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Ad portas del inicio de un nuevo ciclo electoral en Colombia el debate sobre la financiación de campañas, reposición de votos y anticipos estatales se ha vuelto a agitar. Todo parte por los ruidos que generaron los reportes de algunos candidatos que aspiraron a la Presidencia y que ganó Abelardo de la Espriella. La controversia ya toca nuevamente los pasillos del Congreso al que se le pide un ajuste concreto sobre estos caso y en el que ya marcha un proyecto que quiere modificar uno de estos ítems.
Esta misma semana la controversia surgió por los reportes que se presentaron en la candidatura de Sondra Macollins Garvin, a quien se le aprobó un anticipo de recursos de COP 4.500 millones. Sin embargo, su caso no fue el único. Una semana antes de las elecciones del 31 de mayo el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio luz verde al giro de recursos bajo este concepto a los entonces candidatos Sergio Fajardo (COP 4.067), Claudia López (COP 4.000), Santiago Botero (COP 4.500), Mauricio Lizcano (COP 4.500) y la ya mencionada Macollins.
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De ellos, tan solo Fajardo superó el umbral que establece la ley de 4 % y que le habilita para optar por la reposición de votos. Sin embargo, aunque los otros cuatro excandidatos no superaron esa barrera que se situó alrededor de los 950.000 votos válidos, ellos no tendrán que devolver los recursos que dispusieron para su campaña. Esto se debe a que estarían cobijaos al artículo 22 de la Ley 1475 en la que se regulan las campañas presidenciales y que excluye a los aspirantes por la Casa de Nariño de tener que devolver los dineros de anticipos del Estado, así no hayan superado los mínimos electorales.
Este panorama abrió nuevamente el debate sobre los recursos que el Estado dispone para esas candidaturas. Y es que varios sectores políticos han asegurado que se ha usado esa excepción de la norma para acceder a recursos públicos. Eso sí, la misma Ley deja claro que se debe cumplir con los requisitos de soporte ante el Consejo Electoral para quedar exento de la devolución de dinero. De no hacerlo, el candidato sí tendría que devolver esos dineros.
Sobre ese caso, el representante Julio César Triana (Cambio Radical), aseguró que "es absolutamente necesario revisar y eliminar esta excepción. No es razonable que, mientras para que el resto de elecciones exista la obligación de reintegrar los anticipos cuando no se cumplen las condiciones legales, las campañas presidenciales cuenten con un tratamiento diferenciado que puede comprometer importantes recursos del erario". El congresista remarcó que "la financiación estatal debe garantizar la participación democrática, pero también la responsabilidad fiscal, la transparencia y la protección del patrimonio público. Los recursos de los colombianos no pueden quedar exentos de mecanismos efectivos de recuperación y control".
Y bajo esa misma línea se pronunció el senador de Centro Democrático, Hernán Cadavid, al resaltar que "los recientes casos conocidos sobre la reposición de gastos de campaña confirman que vamos por el camino correcto al proponer eliminarla en las consultas interpartidistas". El senador uribista es autor de uno de los proyectos que toca la financiación de campañas y que ya avanza en sus primeros pasos en el Legislativos.
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Y sobre la controversia, la excandidata Macollins insistió que su campaña "presentó sus informes ante el Consejo Nacional Electoral, La ley establece las reglas para el gasto del anticipo y lo usé conforme a las normas electorales". De otro lado, Botero dijo que los recursos para financiar su intención presidencial salieron de su bolsillo. Ni Claudia López ni Mauricio Lizcano se han pronunciado al respecto.
¿Qué propone sobre la financiación de campañas?
La iniciativa del congresista uribista busca eliminar la reposición de votos en consultas internas e interpartidistas. “La iniciativa quiere evitar que los recursos de los colombianos sean utilizados para financiar los resultados electorales de mecanismos internos de los partidos y movimientos políticos”.
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Al momento de la presentación del proyecto estimó que no se puede "seguir utilizando recursos de todos los colombianos para financiar consultas políticas. En un país con tantas necesidades, cada peso del presupuesto público debe ser utilizado con responsabilidad y priorizando el bienestar de los ciudadanos”. Eso sí, el senador agregó que "el proyecto no busca limitar la realización de consultas ni la participación política. Los partidos y movimientos podrán continuar utilizando estos mecanismos para escoger sus candidatos o tomar decisiones internas, pero sin que el Estado tenga que asumir el costo de cada voto obtenido".
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ML(11374)•11 de octubre de 2026 – 12:49Eso es una sinverguenzura, debe acabarse, otro negocio mas para corruptos.
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antonio(7747)•11 de octubre de 2026 – 12:38Que buen negocio se volvió ser candidato/ta.. Con la plata que recibieron no tienen que trabajar estos 4 años y para las próximas elecciones vuelve y juega. Son como las UTL del congreso, cada congresista tiene derecho a 10 personas y a cada una le cobran un porcentaje del salario por nombrarlas. En suecia los congresistas no tiene secretarios, ni vehículos blindados, ni guarda espaldas. Van a trabakar en bicicleta. Pero en colombia la política es el mejor negocio.
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Brayan Tibocha(jbw8b)•11 de octubre de 2026 – 12:28Se peda se robó demasiado dinero por reposición de votos. Ese latrocinio hay que pararlo, cortarlo de raíz. No más robos de la izquierda, asesina, genocida secuestradora, criminal, genocida y corrupta contra el pueblo colombiano.
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Eduardo(4745)•11 de octubre de 2026 – 12:27Las elecciones son la validación de la corrupción del Consejo Nacional Electoral y la reposición de votos la pagamos todos los contribuyentes, a pesar que muchos candidatos tienen recursos de sus grupos de apoyo (Empresas privadas, gremios, narcotraficantes, israelies, gobiernos extranjeros USA, senadores republicanos, Trump, mafias politicas etc.) y a pesar de recibir esos grandes, cuantiosos y oscuros recursos, se chupan los recursos públicos con esta reposición, dicen que es un buen negocio