Ya hay vía para desclasificación de archivos del DAS: esto dice decreto firmado por Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, muestra un documento de desclasificación de los archivos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado hacia los integrantes del Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

A lo largo de 11 páginas el gobierno de Gustavo Petro definió un paso a paso para la desclasificación y levantamiento de la reserva de los archivos, documentos y datos del fondo documental del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy en poder del Archivo General de la Nación (AGN). El decreto, conocido en su integridad por El Espectador y firmado el pasado viernes en un acto público, detalla que son 57.425 cajas de documentos.

La primera pista de cómo será este trabajo está en el primer artículo, que señala que se deben realizar “procesos archivísticos que permitan garantizar la conservación, preservación, acceso y consulta a la información, así como la anonimización y verificación de que no constituyen una amenaza contra la vigencia del régimen democrático, la seguridad, o defensa nacional”. Será la Procuraduría de Gregorio Eljach la encargada de vigilar “el proceso de custodia, consulta y depuración de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia”.

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El AGN tendrá la tarea de darle una “máxima publicidad” a todos esos archivos y por ellos entrará a digitalizar esos documentos, manteniendo los originales y las copias físicas inalteradas para su protección, para pasarlo a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en cabeza de Jorge Lemus. Y esta última asumirá la anonimización de esa información para luego devolverlo al AGN, que generará la “versión digital de consulta”.

“Los archivos, documentos y datos del Fondo Documental del Extinto D.A.S en custodia del AGN se pondrán a disposición de la ciudadanía en versión digital de consulta pública, una vez se haya surtido el procedimiento descrito en el artículo 4 del presente Decreto, garantizando el derecho a la autodeterminación informativa, con las excepciones que establece la normatividad y jurisprudencia vigente”, se lee en el decreto.

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Allí también se explicita que se hará un “plan de trabajo que incluya protocolos, cronograma, presupuesto, etapas de intervención archivística y procesos de anonimización” entre la DNI y el AGN. Y sus avances tendrán que hacerse públicos: en pocas palabras, al menos una vez cada seis meses desde la entrada en vigencia de ese decreto, se deberá poner a disposición de la ciudadanía los archivos que ya hayan pasado por este proceso.

¿De dónde vendrá el dinero? De acuerdo con el documento, la financiación vendrá del presupuesto con los recursos asignados al AGN y la DNI. En todo caso, se podrá contar con “recursos por donaciones, cooperación internacional y sector privado, bajo acuerdos específicos. Todo con sujeción al Marco Fiscal de Mediano Plazo y al Marco de Gasto del Mediano Plazo”.

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Como ya lo había contado este medio, se trata de una cantidad de papeles suficientes para cubrir toda Bogotá de oriente a occidente y todo eso tendrá que estudiar el AGN para su posterior liberación. Son 44.554 cajas de temas administrativos y 12.871 de temas reservados, que comprenden 114.364 metros lineales, de acuerdo con un primer diagnóstico hecho por orden de la JEP en 2023. A eso se suman, 3.219 medios electrónicos y analógicos de administrativos, junto con 44.610 medios reservados.

Lo cierto es que, al ser tantos documentos, lo que se viene es un largo trecho antes de que esos papeles puedan ver la luz. No es menor que el mandatario haya mostrado un interés desde el inicio de su administración para liberar esos archivos y desde hace algunos meses estuviera preparando la vía.

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