantes de grupos armados y las designaciones de funcionarios en los espacios. Este viernes, en un mensaje publicado en sus redes sociales, De la Espriella señaló que lo que hizo fue cumplir su palabra y criticó el gasto de COP 7.000 millones en los pagos a negociadores. Según su visión, esto se dio mientras “las organizaciones criminales se fortalecían, desafiaban al Estado y seguían golpeando a los colombianos y a nuestra Fuerza Pública”.

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“Eso se acabó. En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad. El mensaje es inequívoco: sometimiento a la justicia o enfrentar toda la fuerza legítima de la República. La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia, no arrodillando al Estado ante los criminales”, agregó el mandatario en su mensaje.

De acuerdo con la Presidencia, las medidas suscritas abarcan los casos del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Lo mismo pasará con los espacios sociojurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y las estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. 

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A todo esto se suma que el gobierno le puso fin a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que dejó el pasado gobierno con una de las disidencias de las Farc, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el Valle del Guamuez (Putumayo). La medida emitida durante la noche del pasado 9 de septiembre da plazo hasta final de este mismo mes para que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz articule a las entidades competentes para dar cierre a las actuaciones de seguridad, logísticas y jurídicas necesarias.

La apuesta se complementa con la firma de decenas de extradiciones, punto que el presidente ha calificado como uno de sus “favoritos” en la gestión desde la Casa de Nariño. Así mismo, entre sus directrices está la de volver a la senda de la fumigación de los cultivos ilícitos, para lo cual las autoridades ya preparan pilotos en algunas regiones del país. El gobierno defiende esta movida señalando que se utilizará un químico menos nocivo que el glifosato.

Todo esto se da en el marco del acercamiento con Estados Unidos, que ha pedido al presidente y su equipo resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico. Precisamente, este fue el tema central de la charla que sostuvo esta semana el mandatario colombiano con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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